Si bien el robo de combustibles, desafortunadamente, no es un tema nuevo, en fechas recientes, con el despunte de la violencia generada en la zona hoy conocida como la "Franja del Huachicol", este tópico se ha posicionado como uno de los primordiales en la agenda de seguridad estatal y federal.
Como consecuencia del enfrentamiento ocurrido en la población de Palmarito, el ejecutivo federal ha convocado a instancias como Pemex, Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Energía, Secretaría de la Defensa Nacional y Marina de México; con el objetivo de idear las estrategias para impedir el robo de hidrocarburos y romper con el ciclo "extracción-transportación-comercialización".
Esto implicará a su vez, el reforzamiento en las acciones de inteligencia, así como el incremento en los procedimientos de seguridad que permitan focalizar los grupos delictivos que colaboran en contubernio con autoridades locales y la implementación de acciones de carácter social en el área afectada.
En ese sentido, es fundamental actuar para dar la atención inmediata a las problemáticas que influyen en la proliferación de estas prácticas, así como la concientización acerca de los riesgos que corren estas comunidades al realizar dichas prácticas.
Por otra parte, se estima que la pérdida económica consecuencia del robo de combustibles asciende a 20 mil millones de pesos y representa un detrimento considerable en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entre otras consecuencias económicas.
Al respecto, es importante destacar que la capacidad que se tenga para hacer frente a este conflicto será trascendental en los esfuerzos de nuestro país por atraer inversión extranjera hacia la industria energética, la cual se encuentra en un proceso de transición tras las reformas promulgadas durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
Por último, otro factor que es imprescindible tener presente es el de la intervención de las fuerzas militares en el conflicto y el impacto de iniciativas de ley como la de Seguridad Interior. Éstas pretenden establecer un fundamento jurídico que contemple la actuación de las fuerzas castrenses en temas de orden civil, cuestión que debe ser atendida con la mayor cautela si se considera que en las poblaciones en las que se sustraen los combustibles se ven involucradas mujeres, niños y otros grupos vulnerables.
