La inseguridad es un reto que tenemos que enfrentar como país en el 2020. Una constante de este fenómeno es la impunidad.
La historia de la impunidad en México se ha presentado de diversas formas; y una de las más concurrentes es aquella en que los abusos de poder han lesionado a ciudadanos mexicanos en el ejercicio de sus derechos.
La impunidad se gesta desde el primer contacto del estado con los ciudadanos, en el momento en que la policía, sea federal o estatal, detiene a un ciudadano o deja de hacerlo, a pesar de haber motivos para ejercer esa función policial. Desde este primer momento están presentes dos ingredientes de la impunidad: la corrupción y la ineptitud. Estos dos aspectos persisten a lo largo de la procuración de justicia, su administración y también, de modo significativo, en el sistema penitenciario, tanto local como federal.
Estamos iniciando una nueva etapa en la historia de nuestro país y el titular del ejecutivo le da licencia a un perdón que muchos reprochamos. Y nos preguntamos ¿esto es justicia?
Lo que si queda claro es que tenemos un sistema de justicia fallido que fomenta los tiempos de gran incertidumbre que se viven en el país.
En los procesos judiciales que se llevan a cabo en México se siguen presentando situaciones donde existe poca claridad en el proceso de detención de las personas, no se cuenta tampoco con controles y medidas administrativas que eviten el abuso por parte de las autoridades responsables, además de que sigue utilizando con frecuencia la confesión perjudicial como medio de prueba para acreditar la existencia del cuerpo del delito. Todas estas circunstancias contravienen el derecho que tiene toda persona a garantías mínimas que aseguren un resultado justo y equitativo dentro de un proceso jurídico.
Desafortunadamente se victimiza a los presuntos responsables y se demuestra que nuestro sistema de justicia vive una de las crisis más graves en la historia de nuestro país. Es necesario que nuestro país goce de un sistema legal eficiente si queremos atenuar la gravedad que se vive en el tema de la inseguridad. Necesitamos que el debido proceso sea un parámetro mínimo que busque materializar la tutela jurisdiccional de forma efectiva.
