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Domingo , 21.04.2019 / 02:06 Hoy

Los derechos hoy

La defensa de los olvidados

Arturo Zaldívar

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El derecho a una defensa adecuada es uno de los pilares fundamentales del estado de derecho. Su garantía es indispensable para salvaguardar el principio de presunción de inocencia y, en general, para legitimar el poder punitivo del Estado. Sin una defensa adecuada, los procesos no pueden ser justos ni equitativos ni, en consecuencia, las víctimas pueden ser realmente resarcidas. El acceso de todas las personas a una defensa de calidad es condición necesaria para la igualdad procesal, pero además, en un contexto social en el que la persecución penal afecta desproporcionadamente a las personas más vulnerables, la defensoría pública se erige como una herramienta fundamental para hacer realidad el principio de igualdad ante la ley.

En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado. De igual manera, nuestra Constitución establece el derecho a una defensa adecuada por abogado y, en su caso, a la designación de un defensor público, así como el derecho de los indígenas ser asistidos por traductores, intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Pero sobre todo, nuestra Constitución ordena, a nivel federal y local, la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población, lo que implica que más allá de que toda persona deba contar con un defensor, la Constitución prevé que el Estado preste un servicio integral de defensoría, con la capacidad institucional de garantizar en forma efectiva el derecho humano a una defensa adecuada.

La defensoría pública es, pues, una institución de vital importancia, sin la cual el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, en condiciones de igualdad para todas las personas, resulta una quimera; y por ello, su fortalecimiento es prioritario si se quiere hacer de la justicia, una realidad en la vida de toda la población.

La defensoría pública acerca la justicia a los más desprotegidos, a los más vulnerables, a los olvidados, y en tal sentido, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, obliga a asegurar que dicho órgano cuente con los recursos institucionales que le permitan cumplir a cabalidad su misión.

El Instituto Federal de Defensoría Pública, cuyos antecedentes como parte del Poder Judicial de la Federación se remontan a hace casi 100 años, cumple la función de brindar asesoría jurídica, defensa y representación a las personas más vulnerables: a las de menores ingresos, a indígenas, a personas con discapacidad. La labor que realiza es primordial en la consolidación del sistema de justicia penal acusatorio y el servicio social que presta, de enorme relevancia. Por estas razones, ha sido una prioridad de mi Presidencia al frente del Consejo de la Judicatura Federal conformar un servicio público de defensoría eficiente, que preste un mejor servicio, a partir de una nueva filosofía.

Como parte de esta política, se creó la línea de defensa gratuita Defensatel y se implementó un sistema de citas. De igual manera, se estableció la obligación de brindar atención preferente a personas con discapacidad y se creó la unidad de litigio estratégico, cuya finalidad es identificar los casos relevantes que ameriten ser atraídos, con la finalidad de que la propia unidad lleve a cabo la defensa, con miras a generar criterios jurídicos novedosos y de vanguardia en la protección de derechos humanos, con el apoyo de un cuerpo de peritos que permita brindar la mejor defensa posible.

Desde la defensoría pública no solo puede garantizarse el derecho a una representación jurídica adecuada, sino que puede transformarse el derecho y prueba de ello es el reciente caso de una mujer que fue desvinculada de un proceso penal, gracias al planteamiento de una defensora pública en el sentido de que el caso debía considerarse desde una perspectiva de género.

Los defensores públicos son, muchas veces, la última esperanza de quienes están al borde de perderlo todo; la última esperanza de aquellos a quienes la sociedad ha excluido y dejado fuera. Debemos asegurar que la defensa y asesoría que brinden sea de la máxima calidad, pues solo así tendremos la certeza de que el sistema de justicia cumple sus fines constitucionales y no solo castiga la pobreza.

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