Los diputados en Guanajuato regresarán -por un rato- a su curul, convocados por la Diputación Permanente, para atender un asunto de interés político-gubernamental, pues se trata del desafuero del regidor perredista en la capital, Julio César García Sánchez.
El asunto se tornará un tanto interesante, porque según los que saben, el expediente que entregó la Procuraduría de Justicia del Estado a la Cámara de Diputados, carece de evidencias necesarias para desaforar al susodicho funcionario del Ayuntamiento capitalino.
Y además, porque se trata de un hecho que no se presentaba desde hace varios años en el Congreso de Guanajuato, al menos desde que se desaforó al ex diputado, Luis Enrique Torres León, en el sexenio de Juan Manuel Oliva.
Hoy, en medio de una crisis en la política de género en el Gobierno de Guanajuato, el caso del regidor capitalino resulta una válvula de escape que amortigüe el desgaste que enfrenta el gobernador, Miguel Márquez, en el tema de protección a las mujeres.
Es decir, le favorece por mucho la coyuntura, pues quizás pretendan dar un mensaje de castigo a quienes agredan a las mujeres, pese a que en los siguientes meses, el regidor salga librado de alguna sentencia condenatoria.
Habrá que ver si se respeta la Ley o se atiende el show mediático para hacer el favor que tanto han pedido los funcionarios de Guanajuato, inexplicable que la representante de Las Libres, se apersone en el Congreso para pedir castigo ejemplar, como el desafuero.
Y es que, habrá que hacer notar que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, son varios los diputados que no podrán ser jueces en el tema del regidor, porque han externado su opinión antes del fallo y, por lo tanto, tendrán que abstenerse.
Al menos ese será el argumento que presenten los abogados del regidor y del que seguramente discutirán, ya que incluso, tendrán que aprobarse los ajustes o movimientos en la Comisión de Responsabilidades.
Pero, como en política todo puede pasar, digamos que el regidor resulte desaforado y de inmediato se notifique a la Procuraduría de Justicia para que continúe el proceso legal que, acertadamente, un juez suspendió.
Ya en el proceso, el Poder Judicial es quien resolverá si, efectivamente, el regidor es culpable o no de la acusación. Si es, los diputados serían los acertados en el procedimiento que han instaurado, pero si no es así, podrían equivocarse terriblemente.
La Ley o la Política.
Hoy veremos qué tanto resuelven.
