Lo que se dice desde el discurso público, los temas que se ponen sobre la mesa, y la narrativa en torno a lo que es importante para una sociedad es de fundamental importancia, porque a partir de ello se generan discusiones, debates y consensos con el potencial de cambiar la realidad.
Cuando acudí al reclusorio de mujeres de Santa Martha Acatitla, a invitación de las propias internas, sabía que la presencia de un presidente de la Suprema Corte podría visibilizar las graves injusticias que viven y podría ser la semilla de un cambio.
La visita me confirmó una realidad plenamente documentada: que las cárceles están llenas de personas pobres, injustamente presas porque se les fabricaron delitos; porque fueron torturadas; porque están en prisión preventiva sin que un juez las haya declarado culpables; porque compurgan sentencias desproporcionadas o porque fueron juzgadas sin perspectiva de género. Principalmente, porque no tuvieron una defensa adecuada.
Ver a las mujeres a los ojos, escuchar sus historias y comprender su dolor me hizo entender la urgencia de transformar de raíz este sistema penal injusto. Desde ese momento afirmé que era necesario, entre otras cosas, emprender una reflexión sobre la prisión preventiva, que durante dos siglos ha sido pilar de nuestra procuración de justicia.
A cinco meses de la visita, muchas cosas parecen estar cambiando: además de las mujeres cuya defensa fue asumida por el Instituto Federal de Defensoría Pública, muchas otras han sido puestas en libertad, algunas mediante sentencias que expresamente aplicaron perspectiva de género. En general, se percibe una mayor disposición de los jueces a sustituir las medidas cautelares y permitir que los procesos se sigan en libertad. En el Pleno de la Corte se llevó a cabo un debate histórico sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa y cada vez más parece haber un consenso social sobre lo injusta que es esta medida, al grado que me atrevo a decir que está en vía de desaparición en nuestro sistema.
Lo cierto es que tener las cárceles llenas de personas cuyo peor error ha sido no poder costearse una defensa de calidad, no es justicia, no da satisfacción a las víctimas, ni puede ser el precio a pagar por la seguridad pública.
Por ello, desde el inicio de mi administración me comprometí a transformar el servicio de defensoría pública federal para hacerlo un verdadero instrumento de democratización de la justicia. Para las personas más vulnerables de este país, acceder a la justicia había sido por mucho tiempo una promesa sin cumplir, en muchos casos una verdadera simulación.
Hoy, con oficinas en todas las entidades federativas, una línea de atención telefónica, servicio de citas, brigadas a los reclusorios, servicio a personas en situación de movilidad, atención en prácticamente todas las lenguas indígenas, una unidad de servicios periciales, una unidad de litigio estratégico, y convenios de colaboración con la Ciudad de México y Oaxaca, entre muchas otras medidas, hemos logrado transformar el paradigma de la defensoría en nuestro país.
En el periodo de mi presidencia hemos logrado la liberación de casi 41,000 personas, lo que representa el 18% de la población carcelaria en México. La cifra es devastadora, pues en todos los casos se trata de personas pobres que estaban encarceladas solo por no tener acceso a un abogado o abogada que hiciera valer sus derechos más elementales. Bastó con tomarnos en serio su defensa para que pudieran obtener su libertad.
Adicionalmente, desde la Unidad de Litigio Estratégico hemos logrado la emisión de criterios con impacto estructural, como el que ordena la revisión de la prisión preventiva al cabo de dos años, de lo que seguramente se beneficiarán una gran cantidad de personas en el corto plazo.
El tamaño del reto sigue siendo enorme. Tenemos un sistema penal que castiga la pobreza y que no satisface el derecho a la verdad de las víctimas. Un sistema penal que no abona a la pacificación de los conflictos. Dejar atrás este modelo injusto debería estar en el centro de nuestras preocupaciones; es tarea de todas y todos.
Arturo Zaldívar
