He sostenido reiteradamente que el Poder Judicial de la Federación debe ser más cercano a las personas. Estas no son palabras vacías. Cuando hablo de acercarnos a la sociedad, me refiero a construir un nuevo tipo de relación entre las personas y sus juzgadores federales. Me refiero a un proceso de apropiación, a través del cual la ciudadanía comience a percibir al sistema de justicia federal como garante de sus derechos, necesario para preservar sus libertades y capaz de hacer posible la satisfacción de sus necesidades más básicas.
Cuando una sociedad confía en sus jueces, cuando sabe que están allí para defender cosas que le son valiosas, la autonomía e independencia de la que depende el estado de derecho se hace posible; se vuelve una realidad la idea de frenos y contrapesos porque los fallos se sustentan en una autoridad moral y en un consenso social que asegura que sean acatados.
En nuestro país, el Poder Judicial de la Federación aún no goza por completo de esa credibilidad. Los jueces federales todavía no son ampliamente percibidos como defensores de los derechos ni como aliados de la ciudadanía. Arrastramos una inercia de desconfianza, sin que anteriormente se hicieran esfuerzos serios para revertirla. Por el contrario, durante mucho tiempo solo se reprodujeron las prácticas institucionales que propiciaron el mantenimiento del statu quo.
Es por ello que desde que asumí la Presidencia de la Suprema Corte me propuse hacer las cosas de manera diferente. He accedido a dar entrevistas televisivas y radiofónicas, he hecho un uso activo de las redes sociales. Tomé la decisión de mantener la publicación de esta columna y recientemente ofrecí una conferencia de prensa.
Esta apuesta es arriesgada, no lo desconozco. Es una estrategia que puede ser debatida y criticada, pero que persigue el objetivo claro de entablar una conversación más amplia, con aquellas personas a quienes impactan nuestras resoluciones.
Hoy en día, la comunicación ha cambiado y los vínculos entre la sociedad y los poderes públicos se están redefiniendo. El Poder Judicial Federal no puede ser ajeno a este fenómeno. Es necesario modificar el paradigma de la comunicación, poniendo especial énfasis en la persona usuaria, como eje de todo el sistema de impartición de justicia.
Además, no hay que olvidar que el Presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal es representante de uno de los poderes del Estado y, en tal carácter, es de la mayor importancia que difunda y explique a la sociedad las políticas públicas, las reformas y los cambios que se realizan en el ámbito de la impartición de justicia, por un principio mínimo de transparencia y rendición de cuentas. Especialmente en los momentos actuales, en que se han transformado los canales de comunicación entre la sociedad y los gobernantes, guardar silencio y permanecer en la opacidad sería, a mi juicio, un gran error.
Tenemos que ser un Poder Judicial Federal más abierto, en el que, por un lado, los jueces hablen a través de sus fallos, pero en el que también se informe sobre el rumbo de las políticas públicas y de las decisiones administrativas, a fin de que puedan ser conocidas y evaluadas.
Las estrategias de comunicación tradicionales no han sido suficientes. A pesar de que desde hace al menos 10 años la Corte ha emitido fallos que están a la altura de cualquier otro Tribunal Constitucional en cuanto a su alcance protector, y de que se han desarrollado ampliamente los derechos humanos, haciendo una diferencia en la vida de muchas personas, no tenemos el blindaje social sostén de nuestra legitimidad.
La situación que vivimos requiere de decisiones audaces; exige correr riesgos. Los he tomado en muchas otras áreas de mi administración y lo seguiré haciendo en beneficio de la sociedad a la que me debo.
