En días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley de amnistía. Esta iniciativa se da en un momento en el que se quiere pacificar al país y que se busca que los jóvenes no se les etiquete como criminales. Esta propuesta ha levantado ámpulas entre los miembros de la sociedad mexicana ya que se interpreta como una invitación a recrudecer el ambiente de inseguridad y violencia que se vive en el país.
Nuestro sistema jurídico se basa en una concepción del ser humano que tipifica ciertas conductas como delitos. En derecho penal podemos encontrar las sanciones que van desde la privación de la libertad hasta la indemnización del daño. Esto nos ha llevado a vivir una realidad donde un número significativo de personas se encuentran recluidas en diversos penales por delitos menores, que han sido provocados en muchos casos por el hambre y la pobreza.
En México no todos tenemos la misma oportunidad de ejercer nuestros derechos en plenitud, la realidad es que México es un país muy desigual. Es en esta diferencia que encontramos grupos sociales que se encuentran realmente en una desventaja jurídica donde sus derechos no son reconocidos por las autoridades. Aquí podemos encontrar mujeres, indígenas, personas con discapacidad, migrantes y un alto porcentaje de la población que vive en la pobreza. Son estos los integrantes de grupos sociales que no pueden gozar de sus derechos más básicos como el simple acceso a la justicia.
De acuerdo con la iniciativa que contempla decretar la amnistía, se consideran grupos que comprenden mujeres que hayan cometido el aborto, así como para el personal que lo haya asistido; delitos contra la salud cometidos en condiciones de extrema pobreza o alta vulnerabilidad que hayan sido obligados a cometer un delito por un miembro del crimen organizado o algún familiar; delito de robo sin violencia que no amerite cuatro años de prisión; y aquellas personas que se hayan levantado contra un gobierno.
Esta iniciativa no contempla que los delitos dejen de estar tipificados en las leyes, lo único que aplica es la extinción de las penas. No se espera que esta ley de amnistía aplique de manera masiva, sólo será de manera excepcional a quien se le pueda otorgar este beneficio. Con esto, se busca disminuir las desventajas que enfrentaron los grupos vulnerables, que por diversas razones sociales y económicas no contaron con una defensa legal propia y profesional, y han tenido que enfrentar la realidad de ser condenados de manera injusta.
Sin embargo, los principios que se contemplan en esta iniciativa se contradicen con la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, donde el acceso a la cárcel es mucho más factible para los grupos vulnerables.
Esto nos lleva a debatir la deficiencia del sistema de procuración y administración de justicia de nuestro país, porque por un lado se están encarcelando a los miembros de grupo vulnerables; y por otro lado, vamos a tener una ley que procura dejarlos en libertad. Es necesario atender esta contradicción.
