No comprendo como es que un supuesto aumento a la tarifa del pasaje en el transporte público, sea tema.
De inicio, no creo que esto ocurra, de inicio porque la calidad del servicio esta muy lejos de merecer un premio para los transportistas.
En el escenario político de Puebla un tarifazo podría tener repercusiones negativas en la percepción ciudadana y en la estabilidad del próximo gobierno.
Este ajuste tarifario, que se pretende aprobar hasta por 19 pesos, en medio de la transición entre el actual gobernador, Sergio Céspedes, y su sucesor Alejandro Armenta, traería consigo una carga política de dimensiones importantes.
El recuerdo aún fresco del aumento del 2019, impulsado por el exgobernador Miguel Barbosa, es una advertencia clara de los riesgos asociados.
Cuando Barbosa autorizó aquel tarifazo en 2019, lo hizo con la promesa de mejoras que nunca llegaron: la renovación del parque vehicular, la instalación de cámaras de vigilancia para garantizar la seguridad de los pasajeros, y una mejora general en el servicio.
Un lustro después, la realidad es otra ya que las unidades son, en su mayoría, obsoletas, inseguras y en mal estado. La percepción de los usuarios sigue siendo negativa y el descontento es palpable.
El transporte público en Puebla no solo está marcado por el mal servicio, sino también por la inseguridad y los frecuentes accidentes, muchos de ellos mortales.
Para el gobernador Céspedes, la aprobación de este aumento podría representar un último movimiento que mancharía su gestión con un costo social y político alto. En una entidad donde la inflación y el costo de la vida ya golpean a las familias más vulnerables, un nuevo incremento sería visto como un acto de indiferencia hacia las necesidades de la población.
Si bien los transportistas y algunos actores económicos podrían aplaudir un ajuste tarifario, el impacto directo sobre el bolsillo de los poblanos sería una mancha difícil de borrar.
El futuro del transporte público en Puebla será, sin duda, una prueba de fuego tanto para el gobierno saliente como para el entrante. Se trata de demostrar que los intereses de los poblanos están por encima de los acuerdos políticos o económicos con los concesionarios.
