El primer recuerdo que tengo de Andy Burnham, quien será el próximo primer ministro del Reino Unido (RU) en julio, es su abierta oposición durante el covid a Boris Johnson, entonces primer ministro. Este se había tomado la pandemia de una forma desparpajada, caótica e irresponsable, a tal grado que él mismo cayó víctima del virus. Tal actitud se reflejó en la forma como su gobierno manejó el confinamiento, la salud pública y los escándalos de corrupción asociados con la compra de equipos de salud.
En Mánchester el virus fue recalcitrante, en parte debido a órdenes que cambiaban de día en día contradiciéndose mutuamente. La situación llegó a su límite revelando el repudio de la población ante la sede del poder desgajada del país. En ese momento Burnham adquirió visibilidad social cuando públicamente criticó la falta de conexión entre Westminster y el resto del reino. La tan hablada “nivelación” que Johnson prometió se revelaba pura retórica ante el desastre de la epidemia.
Burnham enfrentó al gobierno exigiendo autonomía frente a la ignorancia de Londres frente a una realidad que lo rebasaba. Ante las cámaras de los noticieros más importantes Burnham rebatió las medidas tomadas de una forma autoritaria, ignorante de las condiciones locales. Y optó por seguir sus propias pautas demostrando la viabilidad de una mayor autonomía local. Entonces Burnham no sólo hablaba en nombre de Mánchester, sino de cada ciudad y condado disminuidos por el neoliberalismo del gobierno de Margaret Thatcher, dejados atrás por el desmantelamiento de las industrias locales y la transformación de la economía en servicios, especialmente financieros.
La carrera política de Burnham tiene altas y bajas. Ha trabajado con todos los líderes contemporáneos del laborismo, lo cual le ha ganado cierta reputación de acomodaticio. Ha sido diputado, secretario de Cultura en el gobierno presidido por Tony Blair, secretario de Salud en el gobierno de Gordon Brown, candidato para ser líder del Partido Laborista, puesto que ganó Ed Miliband. Burnham aspiró al liderazgo nuevamente pero fue derrotado por Jeremy Corbyn. Esto lo decidió a postularse como alcalde de Mánchester, puesto en el que adquirió el capital político y el reconocimiento de los electores que serían clave en las recientes elecciones en Makerfield.
De creerse ciertos testimonios es un hombre que evita el conflicto, aunque su enfrentamiento con Johnson afirma lo contrario. La crisis del gobierno presidido por Keir Starmer lo decidió a regresar a Westminster después de triunfar en las elecciones de Makerfield. El camino hacia el número 10 de Downing Street parece allanado. Starmer ha aceptado su impopularidad y renunciado a ser líder del laborismo y primer ministro. La sexta cabeza en rodar durante la década Brexit. Burnham será el séptimo primer ministro del RU. Cabe preguntarse quién es este hombre que ha transitado entre tres gobiernos laboristas de signo político diverso.
Lo que Londres le escatimó, Mánchester se lo ha dado.
“Mánchester —dijo— no es un escalón en mi carrera”.
El legado de un sistema de transporte renovado, eficiente, accesible y ecológico deberá implementarse nacionalmente. Confirma que la injerencia del gobierno local es positiva. Para lograr el cambio hace falta un mundo compartido. Desde los ochenta, en Mánchester se cultivó la confianza de los inversionistas y el desarrollo de la localidad. Burnham tiene méritos que encontraron un terreno fértil sembrado de dificultades producidas por 30 años de abandono al que se sumaron plagas, la austeridad desde el gobierno de Cameron, Brexit, Corbyn como líder del laborismo y el cinismo desencantado del electorado.
La gestión de Burnham en Mánchester sucede en un momento en el que la devolución de poderes ya es fundamental en el camino hacia una nivelación nacional. Burnham lo vio con claridad y actuó. Pero además de su triunfo con la reforma del transporte colectivo en Mánchester, Burnham tiene una serie de promesas súbitas cuyos detalles se dejan para luego.
“Lo que es bueno para Londres también lo es para nosotros”.
Con esa declaración Burnham dio voz a una exigencia que ya no se contendría. Si la devolución de poderes significa autonomía, Burnham decidió aprovecharla.
