La semana pasada se llevó a cabo una visita oficial a México de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, en el marco de la cual se realizó una reunión de trabajo con la Suprema Corte sobre el acceso a la justicia y la protección de las personas desplazadas en nuestro país.
Los desplazados internos son una de las poblaciones más vulnerables e indefensas que existen. Pocos escenarios son tan dramáticos como tener que abandonar el hogar debido a un conflicto armado, una catástrofe natural, un brote de violencia, entre otras circunstancias que, si bien no implican cruzar una frontera internacional, colocan a las personas en situaciones extremadamente desafiantes.
Azotadas por la violencia y el miedo, las personas desplazadas se ven obligadas a dejar todo atrás. A romper lazos familiares, sociales y culturales; a sacrificar empleos sólidos y renunciar a oportunidades educativas; a atravesar escenarios de incertidumbre en los que sus derechos más elementales —salud, vivienda, identidad, libre circulación y vida— penden de un hilo, pues, con frecuencia carecen de condiciones mínimas incluyendo un techo, ropa, agua o medicamentos básicos.
En contextos en los que impera el crimen organizado, las personas desplazadas a menudo son objeto de persecución y amenazas a su integridad incluyendo desapariciones forzadas, violaciones, explotación laboral o sexual y ejecuciones arbitrarias. Por si fuera poco, estas poblaciones provienen comúnmente de sectores históricamente marginados, lo que acentúa su vulnerabilidad y la urgencia de brindarles protección inmediata.
A pesar de que este fenómeno ha cobrado visibilidad en la comunidad internacional, los desplazados internos enfrentan numerosas barreras para acceder a la justicia, incluyendo la falta de documentos de identidad, la desconfianza en las autoridades, y muy particularmente la inexistencia de servicios gratuitos de asesoría y representación jurídica para hacer valer sus derechos.
En el marco de esta reunión de trabajo, el Poder Judicial de la Federación reiteró su compromiso con la protección, promoción y defensa de los derechos de todas las personas; no solo a través de su labor jurisdiccional, sino como eje transversal a todas sus acciones.
Por un lado, gracias a un impulso sin precedente, hoy contamos con un cuerpo de defensores y asesores jurídicos federales que opera en más de 140 lenguas indígenas y en todas las entidades federativas, brindando servicios gratuitos de asesoría y defensa penal con perspectiva de género e interseccional y con sensibilidad social. En particular, hemos aumentado como nunca nuestra plantilla especializada en brindar atención a personas en movilidad y sujetas a protección internacional, como lo son los migrantes y desplazados internos. Solo el año pasado se brindó atención a 5,574 personas en esta situación.
En la Escuela Federal de Formación Judicial estamos formando una nueva generación de personas juzgadoras con las herramientas para abordar con una perspectiva de derechos todos los casos que se les presenten. Para ello, el Manual sobre desplazamiento interno publicado por la Suprema Corte, en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja y Acnur, es una herramienta de vanguardia en la capacitación y difusión de esta problemática. El Manual reúne los estándares nacionales, internacionales y regionales que deben aplicar los jueces y juezas de nuestro país para identificar, prevenir, proteger y reparar a los desplazados internos, y para juzgar con un enfoque diferenciado que permita atender sus necesidades desde el inicio del desplazamiento hasta el alcance de una solución duradera.
En general hemos desplegado un esfuerzo de acercamiento a la sociedad y de difusión de nuestra labor para recobrar la confianza ciudadana, fuente de nuestra legitimación, para que todas las personas sepan que sus jueces y juezas federales están aquí para proteger sus derechos.
En el Poder Judicial Federal hemos actuado en todos los frentes para garantizar que nuestra labor se realice con perspectiva de derechos humanos. La meta es acercar la justicia a las personas más vulnerables. Lo seguiremos haciendo sin descanso, porque es nuestra responsabilidad y porque es una demanda básica de humanidad y de justicia.
Arturo Zaldívar
