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Lunes , 18.03.2019 / 14:40 Hoy

Los derechos hoy

Cero tolerancia a la corrupción

Arturo Zaldívar

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La corrupción de los sistemas judiciales es un mal particularmente insidioso que socava desde sus entrañas la vigencia del estado de derecho. Si la protección de los derechos de las personas se deposita en los jueces, ¿qué confianza puede tener la sociedad en el sistema, cuando éstos pueden ser fácilmente sobornados, presionados o extorsionados para resolver en un cierto sentido? Por ello, se ha señalado que la corrupción entre los jueces es una de las principales amenazas a la sociedad y al funcionamiento del estado democrático. La percepción social de que la corrupción es tolerada hace que se pierda la confianza en las instituciones y en el sistema político en su conjunto.

La corrupción judicial comprende una variedad de fenómenos. Puede incluir la existencia de sobornos, favoritismo a familiares y amigos, interferencia política, extorsión criminal, presión jerárquica, tráfico de influencias, o desvío de fondos presupuestales. Asimismo, los poderes judiciales muchas veces son percibidos como grupos cerrados y aislados de la crítica externa, en los que predominan conductas colusorias y un pensamiento colectivo que se retroalimenta a través de los mecanismos de capacitación, supervisión y evaluación entre pares que tienden a protegerse mutuamente.

En el Poder Judicial de la Federación la corrupción no es un fenómeno generalizado. La gran mayoría de las juzgadoras y juzgadores federales se conducen con independencia y honestidad, pero la existencia de cierto número de casos daña seriamente la imagen institucional, lo que pone de relieve la necesidad de consolidar una cultura que imponga altos estándares de independencia, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas y transparencia en la función judicial.

La labor de los jueces debe guiarse por los principios de independencia e imparcialidad, de manera que decidan los casos con apego a derecho, mediante argumentos abiertos al escrutinio público, y al margen de cualquier influencia externa. Asimismo, su conducta debe apegarse a altos estándares éticos que transmitan una imagen honesta y profesional, más allá de la sola proscripción de conductas ilegales.

Así, en la judicatura federal hemos iniciado una política de cero tolerancia, con la que se busca detectar oportunamente los casos de corrupción, investigarlos adecuadamente y erradicarlos en forma efectiva. Todo ello, encontrando un balance apropiado entre el combate a la corrupción y la proteccion de los derechos de las personas, particularmente en materia de debido proceso, lo que implica que también debe protegerse a los jueces en su vulnerabilidad frente a cargos frívolos, infundados y vindictivos. Las sanciones al comportamiento corrupto deben ser razonables y consistentes, de tal manera que conductas similares sean castigadas en forma equivalente.

La lucha contra la corrupción es una cuestión prioritaria e inaplazable. A todas sus escalas, la corrupción de los jueces es inaceptable y debe ser combatida con decisión y energía. No hay lugar en el poder judicial para servidores públicos que antepongan su beneficio personal al de la colectividad, ni tampoco para juzgadores notoriamente ineptos o descuidados.

Emprender una política agresiva de combate a la corrupción no es en detrimento de los jueces, sino en su propio beneficio, porque legitima la función que desempeñan y dignifica su cargo a los ojos de la sociedad. Debemos devolver a la figura del juzgador la respetabilidad y el decoro necesarios para que ejerzan su autoridad con el sustento de la confianza depositada en ellos.

Como lo he sostenido antes, la independencia no supone insularidad, ni mucho menos impunidad. Es el momento de transitar hacia un modelo de rendición de cuentas objetivo y transparente, en el que no haya lugar para la tolerancia o el encubrimiento. No se trata de establecer una cacería de brujas contra jueces y magistrados, sino de dejar en claro que los cargos que ostentamos no son un privilegio, sino ante todo una responsabilidad.

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