En poco más de dos décadas, los poblanos hemos incluido un tema preocupante en la conversación pública: la inminente carencia de agua, esa que los apocalípticos vislumbraron desde antes y de la que, se decía, sería causa de guerras o conflictos internacionales y que –desafortunadamente– ya nos alcanzó.
Hablar desde el nivel local, federal e incluso mundial de un tema tan delicado como la llamada privatización del agua, se asocia únicamente al costo de las tarifas que las concesionarias cobran.
Sin embargo, ante nuestros ojos desfila cínicamente una privatización más agresiva, depredadora y carente de reglas que permea silenciosamente ante la pasividad del Estado: los piperos.
La serie de investigaciones que Carlos Morales y David Meléndez han publicado en el ecosistema MILENIO vuelve a poner el tema en la mesa, especialmente la alarmante radiografía que publicamos este día: la zona metropolitana de Puebla es de las que mayor estrés hídrico presenta en el país; no solo por razones climáticas, sino administrativas.
Mientras un habitante de Campeche dispone de 929 litros diarios y uno de la Ciudad de México de 324, el poblano debe subsistir con apenas 191 litros. Peor aún: datos oficiales confirman que 2024 ha sido el año con mayor carencia en más de dos décadas.
Pero, ¿estamos ante una sequía natural o de gobernanza? La evidencia apunta a lo segundo; hay una serie de trámites vitales para perforar y relocalizar pozos que se congelan en las oficinas de Conagua, donde, de agilizarse el papeleo, se implementaría una reingeniería para distribuir mejor el líquido.
Desafortunadamente, la sed no espera sellos oficiales, y es ahí donde el Estado abdica y cede su lugar a la ley de la selva, donde los piperos llegan a llenar el vacío e imponen la ley del más fuerte, vendiendo el recurso al costo que les da la gana.
Recordemos lo publicado por MILENIO en marzo de 2023, en San Miguel Canoa el suministro formal colapsó, lo que acarreó un aumento de 600% en el costo del agua vendida por este monopolio.
Las familias terminan desembolsando miles de pesos al mes para comprar a sobreprecio un derecho fundamental. Esto es el mercado salvaje lucrando con la urgencia, sin tarifas reguladas, sin control de calidad sanitario y sin fiscalización.
