Un voto vale un voto. Sea rico o pobre, hombre o mujer, joven o viejo, sabio o iletrado. La Constitución y las leyes electorales consagran el derecho a que el voto del ciudadano sea respetado. Por ello doy por sentado que el voto del gobernador Alfredo Del Mazo vale como el de cualquier ciudadano. Sin embargo, cabría preguntarse por qué tanta expectativa y presión para que el mandatario mexiquense actúe con mayor determinación en la contienda electoral. Como si el gobernador influyera de manera decisiva en los 12.5 millones de electores mexiquenses. Suena ilógico que Del Mazo llevara de la mano a millones de electores para cruzar la boleta en favor de su causa.
Sectores de la clase política y de la comentocracia reprocharon que varios gobernadores priistas no se hayan comprometido en los pasados procesos electorales del 2021. Les increparon que no se comprometieron y dejaron ganar a Morena. Son los casos de Claudia Pavlovich, ex gobernadora de Sonora y actual Cónsul en Barcelona. Caso similar de Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, hoy embajador en España. Ambos fueron expulsados por Alito del PRI. En esa línea están los ex gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad y Alejandro Murat, de Oaxaca. Es absurdo pensar que los gobernadores, por sí mismos, pudieron incidir en la intención del voto de la ciudadanía. El reproche, real, se centró en que no echaron andar ni apoyaron la maquinaria electoral con fondos, logística y cobertura gubernamental. Los comentócratas dan esta explicación como la razón principal del fracaso priista, es decir, “gobernadores entregaron la plaza”.
Dicho enfoque tiene un nefasto defecto doble. Siguen pensando que el ciudadano es un menor de edad, susceptible de manipulación extrema. La clase política no quiere admitir la politización de la población cada vez es mayor de la sociedad. Segundo lugar, reconoce el accionar de maquinarias políticas, financiadas con recursos públicos, echadas andar y sostenidas por los gobernadores.
La intervención de funcionarios públicos en procesos electorales son acciones ilícitas y penadas por la ley. La fiscalía electoral establece que ningún funcionario público puede coaccionar o amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición; que destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición.
¿A cuántos servidores públicos vamos a quemar en leña verde en este proceso electoral?
Bernardo Barranco
