Doce jóvenes desaparecen tras “ofertas de trabajo” en Amozoc. Once aparecen con vida este lunes. Es una buena noticia, desde luego, pero no podemos hablar que se trate de un caso cerrado; para nada.
Hay que reconocer que se trabajó de forma muy precisa y celebrar a quienes regresaron; pero al mismo tiempo se trata de entender qué falló para que se los llevaran sin que nadie lo notara a tiempo.
Las ausencias se dieron entre el 10 y 11 de agosto, pero las denuncias se activaron con fuerza a inicios de septiembre. El pasado fin de semana se desplegó un operativo por tierra y aire. Vinieron los aseguramientos con 11 detenidos y el decomiso de armas, droga e inmuebles cateados.
El lunes se anunció que 11 de los jóvenes desparecidos, habían sido localizados; falta uno.
¿Pero quién explica el hueco de casi un mes entre desapariciones y la presión pública que aceleró todo?
Todo surge de algunas publicaciones en redes sociales con promesas de empleo fácil, sueldos atractivos y cero filtros. Detrás, no una empresa, sino un grupo criminal. Se dice que habrían sido sometidos a “entrenamiento” forzado y al silencio.
¿Quién vigila esos anuncios? ¿Qué hace la policía cibernética? ¿Cuántos reportes de cuentas, páginas, números telefónicos están documentados y cuántos llegaron a una carpeta de investigación?
Amozoc, gobernado por Morena, venía con señales de deterioro con etiqueta de “zona de alta incidencia” en los mapas estatales. Pero algo pasó porque los patrullajes preventivos, los comités vecinales, la inteligencia mínima para detectar casas de enganche brillaron por su ausencia.
Un municipio no dispara las desapariciones del país, pero sí puede abrir o cerrar la puerta para que el fenómeno eche raíces.
Y lo peor que puede pasar es esperar el siguiente lote de publicaciones en Facebook para reaccionar. El punto no es sólo cómo regresaron los 11, sino por qué se fueron, es decir, quién los captó, cómo se organizaron los traslados, ¿si hubo cruces interestatales, cuánto tiempo estuvieron retenidos y dónde.
La gente quiere garantías de que la próxima “entrevista de trabajo” no sea la puerta a un cuarto sin salidas.
Si la puerta de entrada al crimen se llama “se solicita personal”, el municipio apoyado por el Estado tiene que clausurarla ya.
