La planta de amoniaco que desarrolla Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, generará alrededor de 10 mil empleos directos e indirectos e impulsará 4.2 millones de pesos para obras y apoyos en las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Topolobampo, informó la Secretaría de Economía (SE).
“Tres mil directos a través de su construcción, 7 mil indirectos entre proveedores de servicios, transportistas, comercios y todo lo que se mueve alrededor de un proyecto, así como 300 permanentes en los que tendrán prioridad personas de Topolobampo y Los Mochis”, detalló la dependencia federal, detalló mediante un comunicado.
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Además, los recursos se emplearon en mejorar la infraestructura educativa de la preparatoria número 13 y de la Escuela Jaime Nunó, “beneficiando a mil 100 alumnos”.
También, la compañía realizó la donación de un camión escolar a la Secundaria Técnica número 9, lo que permitió que 150 estudiantes adicionales puedan trasladarse diariamente a sus centros de estudio.
De igual forma, la empresa también destacó que, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (Icatsin), se pusieron en marcha programas de formación para 3 mil 745 personas, principalmente mujeres, con el objetivo de fortalecer sus oportunidades de desarrollo laboral y personal.
A estos esfuerzos se sumaron los cursos impartidos durante 2022 y 2023, que beneficiaron a otras 2 mil 885 mujeres de la región.
“En 2024, se construyó un aula para el Telebachillerato en Ohuira y se equipó el kínder Juan Enrique Pestalozzi con juegos infantiles”.
“Ese año, con una inversión de más de 6.5 mdp se llegó a 23 mil personas. Y algo que vale la pena destacar: ese mismo año, mujeres de la comunidad recibieron capacitación en soldadura y electricidad, oficios que abren puertas a empleos bien pagados”, indicó la dependencia.
Y para dar continuidad a estos programas, la empresa prevé destinar 1.5 millones de pesos adicionales en inversión social durante el resto de 2026 y otros 8 millones de pesos en 2027.
Los recursos serán administrados mediante un fideicomiso en el que el gobierno fungirá como garante, mientras que la propia comunidad será responsable de su gestión, con el propósito de respetar la autonomía de las localidades beneficiadas.
MVDJ
