La dificultad para que los mexicanos y mexiquenses obedezcan a las autoridades se refleja en episodios como el del Nevado de Toluca, donde pese a las advertencias y la prohibición expresa, decenas de personas decidieron subir al coloso. Este acto no es aislado: responde a una cultura de desobediencia civil que se alimenta de la desconfianza hacia las instituciones y de la percepción de que las normas son negociables, más que obligatorias. La idea de que “no pasa nada” si se incumple la ley sigue siendo un lastre en la vida pública.
El caso del Nevado es ilustrativo porque no solo se trata de una falta administrativa, sino de un riesgo real para la seguridad de los infractores y para la preservación de un ecosistema frágil. La montaña también llamada "Xinantécatl, no es un parque de diversiones; es un espacio natural que requiere protección, sin embargo, la lógica individualista y la búsqueda de experiencias “prohibidas” para algo tan frívolo para tomar selfies, terminan imponiéndose sobre el interés colectivo.
La consecuencia inmediata es que las autoridades deben destinar recursos extraordinarios - operativos por tierra y aire, brigadas de rescate, vigilancia permanente-, para garantizar que se cumpla una norma que, en teoría, debería respetarse sin necesidad de coerción. Este gasto de energía y dinero público revela la paradoja: mientras más se desobedece, más se refuerza la presencia del Estado, y más se erosiona la confianza ciudadana en que las reglas existen para protegernos. A la postre lo que está en juego es la relación entre sociedad y autoridad; mientras no se asuma que la ley es un pacto colectivo y no una imposición ajena, seguiremos viendo escenas como la del Nevado de Toluca: ciudadanos que desafían la norma, autoridades que corren detrás de ellos...
Rastreando
Un hecho como el ocurrido en Tlacotepec, en Toluca, refleja la urgencia de reforzar la conciencia social sobre el respeto a la vida animal. El rescate de la perrita envenenada por parte del CCyBA muestra que las instituciones pueden reaccionar con rapidez, pero también evidencia la crueldad de la gente. La ley ya contempla sanciones severas que van de 6 meses a 6 años de prisión, sin embargo, la verdadera transformación vendrá cuando la ciudadanía asuma que el maltrato animal no es solo un delito, sino una afrenta ética contra la comunidad y su entorno.
