El 12 de febrero pasado, en un ejercicio histórico de colaboración entre poderes, se dio un paso decisivo hacia una reforma que renueve al Poder Judicial de la Federación, con pleno respeto a su independencia y autonomía. La propuesta fue elaborada al interior del Poder Judicial y el Presidente de la República la suscribió como iniciativa, sin modificación alguna; el proyecto fue entregado a miembros del Senado de la República, que acudieron a recibirlo a la Suprema Corte, todo lo cual abona a la fortaleza de nuestro estado constitucional y democrático de derecho.
La reforma que proponemos tiene, como primer eje, fortalecer el rol de la Suprema Corte como tribunal constitucional. Para ello, se plantea una verdadera revolución de la jurisprudencia, avanzando a un sistema de precedentes en el que las consideraciones de las sentencias de la Corte, aprobadas por una mayoría calificada, sean obligatorias sin necesidad de reiteración, a fin de que su labor interpretativa enmarque la labor de todos los órganos jurisdiccionales del país.
Asimismo, atendiendo a la añeja demanda de desahogar la carga de trabajo de la Corte, para permitir que se concentre en la emisión de sentencias de alta calidad que resuelvan los problemas jurídicos más relevantes para la sociedad, se propone reformar las reglas de procedencia de la controversia constitucional y del amparo directo en revisión, para que solo conozca de aquellos asuntos que entrañen violaciones directas a la Constitución y los que revistan un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
En materia de combate a la corrupción y al nepotismo, se elevan a rango de ley las políticas de adscripciones que en el último año han dado excelentes resultados en la desarticulación de redes familiares; se reforma el procedimiento de responsabilidades administrativas para garantizar la efectiva investigación y sanción de los servidores públicos que cometan actos de corrupción; se otorgan al Consejo de la Judicatura facultades para dictar medidas cautelares; se establece claramente como causa de responsabilidad el influir en el nombramiento de algún familiar y se prevé que queden sin efecto los nombramientos otorgados en violación a esta prohibición.
Para consolidar el desarrollo de una verdadera carrera judicial y transformar el perfil de los juzgadores federales, se contempla expedir una ley que reglamente un servicio profesional de carrera. Una nueva Escuela Federal de Formación Judicial será la encargada de llevar a cabo concursos de oposición para todos los cargos de la función jurisdiccional; será una institución académica seria, moderna, de excelencia, en sintonía con los avances de la ciencia jurídica, cuya misión principal será la de formar jueces con sensibilidad social y pensamiento crítico, que sepan emplear herramientas argumentativas sofisticadas, para dar soluciones sencillas, claras y justas, a los casos complejos que se les presenten.
Para dar acceso a la justicia a aquellas personas que históricamente han estado privadas de ella, buscamos transformar a los defensores públicos en verdaderos abogados del pueblo, que brinden una defensa técnica, sensible y de calidad a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. La Escuela Judicial capacitará a los defensores y realizará los concursos para el ingreso y promoción a la carrera en la defensoría. Además, se ampliarán los servicios de representación y asesoría que hoy brinda en materia penal y laboral, a la materia de amparo familiar y a otras materias que permitan acercar la justicia a la gente.
De manera transversal a toda la propuesta, se plasma el compromiso del Poder Judicial con perspectiva de género y la paridad, para corregir las desigualdades que hasta ahora han impedido a las mujeres participar plenamente en los escalones más altos de la carrera judicial. Ello pasa por proveerles de ambientes laborales seguros, libres de acoso y hostigamiento, así como por el establecimiento de medidas positivas a su favor en todas las determinaciones relevantes para su desarrollo profesional.
Nuestra propuesta está orientada a obtener resultados tangibles en la calidad de la justicia que impartimos. Está ahora en manos del Poder Legislativo enriquecerla, mejorarla y, en su caso, corregirla en la misma dirección: la de una sociedad más justa e igualitaria, en la que los jueces y las juezas tengan la sensibilidad y el arrojo para proteger los derechos de todas las personas, sin importar las consecuencias ni las circunstancias.
