En días recientes, algunos jóvenes que se presentan como analistas pusieron en circulación una idea que creíamos derrotada: que no todas las personas merecen votar. Proponen reservar ese derecho a quienes tengan estudios, conocimientos políticos o el servicio militar cumplido. Algunos incluso preguntan, sin pudor, si las mujeres deberían poder hacerlo. El argumento de fondo es el mismo: que solo decidan los más aptos, los más preparados, quienes realmente lo merecen.
Nada de esto es nuevo. Durante siglos, el voto estuvo reservado a los hombres, a los propietarios y a quienes sabían leer y escribir. En México, las mujeres conquistaron ese derecho en 1953. Lo que hoy se presenta como una propuesta audaz es la nostalgia de un mundo en el que unos cuantos disponían del destino de todos y todas.
Con todo, sería un error subestimar estos mensajes como una provocación inocente o un exabrupto para ganar seguidores. Estamos frente a una postura antidemocrática que desconoce siglos de constitucionalismo y luchas sociales. Los derechos humanos no son premios que concede el poder. Pertenecen a cada persona por el solo hecho de serlo. No requieren título, patrimonio, examen, ni permiso.
El sufragio universal es una conquista de la humanidad. Es fruto de la resistencia contra el absolutismo, la esclavitud, el racismo y la exclusión de las mujeres, y de la lucha de los trabajadores contra quienes pensaban que la política era asunto de propietarios. Cada ampliación del voto significó arrebatar poder a una minoría que se creía autorizada para decidir por todas y todos.
Nadie discute que una ciudadanía mejor informada fortalece la democracia. La información enriquece la libertad política, pero jamás puede convertirse en una condición para ejercerla. Hacerlo supondría castigar dos veces a quienes la sociedad dejó atrás. Primero se les niegan oportunidades y después se utiliza esa desigualdad para quitarles derechos.
Lo que revelan estas propuestas es algo más profundo: un desprecio clasista hacia las mayorías y la incomodidad frente a la democratización del poder. A ciertos sectores les molesta que más personas participen y decidan. Les resulta insoportable que el voto de una trabajadora del hogar, un campesino o una joven indígena valga lo mismo que el de quien acumula títulos, dinero e influencia.
Ese desprecio se vuelve visible cuando los proyectos populares ganan elecciones. En lugar de revisar sus propuestas o su desconexión con la sociedad, algunos prefieren desacreditar al electorado. Dicen que la gente fue manipulada, que votó por ignorancia, que la compraron o que no entendió lo que estaba en juego. Como no aceptan que sus proyectos fueron rechazados, concluyen que el problema está en quienes votan. Su clasismo al desnudo.
Estas narrativas no son ocurrencias aisladas. Son la puerta de entrada de proyectos verticales y excluyentes que aspiran a gobernar sin compartir la mesa con nadie a quien consideren distinto. Distinto por su origen, por su color de piel, por su género o por su falta de títulos. Proyectos que hablan de “patria” y “libertad”, pero solo para unos cuantos, y que sueñan con restaurar las jerarquías que la democracia ha desmontado.
El riesgo no es que mañana se suprima el sufragio universal. Es que estas ideas se normalicen, se conviertan en sentido común y un día lleguen al poder. Las regresiones autoritarias no comienzan cancelando un derecho de golpe. Empiezan poco a poco, degradando a quienes piensan distinto. Primero se dice que algunos no saben votar. Después, que votan mal. Más tarde, que no merecen hacerlo. Al final, alguien se arroga la facultad de decidir quién es ciudadano y quién debe quedarse afuera.
Frente a eso, la respuesta democrática es sencilla. Todas las personas tienen derecho a votar porque todas viven bajo las decisiones del poder público. Todas cumplen leyes, pagan impuestos y padecen o disfrutan las consecuencias de los gobiernos. Nadie puede ser obligado a obedecer decisiones colectivas y, al mismo tiempo, quedar excluido de tomarlas. Esa es la única credencial que la democracia reconoce: vivir bajo el poder que se elige.
Los derechos nunca se conquistan para siempre. Cada generación debe defenderlos y ampliarlos frente a quienes intentan reducirlos. Hoy, aunque parezca increíble, toca defender uno de los esenciales. El voto no exige títulos, patrimonio, ni permiso. No se concede; no se merece. Es un derecho de todas y de todos. Jamás lo olvidemos.
