El pasado mes se instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, de la que tengo el honor de formar parte. Ahora comienza una etapa decisiva: el recorrido nacional de audiencias públicas que se llevará a cabo de septiembre a diciembre en las 32 entidades federativas. No será un formalismo, sino un ejercicio vivo de escucha ciudadana, en plazas públicas, universidades y auditorios, donde la democracia se pone en movimiento para dialogar consigo misma.
Las reglas electorales no pueden escribirse entre pocos, ni decidirse a puerta cerrada. La democracia no se robustece con imposiciones, sino con la participación de la gente. La Comisión no parte de un guion predeterminado ni de un proyecto ya escrito. El mandato es claro: abrir los espacios y la discusión para que todas las voces encuentren lugar en la construcción de las nuevas reglas de nuestra convivencia democrática.
Este esfuerzo tendrá una dimensión verdaderamente nacional. Se organizará al menos una audiencia en cada estado de la República, con el fin de recoger propuestas de la ciudadanía en toda su diversidad: organizaciones sociales y civiles, pueblos originarios, mexicanas y mexicanos en el extranjero, especialistas, académicos, autoridades electorales y, por supuesto, cualquier persona que quiera hacerse escuchar. Asimismo, cualquier opinión será bienvenida a través del micrositio de la Comisión, donde se publicarán las críticas, ideas y planteamientos que se reciban.
La Comisión también celebrará audiencias con organizaciones políticas y sociales, encuentros con especialistas y debates públicos. Cada foro será una oportunidad para contrastar visiones, compartir diagnósticos y plantear soluciones. No se trata de recitar discursos vacíos, sino de crear un espacio genuino de deliberación democrática en el que la pluralidad sea reconocida y respetada.
Los temas en discusión son amplios y fundamentales: libertades políticas, representación del pueblo, sistema de partidos, financiamiento, fiscalización, efectividad del sufragio, comunicación política, autoridades electorales, consultas populares y revocación de mandato, entre otros. La agenda es extensa porque el desafío es mayor: construir un sistema electoral que refleje con mayor fidelidad la voluntad ciudadana y que sea capaz de garantizar elecciones libres, limpias y confiables en cada rincón del país.
En el pasado, las grandes reformas electorales fueron pactos de élite, elaborados en oficinas cerradas, bajo la lógica de los equilibrios partidistas. Hoy, en cambio, el punto de partida es otro: la legitimidad se construye con apertura, transparencia y escucha. La democracia del siglo XXI ya no admite decisiones verticales, sino procesos horizontales, participativos y cercanos a la ciudadanía.
Abrir el sistema electoral a la participación social es, además, una lección de humildad política. Significa reconocer que ninguna fuerza, ningún grupo y ninguna institución tiene el monopolio de la verdad democrática. La reforma electoral será legítima en la medida en que nazca de un diálogo honesto entre todos y todas. No habrá voces incómodas: habrá voces necesarias.
Este proceso no es sencillo. Escuchar de verdad implica tolerar la crítica, procesar diferencias y aceptar que la pluralidad es consustancial a la democracia. Pero también es la única vía para que las nuevas reglas tengan fuerza moral y respaldo social. Sin participación no hay legitimidad, y sin legitimidad no hay democracia que perdure.
Las audiencias de la Comisión Presidencial son, en este sentido, una apuesta política y ética: confiar en la inteligencia colectiva y en la vitalidad de la ciudadanía. No es común que se convoque al pueblo para rediseñar las reglas del poder. Hoy México lo hace, y con ello abre un camino inédito.
De este recorrido nacional puede surgir algo más que una reforma electoral: un pacto renovado sobre cómo ejercer el poder en México. Escuchar, debatir y decidir juntos es la manera de devolverle a la ciudadanía lo que nunca debió perderse: el derecho a escribir las reglas que la gobiernan.
