Durante años, la corrupción en la obra pública municipal fue una costumbre tolerada, casi institucionalizada. Una herencia de la vieja política que convirtió los presupuestos locales en botines personales. El gobernador en turno veía hacia otro lado y los alcaldes entendían el mensaje. Sin auditorías ni supervisiones reales, cada ayuntamiento administraba el dinero público como si fuera propio.
Ahí estaba el verdadero negocio. Calles mal hechas a precios inflados, obras reportadas que jamás existieron y contratos asignados a empresas “amigas”, ya fueran del compadre, del primo, de la esposa o del socio que nunca aparecía en el organigrama, pero sí en la cuenta bancaria. Una mina de oro.
Ese pacto se rompió el fin de semana pasado en Puebla. Y lo hizo de forma pública, frontal y sin anestesia.
El gobernador Alejandro Armenta encaró al presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán. No fue una crítica en privado ni un jalón de orejas en corto. Fue frente a ciudadanos y con micrófono abierto. Lo relevante no es solo el reclamo, sino que ambos militan en el mismo partido, en tiempos donde la disciplina morenista suele estar por encima de la rendición de cuentas.
Armenta cuestionó los presuntos sobrecostos en una obra de pavimentación y expuso que una sola calle no debía costar más de un millón de pesos. El alcalde se defendió argumentando la extensión de la obra, pero el gobernador no cedió. Insistió en que, si el municipio ejecutaba directamente los trabajos, el costo debía ser mucho menor.
El fondo del señalamiento fue todavía más delicado al exponer la decisión de licitar la obra para beneficiar a una empresa externa, encarecer el proyecto y permitir el famoso moche. La frase fue brutal por su claridad, pues las obras se encarecen porque la empresa se lleva una tajada y el funcionario otra.
Barragán pidió pruebas. Armenta respondió con el amago de que sea la Auditoría Superior del Estado quien intervenga.
Algo está cambiando. Parece que el poder ya no protege al que roba, aunque sea del mismo partido.
