El 20 de junio, cuando Yvette Cooper todavía era ministra de gobernación, unas personas penetraron sigilosamente evadiendo vigilancia en una base aérea. Al amparo de la oscuridad los merodeadores se dirigieron en patines eléctricos hacia las naves. Se trataba del grupo Acción Palestina.
Consigo llevaban un aerosol color rojo con el que parecían proponerse trazar un grafiti. Cualquiera habría imaginado un mensaje en la pared de un hangar, pero ese no era su objetivo. Lo que deseaban era pintar una nave y el color elegido simbolizaba la violencia de la guerra, el rojo de una carnicería realizada sistemáticamente cada día desde hacía dos años, una venganza desmesurada que perseguía eliminar a un pueblo entero. El tiempo transcurrido y la representación cotidiana del exterminio no habían logrado normalizar la tragedia. Por eso quienes sacaron de sus mochilas los aerosoles querían pintar las naves, embarrar su prístino metal con el símbolo de la sangre.
No era la primera vez que los militantes pro palestinos querían llamar la atención sobre el genocidio en Gaza. Recurrían a esta medida porque sus manifestaciones anteriores parecían suceder en una dimensión desconocida, donde no tenían los resultados que se proponían lograr. Querían sacudir a las autoridades y al público, forzarlos a reconocer lo que veían diariamente en los medios informativos. El shock podía des automatizar las reacciones para ejercer presión sobre la monstruosidad de la fingida solidaridad con las víctimas sacrificadas por atreverse a procurar comida en un escenario de hambruna manufacturada. Según el grupo, era necesario emprender acciones más drásticas. Quizá se inspiraban en las sufragistas que a fines del siglo XIX, cansadas de limitar su lucha a la prensa decidieron ganar la calle y sembrar el caos. Sólo así prestarían atención los políticos, pero también el ciudadano de a pie. No era suficiente escribir artículos ni predicar entre las convertidas, sino que necesitaban conmover una sociedad indiferente.
Las sufragistas salieron a estrellar escaparates, a repartir volantes, a conmover a una sociedad hostil. Una de ellas perdió la vida cuando se arrojó en las carreras ante un caballo a todo galope. Quienes defienden y apoyan al pueblo palestino quizá hayan encontrado en las primeras sufragistas inspiración: si la meta es el reconocimiento que idealmente precede a la acción legítima, en este caso detener la masacre de la población palestina, es imprescindible agitar.
Yvette Cooper opina distinto. Para ella burlar la vigilancia de una base aérea y rociar con spray rojo una nave es un acto terrorista que ha convertido Action for Palestine en un grupo ilegal cuya manifestación pública está prohibida. Según Keir Starmer, el primer ministro, sus acciones son vandalismo.
La reacción no se ha hecho esperar: maestros, retirados, amas de casa, estudiantes, profesionistas de todo tipo, clérigos, ciudadanos intachables se unen a las manifestaciones contra la masacre en Palestina para dejar claro al gobierno de Keir Starmer que rechazan su intento de condenar el apoyo a las víctimas.
‘No soy terrorista’, dice una maestra retirada a la que llevan en andas. Tampoco lo es la hija de un sobreviviente del holocausto.
En cada manifestación los ancianos son arrestados y llevados a cuestas. Siguiendo su ejemplo nadie opone resistencia, pero para llevárselos es necesario cargarlos lo cual dilata el trabajo de los policías. Es la resistencia pasiva que ejemplificó Gandhi y que ha producido más de 2 mil arrestos en lo que varios críticos perciben como un ataque a la democracia.
El corolario de esta censura define que en el Reino Unido (RU) protestar ya no es un derecho, sino que depende del capricho del grupo en el poder. Sin embargo, la mayoría de la gente en el RU (y en Europa) está convencida de que el gobierno de Netanyahu es culpable de crímenes de guerra contra la humanidad, de perpetrar un genocidio cuyo propósito es la limpieza étnica y apropiarse de un territorio que desde hace años invade mediante colonos que no han dudado en ejercer la máxima violencia para realizar sus despojos. La mayoría también exige la prohibición de ventas de armas a Israel y el juicio contra Netanyahu y sus funcionarios que aún ahora aspiran al exterminio de los palestinos.
El reciente ataque contra una sinagoga en Manchester exige salvaguardar a los ciudadanos judíos y combatir el antisemitismo, pero usar ese ataque para silenciar una protesta legítima ante la catástrofe moral del Estado israelí es pervertir la justicia. Sobre todo es traicionar a los judíos que dentro y fuera de Israel protestan contra un régimen que no los representa. Ellos también han sido acusados de antisemitismo en una campaña metódica para borrar la diferencia entre un gobierno bajo el poder de la ortodoxia tribal prehistórica y los judíos que rechazan ser cómplices de la tragedia. Es paradójico que el gobierno de Starmer condene a quienes protestan contra el genocidio en Gaza y en cambio apoye mediante la venta de armas a los asesinos, sobrevuele Gaza y permita que los aviones israelíes y norteamericanos carguen combustible en el RU. La defensa de Palestina contribuye a la división de Europa entre quienes no pueden ser cómplices de la masacre y los gobiernos que desean evitar más fricciones con el factor naranja. Pero incluso países como Alemania, cuya responsabilidad por el holocausto la obliga a una solidaridad contra viento y marea, no puede ignorar la atrocidad del gobierno israelí.
La prohibición de manifestarse contra el genocidio en Gaza y de juzgar en una corte internacional a Netanyahu por crímenes de guerra (aparte de los que enfrenta desde antes de la guerra por corrupción) forma parte de una cadena de equívocos del gobierno de Starmer cuyo conjunto cuestiona el sentido de su gestión y atenta contra lo que el laborismo es. Primero el recorte de presupuesto para los menos favorecidos está en línea con la austeridad de triste memoria de los conservadores, luego su lamentable discurso contra la inmigración y la pluralidad cultural del RU que, según él, pronto sería una tierra de extraños. Ahora la manipulación del concepto “terrorista” para aplicarlo a las víctimas y sus defensores en lugar de señalar a los perpetradores de la peor catástrofe humanitaria del siglo XXI. De facto, tales posturas atentan contra la razón de ser del Partido Laborista.
Confundir la protesta contra el actual gobierno israelí como antisemita es ser antisemita. Acallar la crítica contra el gobierno de Netanyahu es privar a los ciudadanos israelíes del derecho de disentir y a demarcarse de un gobierno que, afirman, no los representa. La protesta contra Netanyahu y su círculo de ortodoxos prehistóricos no se dirige contra la población judía dentro del RU ni fuera. La prohibición contra manifestarse a favor de Palestina forma parte de una tendencia a coartar la libertad de expresión que forma parte sustancial de los derechos de los ciudadanos. El Partido Laborista debe su existencia a la lucha por obtener esos derechos. Presionado por la extrema derecha y por la izquierda desgajada del partido, durante el primer año de gobierno Starmer ha cometido errores tácticos que se reflejan en su impopularidad. La censura y la condena a la ilegalidad de Action for Palestine es la cereza que corona el pastel de torpezas políticas y es una que no desaparecerá mientras el estado israelí continúe su labor exterminadora. Tal pareciera que el gobierno laborista trata de eliminar precisamente los valores que lo hicieron posible. ¿Corresponderá a un abogado de derechos humanos ser el instrumento para cancelarlos?
