Con un sutil movimiento de mano, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, ha trasladado al gobierno de Sinaloa la responsabilidad de lo que venga por delante para el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, con eso de que el personaje, reclamado en Estados Unidos por narcotráfico, fraude electoral y asesinato, permanece en esa entidad con protección exclusiva del estado.
La víspera, la secretaria de Gobernación había citado a un clásico, pero del espectro equivocado, con la respuesta de “¿y yo por qué?” a la pregunta sobre el paradero del gobernador ahora esfumado del reflector público, balón que el policía bajó al estilo Zidane, puntualizando que Rocha está ubicable en Sinaloa, pero también que su custodia corre a cargo de las corporaciones que responden a la mandataria interina, Yeraldine Bonilla.
“No tiene escolta por parte del gobierno federal”, subrayó García Harfuch.
Para efectos, ante cualquier escenario en el corto plazo, la autoridad federal ya hizo el deslinde correspondiente. Será problema
de los policías estatales si, por ejemplo, Rocha pasa a estatus de desaparecido, si huye, si es víctima de algún ataque (ojalá no) o si, como en la trama que se le achaca, también es secuestrado para ser trasladado ante la justicia de Estados Unidos, como pasó con Ismael Zambada.
Con este tiro preciso, el secretario también pone a salvo desde ahora a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo nuevo comandante de la Novena Zona Militar, Julio César Islas Sánchez, entra sin la presión de tener que responder por el destino que alcance a Rocha, acechado por las agencias estadunidenses. Con todo aclarado, ahora hay que preguntarse por qué la autoridad federal se desentiende del caso, como si fuera uno del fuero común.
Una de las razones para la multiplicación de generales como mandos policiacos en las entidades es la desconfianza histórica hacia las corporaciones estatales y municipales. Siendo así, cómo puede la autoridad federal, es decir, Seguridad, Ejército, Guardia Nacional y Marina, desentenderse del personaje en el centro de la trama más delicada de la relación binacional en este momento.
Dejar el tema en manos de las policías estatales equivale, en términos reales, a responder con un “¿y yo por qué?”.
