Los recientes escándalos protagonizados por dos cónsules honorarios han colocado bajo el escrutinio público el papel de estos representantes. Los casos de Martín Camarena Obeso, removido como cónsul honorario de Filipinas en Guadalajara tras señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado, y de Raúl Rocha Cantú, a quien Guatemala retiró ese nombramiento en Toluca luego de comprobarse su relación con el tráfico de combustibles, evidencian una tendencia preocupante. Y aun bajo este contexto, resulta profundamente injusto juzgar la conducta de los buenos cónsules honorarios del mundo, a partir del comportamiento cuestionable de unos cuantos.
Conviene recordar que un cónsul honorario es una figura diplomática no remunerada, designada por un país para representarlo en una ciudad o región donde no cuenta con un consulado formal. Se trata, por lo general, de personas con redes de contacto relevantes: empresarios, académicos o profesionistas destacados. Su nombramiento requiere tanto la propuesta del país que los propone como la aceptación del país anfitrión, y su labor se centra en la promoción económica, cultural y turística, así como en la asistencia consular básica a los ciudadanos del país que representan.
En ese sentido, los cónsules honorarios suelen aportar su tiempo, sus relaciones personales e incluso sus recursos económicos en el objetivo de promover a una nación. Desafortunadamente esta labor no está exenta de críticas: hay quienes argumentan que no todo es gratuito y que los cónsules honorarios al final obtienen beneficios reputacionales o incluso económicos por el simple hecho de ocupar ese cargo. Esto puede ser cierto en algunos casos, pero no por ser cierto es ilegítimo. Quien dedica buena parte de su tiempo a trabajar sin remuneración en favor de un país, razonablemente debería tener el derecho a obtener algún beneficio a cambio. Más aún, en la mayoría de los casos, dichos beneficios son mínimos frente a lo mucho que aportan. De ahí que esta figura se haya vuelto fundamental, especialmente en una era en la que las cancillerías enfrentan constantes recortes presupuestales.
Por ello, si algo positivo pudiera derivarse de los recientes escándalos, probablemente sea la urgencia de establecer mecanismos más rigurosos y procesos de debida diligencia más sólidos en la designación de estos cargos. Pero ello de ninguna manera debe traducirse en cuestionar la utilidad de la figura en sí misma, ni mucho menos en poner en duda la honorabilidad y el valor de miles de cónsules honorarios alrededor del mundo. Eso no es cuestionable; pretender lo contrario es una vileza absoluta. Es la opinión honorariamente internacional de tu Sala de Consejo semanal.
