Las maestras y maestros enfrentan desde 2022 el reto de comprender y aplicar el enfoque humanista y de capacidades, la integración el conocimiento y las recomendaciones metodológicas de trabajar por proyectos. Esta tarea la desarrollan a la par de atender las múltiples demandas de orden administrativo por parte de sus autoridades (director, supervisor, jefaturas, entre otras). La exigencia de una “simplificación” administrativa, después de algunas décadas sigue vigente en el escenario escolar. En este sentido, uno de los grandes pendientes (y desafíos) del proyecto educativo de la Nueva Escuela Mexicana es el tránsito hacia un modelo de gestión institucional que exprese la filosofía y política de dar centralidad a la escuela, al aprendizaje y a la comunidad.
En la actualidad, la “carga administrativa” parece fortalecerse en detrimento de la tarea central de los docentes: la enseñanza. Después de la pandemia, las formas de comunicación a través de dispositivos digitales cobro mayor relevancia, además de constituirse en medios para la demanda de tareas administrativas, no sólo durante la jornada escolar, sino fuera de ella. Al excesivo “papeleo administrativo” se le agrega ahora “archivos digitales” que dan cuenta de reportes, evidencias, informes, planeaciones, evaluaciones, atención a convocatorias, entre muchos otros. No hay semana que no haya una solicitud de cumplimiento de ello, y en la mayoría de las veces, con premura de tiempo. Con estas demandas de tareas administrativas, la enseñanza y aprendizaje pasa de ser el centro del proceso educativo a un lugar secundario. Las planificaciones didácticas de maestras y maestros se ven alteradas de manera sustantiva, generando un tratamiento reducido de los contenidos escolares o en el caso más grave, ya no trabajarlos. La “carga administrativa” que desarrollan docentes pierde sentido cuando no hay respuesta a: ¿Cuál es la utilidad pedagógica que se le da a todo el cúmulo de información que semana tras semana reportan las maestras y maestros a sus autoridades? ¿Acaso sirve para que directores, supervisores y/o apoyos técnicos estructuren diagnósticos situacionales sobre los procesos de enseñanza y aprendizajes y deriven de ello decisiones pedagógicas para la mejora? ¿O bien, sólo es un ejercicio administrativo para que la autoridad educativa superior enuncie “que se ha cumplido”.
