Por lo regular se señala al gobierno, así en general, de ser el responsable de tomar decisiones que afectan a la sociedad, sea para bien o para mal. Pero no hay que perder de vista que, si bien el Poder Ejecutivo puede gobernar y dictar medidas por decreto, y dar órdenes a los subordinados, el verdadero poder para modificar y crear leyes es el Poder Legislativo, o sea senadores y diputados federales, son quienes tienen la capacidad de cambiar los ordenamientos jurídicos, y más ahora que “haiga sido como haiga sido”, tienen la mayoría absoluta en ambas cámaras, ellos son quienes tienen la capacidad, y lo hacen, de criminalizar a los habitantes, al crear medidas que, con o sin razón, son de aplicación general.
Así que a las otras autoridades lo único que les queda es hacerlas respetar, y en este terreno cae una de las más recientes medidas que han determinado: sancionar el transporte y venta de los vapeadores con hasta ocho años de cárcel, ¿pero cuál fue el origen de esta decisión, y a quién perjudica? pero sobre todo ¿a quién beneficia?
Como antecedente hay que mencionar que desde 2022 ya se había prohibido importar y comercializar los vapeadores y cigarros electrónicos. Sin embargo se mantuvo su venta sin control tanto en línea como en puestos informales, incluso en plazas comerciales (algunos de estos sitios cerca y/o detrás de Palacio Nacional) por lo cual Morena consideró que la reforma recién aprobada era necesaria para evitar que la industria creciera en la clandestinidad y el mercado negro.
Pero de acuerdo con especialistas, se considera que al menos siete células criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Nueva Familia Michoacana y La Unión Tepito, controlan el mercado ilegal de vapeadores y productos de tabaco en todo el país, con ingresos anuales de entre 15 y 20 millones de pesos, por lo menos.
Si las autoridades hubieran analizado a fondo la forma en que se ha actuado en otros países, entonces hubieran encontrado que en Australia se adoptó la prohibición más estricta, lo cual generó un mercado negro dominado por bandas criminales, con extorsiones, violencia e infinidad de productos adulterados, por lo cual ya se debate cancelar su propio modelo. En cambio, en el Reino Unido se optó por regular, supervisar y educar, lo cual provocó una caída histórica del tabaquismo, con cero presencias de mafias en el mercado y el uso del vapeo como herramienta eficaz de reducción de daños.
Pero con la legislación prohibitiva aprobada, donde ni la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ni las policías locales están capacitadas para actuar en este tipo de casos, resultará poco menos que imposible impedir tanto el uso de como el tráfico de los vapeadores, razón por lo cual se anticipa que imperarán toda serie de irregularidades, sin descartarse posible colusión de diversas autoridades locales y federales…
Relacionado con el tema de “Quién es el que criminaliza a los ciudadanos, al hacer las leyes” le quiero comentar que quienes tienen una voz autorizada para opinar del tema, los senadores del PRI y PAN del Estado de México, coincidieron sin dudar en que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, no es líder, no dirige, no “tira línea”, ni entre los morenistas porque dese lejos “se le ven los hilos” que llegan desde muy lejos, como desde La Chingada.
Por eso, a pesar de su desgastada figura, ahí se mantiene, y es un ejemplo que ya pasó a la historia como símbolo de impunidad, momentánea por lo menos, y habrá que ver si con esa desgastada figura seguirá ostentando el cargo de “agachón mayor” de Morena…
Nos leemos.
