Muy buen día a todas y a todos, gracias por el espacio, en estos minutos trataré de argumentar la importancia de vivir los valores democráticos y de la educación cívica y el trabajo de las autoridades electorales locales en esta agenda.
Para ello voy a contar dos historias, la primera, la de Manuel, un niño que acompañó a su papá a votar mientras él participaba en las consultas infantiles, luego fueron a su escuela con una elección escolar, después estudió derecho, lo invitaron a ser capacitador electoral, y luego miembro del servicio profesional electoral y se ha convertido en un funcionario público ejemplar, además de un ciudadano promotor de la participación ciudadana.
La otra historia es la de Víctor, un joven que víctima de la desigualdad, en una sociedad carente de tejido social cayó en las drogas y luego en un anexo, la vida comunitaria lo descartó pero alguien sí lo reclutó y se convirtió en asesino a los 17 años y después él mismo asesinado en la plaza pública.
A Manuel la vida comunitaria y el privilegio de un robusto tejido social lo acompañó durante años, a Víctor la crisis de la vida en comunidad, de los valores democráticos, y la desigualdad no le dio otra oportunidad.
Estas dos historias, dramáticas pero reales, Manuel y Víctor existen y ejemplifican la importancia de vivir en comunidad, rescatar los valores democráticos y promover la educación cívica.
Para ello, el Estado mexicano ha optado por atender la educación cívica en dos vías, desde los programas educativos y desde las autoridades electorales locales. El primer camino está diluido y con poca eficiencia: en la reforma educativa del 93 se integró la materia formación cívica y ética pero se redujeron las horas de clase y se mezclaron contenidos con valores personales, lo que diluyó el aprendizaje cívico. Después en la reforma 2022 con la Nueva Escuela Mexicana (2022–2023), la materia Formación Cívica y Ética desapareció como asignatura independiente.
La segunda apuesta del estado mexicano por la educación cívica son las autoridades electorales locales, la Constitución les faculta como las principales instituciones para su promoción y así lo hemos hecho en los últimos años. En Jalisco, por ejemplo, hemos publicado más de 116 publicaciones para reflexionar sobre la democracia, más de 8 millones de personas han usado nuestras urnas electrónicas en ejercicios de educación cívica, hemos alcanzado el 100% de centros de educación media y superior y hemos llegado a las escuelas primarias con contenidos sobre educación cívica y valores.
Pero estos proyectos y programas necesitan más impulso en todo el país, porque según el Barómetro de Confianza de Edelman, en México, el 40% de personas aprueba el activismo hostil para impulsar el cambio. Entre las acciones de activismo hostil que aprueban son atacar personas en internet (22%), difundir desinformación intencionalmente (22%), amenazar o cometer actos de violencia (20%) y dañar propiedad pública o privada (25%). Parafraseando a Shakespeare, algo huele mal en nuestra sociedad.
Este caldo de cultivo junto con los efectos negativos del algoritmo se traduce en polarización, desconfianza interpersonal, liderazgos desleales con la democracia, intolerancia, tendencia a la baja en participación electoral, poco respeto a las ideas diferentes, casos de violencia digital, donde particularmente las mujeres sufren más que los hombres o en casos sumamente radicales como jóvenes asesinando alcaldes.
Ante esto, ese mismo informe de Edelman, ofrece una salida que el estado mexicano debe considerar con urgencia: se debe fomentar el civismo en todas las esferas de la sociedad. La ciudadanía exige instituciones que luchen contra las divisiones y reparen el tejido social. Ahí las instituciones electorales locales surgen como un bien público que no debe perderse.
Hay que decirlo claro: sin autoridades electorales locales todos perdemos, no habría instituciones obligadas a hacer libros o revistas sobre democracia, talleres con niños y niñas, campañas de valores democráticos o de empoderamiento ciudadano. Sin los trabajos de educación cívica de las instituciones electorales crecen más las posibilidades de ciudadanos que apoyen formas de activismo hostil, mayor polarización y más violencia digital y todo esto se debe iniciar a combatir desde las infancias, la preparación de futuros ciudadanos; ahí también las instituciones electorales son irremplazables en ejercicios como elecciones escolares o programas de pedagogía cívica. Sin estas autoridades se pierden recursos que abonen a reconstruir el tejido social resquebrajado.
Frenar la ola de violencias y generar más historias como las de Manuel, o las de cientos de ciudadanas y ciudadanos que han provocado cambios positivos en la sociedad como el movimiento feminista en nuestro país, nuevos partidos u otros movimientos como el ambiental, pasa por la educación cívica, por ello es fundamental preservar a las autoridades electorales y su experiencia, pero, si se opta por algún cambio, en todo caso que sea para fortalecerlas con autonomía presupuestal, partidas constitucionales para la educación cívica, ampliar derechos políticos de infancias y adolescencias o incluir una mínima infraestructura cívica legal para combatir la desinformación.
Ojalá que el posible proyecto de reforma electoral ponga en el centro todos los mecanismos necesarios para garantizar una educación cívica de calidad, valorando y salvaguardando el trabajo, experiencia y buenas prácticas de las autoridades electorales locales; la sociedad mexicana y la esperanza de un mejor futuro nos lo reclaman.
