En el complejo tejido de nuestra sociedad, a menudo se teje una narrativa dual. Por un lado, tenemos el discurso oficial, los llamados a la unidad y los programas que buscan fomentar la paz. Por el otro, la cruda realidad que se refleja en las estadísticas y, más dolorosamente, en los actos cotidianos que demuestran un profundo quiebre en dicha estructura.
Este fin de semana, el gobernador Alejandro Armenta puso el dedo en la llaga al asegurar que en Puebla existe una “cultura del odio” y para combatirla, propone actividades deportivas, específicamente con deportes de contacto; desde su trinchera, el arzobispo, Víctor Sánchez, insta a que las autoridades gobiernen con “justicia, paz y concordia social”, recalcando que los seres verdaderamente libres, no albergan esta clase de sentimientos.
Ambos mensajes resuenan por sus buenas intenciones, pero ¿cómo se traducen en un contexto donde norman la desconfianza en la autoridad junto a la falta de respeto a la misma?
Tan solo ayer por la mañana, en la autopista Puebla-Orizaba se pudo presenciar un claro ejemplo de la fractura social: un camión de carga volcó, esparciendo cientos de latas de cerveza; y, lejos de que el conductor fuera auxiliado por peatones y automovilistas, éstos aprovecharon la situación para saquear la mercancía.
Hechos como este, que lamentablemente se han vuelto un común denominador, van más allá de una simple falta cívica; es un síntoma de un problema mayor. Refleja un descontento social tan arraigado que el instinto de rapiña prevalece sobre el de la solidaridad y la empatía. ¿Merecemos, pues, ser llamados ciudadanos?
Para continuar con los contrastes crucemos dos cifras oficiales; la Fiscalía General del Estado reportó que en los primeros ocho meses de 2025, Puebla registró 54 mil 893 delitos del fuero común, pero ¿se imagina cuántos son los que se quedan sin denunciar?, esto, si tomamos en cuenta que el Inegi reveló que durante 2024 no se presentaron denuncias en 9 de cada 10 casos; sin duda es preocupante.
La paz no puede florecer en un entorno de 21 mil 864 robos y 6 mil 987 casos de violencia familiar en ocho meses, como reporta la FGE. Debemos cuestionarnos si la “cultura del odio” de la que se habla, es la causa o la consecuencia de esta realidad y ¿por qué delegar solo esta responsabilidad a los gobernantes?
