El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) limitó las condiciones de acceso a la Modalidad 40, un esquema que permitía a trabajadores próximos al retiro aumentar su salario de cotización para obtener una pensión mayor, mientras el gobierno Federal asumía la mayor parte del costo de ese beneficio bajo la Ley del Seguro Social de 1973.
A partir del 22 de octubre de 2026, quienes se incorporen a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, conocida como Modalidad 40, podrán cotizar con su último salario registrado ante un patrón o con un monto superior de hasta una Unidad de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con el cambio aprobado por el Consejo Técnico del IMSS y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El acuerdo también elimina la posibilidad de realizar pagos retroactivos. Quienes ya estaban inscritos conservarán sus condiciones hasta la conclusión del periodo contratado.
Rodolfo Ostolaza, subdirector de estudios económicos en Banamex, estimó que, en un escenario de cotización con el salario máximo durante cinco años, la diferencia entre las aportaciones del asegurado y el valor de la pensión adicional representaría una transferencia neta de 6.1 millones de pesos por persona.
“La diferencia de 6.1 millones de pesos por persona sería la transferencia neta”, dijo.
Bajo esos supuestos, el gobierno federal cubriría 88 por ciento del valor de la pensión adicional, mientras que las cuotas pagadas por el asegurado representarían 12 por ciento.
“No es solamente un ajuste administrativo a una modalidad de aseguramiento; es un tope a un gasto público creciente”, dijo Ostolaza sobre el cambio.
¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS y cómo funciona?
La Modalidad 40 permite que las personas que dejan de cotizar como trabajadoras formales continúen acumulando semanas de cotización mediante aportaciones propias para su pensión.
El esquema es utilizado principalmente por personas sujetas a la Ley del Seguro Social de 1973, cuyo monto de pensión depende, entre otros factores, del salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas.
Con las reglas anteriores, los asegurados podían registrarse con un salario superior al último que habían percibido, hasta un límite de 25 UMA. Esto permitía elevar el promedio salarial utilizado para calcular la pensión mediante cotizaciones más altas durante los cinco años previos al retiro.
Ostolaza identificó una diferencia entre la trayectoria laboral de una persona y su capacidad para realizar aportaciones elevadas al final de su vida de trabajo.
“La transferencia del erario no depende de lo que la persona ganó en su vida laboral, sino de la capacidad de pago en los últimos años”, dijo.
Esta diferencia generó cuestionamientos sobre la relación entre las cuotas pagadas por los asegurados y las obligaciones de largo plazo que asume el Gobierno federal. También propició servicios de intermediación y promociones que ofrecían incrementos elevados en las pensiones.
El gasto en pensiones de la Ley de 1973 llegó a 795 mil 800 millones de pesos.
El número de personas inscritas en la Modalidad 40 pasó de 83 mil 100 al cierre de 2012 a 272 mil 900 en 2025, un incremento de 228 por ciento.
En paralelo, el presupuesto destinado a las pensiones en curso de pago bajo la Ley de 1973, financiadas por el gobierno federal, aumentó de 122 mil 200 millones de pesos en 2012 a 795 mil 800 millones de pesos en 2026. El monto se multiplicó por 6.5 en ese periodo.
Estas cifras corresponden al conjunto de las pensiones otorgadas bajo ese régimen y no exclusivamente a las relacionadas con la Modalidad 40. Por tanto, no permiten determinar por sí solas el costo fiscal atribuible a este mecanismo.
Ostolaza señaló la importancia de evaluar “la correspondencia entre las cuotas adicionales pagadas por sus afiliados y el costo fiscal de las pensiones resultantes”.
La diferencia entre ambos conceptos es relevante porque las aportaciones de los asegurados no necesariamente cubren el valor total de los beneficios que recibirán durante su retiro.
¿Cuánto costaba aumentar la pensión con la Modalidad 40?
Para dimensionar el subsidio implícito, Banamex presentó un ejercicio sobre una persona que cotizó bajo la Ley de 1973, se dio de baja a los 60 años, acumuló mil 300 semanas y tenía un último salario de tres UMA, equivalente a 10 mil 700 pesos mensuales.
En ese escenario, la mejor opción sin recurrir a la Modalidad 40 sería solicitar la pensión por cesantía a los 60 años. Le correspondería una pensión mínima de 10 mil 631 pesos mensuales, prácticamente la misma cantidad que obtendría si esperara hasta los 65 años.
La alternativa consistiría en posponer la pensión e incorporarse a la Modalidad 40 de 2026 a 2030, con cotizaciones calculadas sobre el salario máximo de 25 UMA. Al cumplir 65 años, tendría mil 560 semanas cotizadas.
Con esa estrategia, la pensión mensual aumentaría de 10 mil 631 a 62 mil 569 pesos, aunque el trabajador comenzaría a cobrarla cinco años después.
El costo de las aportaciones durante esos cinco años sería de 888 mil 985 pesos.
En la Modalidad 40, el asegurado paga las cuotas patronal y obrera correspondientes a retiro, cesantía y vejez, invalidez y vida, además de la cuota de gastos médicos de pensionados.
Como resultado de la reforma de 2020, la tasa de aportación aumenta gradualmente de 14.4 por ciento del salario en 2026 a 18.8 por ciento en 2030. Sobre el salario máximo, las cuotas representan 12 mil 872 pesos mensuales en 2026 y 16 mil 761 pesos en 2030.
Las cuotas cubrían 12% del valor de la pensión adicional
En el ejercicio de Banamex, el valor presente de las cuotas pagadas por el asegurado sería de 824 mil pesos, frente a una pensión adicional valuada en 6.9 millones de pesos.
Para estimar estos montos, Ostolaza utilizó una tasa de descuento de 3 por ciento por encima de la inflación y supuso que la persona viviría hasta los 83 años. El cálculo del beneficio adicional ya descuenta los cinco años de pensión a los que renunciaría el trabajador al posponer su retiro.
Bajo esos supuestos, la diferencia entre el valor de la pensión adicional y las aportaciones equivale a aproximadamente 6.1 millones de pesos por persona. De acuerdo con Ostolaza, el gobierno federal cubriría 88 por ciento del valor del beneficio, mientras que las cuotas del asegurado representarían 12 por ciento.
Si la tasa de descuento aumenta a 6 por ciento por encima de la inflación, la transferencia neta calculada se reduce a 3.4 millones de pesos.
El resultado también cambia si se incorpora la asignación familiar o ayuda asistencial de 15 por ciento que la Ley de 1973 otorga a casi todos los pensionados. En ese caso, la transferencia estimada subiría a 8.2 millones de pesos. Un mayor número de semanas cotizadas también incrementaría el monto.
No obstante, Ostolaza estableció que, en ninguno de los escenarios considerados, las aportaciones cubren más de 20 por ciento del valor de la pensión adicional. En consecuencia, el gobierno de México asumiría al menos 80 por ciento de ese costo bajo los supuestos del ejercicio.
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