Hay cuentas pendientes. Por ejemplo la tragedia en la Mánchester Arena y el desempeño de la policía que dista de ser aceptable, dos temas que mellan la reputación de Burnham.
Como sus antecesores recientes, Burnham promete el cambio. Parte sustancial se concreta mediante un concepto que inquieta a los empresarios: nacionalización de los bienes naturales, esenciales para el sostenimiento de la sociedad. Los recursos naturales deben beneficiar el interés público, no el privado. El agua, la energía (electricidad, gas, petróleo), el transporte y la vivienda son prioritarios. La aspiración a que el Estado tenga mayor participación y responsabilidad hace fundamental la elección del ministro de Economía y su designación hará evidente hasta qué punto Burnham habla en serio. Para ello la elección del ministro de Finanzas es decisiva. Ed Miliband es un candidato que haría posible el proyecto, pero según los inversionistas es un hombre casado con el grado cero ecológico que les pone los pelos de punta. La manera de controlar relativamente el mercado, arguyen, es que haya intereses privados eficientes e innovadores. Desde su perspectiva, la burocracia es una rémora. Miliband además es una figura polémica. Sharon Graham, líder del sindicato Unite, lo considera un “lazo el cuello” por su declarado interés ecológico. En cambio Andrea Egan, del sindicato Unison, lo apoya.
Wes Streeting, ex ministro de Salud, es otro aspirante a ocupar el segundo puesto en el nuevo gabinete. Streeting favorecería lo que llama un “capitalismo progresista”, la desregulación en energía y el acercamiento a la Unión Europea (UE).
Hay otros aspirantes para este puesto y para formar el futuro gabinete que debe estar listo inmediatamente. Es previsible que compañeras de viaje como Lucy Powell, Lou Haigh y Anneliese Midgley, que contribuyeron a su éxito en Makerfield, así como John Hailey, quien renunciara al gobierno de Starmer como secretario de Defensa, la propia Rachel Reeves, actual canciller y David Miliband, el hermano de Ed, sean algunos nombres que se considerarán.
Hasta el momento el modelo híbrido que desplaza la responsabilidad del gobierno en favor de la iniciativa privada ha sido un fiasco y parte de la ingobernabilidad del RU se debe a la frustración de grandes sectores sociales cuyas necesidades son desatendidas. El agua, la salud y la vivienda son ejemplos evidentes de ineptitud e inequidad. Al estar en manos de empresarios, los servicios públicos se vuelven caros porque deben reportar ganancias para los inversionistas, lo cual, se argumenta, aumenta la inflación. Al quitar de la ecuación a los accionistas se evita el incremento del costo. Un programa establecido al margen de los vaivenes de la política implica la corporación pública liberada de los presupuestos coyunturales.
Nacionalizar los bienes públicos no es tarea sencilla. En primer lugar debe considerarse el costo en un país cuya deuda asciende a 137 billones de libras y también la resistencia de los empresarios. Durante los próximos tres años, si el jaripeo en Downing Street no lo tumba antes, Burnham podría solucionar el problema del agua que, en manos de una compañía privada, enfrenta graves problemas de contaminación y abasto.
Los objetivos que se propone el próximo gobierno dependerán de condiciones externas, pero también del compromiso de un gobierno que recupere el rumbo laborista y sea coherente con un plan nacional estratégico con objetivos y tareas establecidos. El desarrollo económico, que se convirtió en el objetivo principal del gobierno de Starmer, no debe ser la meta sino el resultado de acciones concertadas, capaces de unificar cada nivel de la administración en torno de metas concretas con estímulos fiscales adecuados que fomenten la inversión.
La tarea que Burnham enfrenta no es poca cosa. Debe pacificar el reino, unificar el aparato de Estado, continuar con la reparación del sistema nacional de salud, sentar las bases para restablecer la gestión pública gravemente erosionada y garantizar la continuidad de los esfuerzos para reparar la catástrofe que Brexit significa en términos de contracción económica y pérdida de influencia internacional. Pero reorganizar el Estado y las finanzas contra la herencia de 40 años de neoliberalismo exige un proyecto ambicioso, una ruta crítica coherente y el lujo que esquiva a los premieres británicos desde hace una década: tiempo.
