Las elecciones del 2024 serán altamente competitivas, no solamente a nivel federal, sino también en lo local. Por ello, cualquier injerencia indebida, puede afectar la competencia y la equidad en la contienda electoral.
Por ello, son importantes los recientes lineamientos que se acaban de aprobar en el Consejo General del INE, como una medida preventiva para evitar la injerencia y/o participación de personas servidoras públicas que manejan programas sociales gubernamentales.
Estos lineamientos constituyen medidas reglamentarias cuyo fin es que la actuación de personas públicas de todos los ámbitos y niveles de gobierno en actividades relacionadas con la preparación y el desarrollo del proceso electoral, se ajusten a los límites constitucionales y legales, poniendo especial énfasis en preservar la neutralidad el día de la jornada electoral.
También hay que mencionar que estos lineamientos no tienen como finalidad regular la manera en que deben desarrollarse las precampañas y campañas electorales, ni la forma en que debe operar la entrega y difusión de los programas sociales.
Pero si garantizar que el servicio público se mantenga dentro de la neutralidad, equidad y profesionalismo, porque si bien hay derechos políticos, estos deben ejercerse sin el uso de los recursos públicos. Ya que las y los servidores públicos de manera individual decidieron forjar su carrera profesional al servicio de la sociedad.
De ahí la obligación de abstenerse de participar y de usar recursos públicos para tomar parte en una contienda electoral sea a favor o en contra de cualquier actor o actora política.
También es importante mencionar que no es facultad de la autoridad electoral emitir reglas para la entrega de beneficios de los programas sociales, ni siquiera para que la entrega de estos programas sea de la forma más imparcial posible, ya que está fuera de su competencia, pero sí se puede establecer una serie de directrices para prevenir posibles hechos ilícitos que pudieran cometer las personas servidoras públicas, así que serán de observancia general obligatoria en los procesos electorales federal y locales.
Rumbo a las elecciones del 2024, es importante llegar con la mayor claridad de lo que pueden y no pueden hacer las y los servidores públicos emanados de cualquier partido político o de todo orden de gobierno.
Las personas servidoras públicas deberán conducir su actuar de manera institucional bajo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, sin realizar actos o manifestaciones que generen la percepción en la ciudadanía de que los beneficios entregados son atribuibles a una persona o partido político, o bien, que su continuidad depende de la permanencia de una opción política en el gobierno.
En el ejercicio de sus actividades vinculadas con programas sociales, subraya el documento, se abstendrán de usar logos, emblemas, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, que generen confusión o identidad con un partido político, gobernante o con la imagen institucional del INE o de los organismos públicos locales.
Adicionalmente, en los lineamientos se definen los actos relacionados con las actividades de integración de mesas directivas de casilla, SE, CAE, observación electoral, representación de los partidos políticos y candidaturas independientes, así como las consecuencias jurídicas del incumplimiento de los mismos.
Impedimento oficial
Se aprobó por mayoría de votos en lo particular, una leyenda que debe contener la declaratoria bajo protesta de decir verdad, a fin de garantizar que las personas servidoras públicas vinculadas con programas sociales no puedan continuar en el proceso de reclutamiento de supervisores electorales (SE) y capacitadores asistentes electorales (CAE), si ostentan dicha calidad hasta un año antes de realizar su registro como aspirantes a SE y CAE. Ya que la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que las personas SE y CAE deben satisfacer, en la medida de lo posible, los estándares de independencia.
Democracia y justicia electoral
Es importante mencionar, que si bien las reglas del juego electoral, se crean y modifican por los actores políticos representados en los poderes legislativo; también como parte fundamental de una república democracia, caracterizada por la división de poderes (para evitar la concentración de poder), nuestras reglas del juego son interpretadas y muchas veces, a través de los tribunales electorales, se clarifican las normas y/o acuerdos establecidos. Por ello se debe destacar que los lineamientos para evitar injerencia y/o participación de personas servidoras públicas que manejan programas sociales gubernamentales en elecciones, derivan del cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF.
