Con la designación de Andrea Marván Saltiel como comisionada presidenta de la Comisión Nacional Antimonopolio, se puso en marcha este organismo constitucional autónomo que garantizará la competencia de los mercados.
Será la única autoridad encargada de garantizar la competencia en los diferentes mercados en beneficio de los consumidores, así como del desarrollo económico del país, explicó un comunicado.
“Sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en las atribuciones vinculadas con la política de competencia económica en todos los mercados; así como en materia de preponderancia y participación cruzada en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”, se lee en el documento.
En este sentido, el pleno de la Comisión Nacional Antimonopolio quedó conformado por los siguientes comisionados : Andrea Marván Saltiel, Ana María Reséndiz Mora, Oscar Alejandro Gómez Romero, Ricardo Salgado Perrilliat y Soledad Aragón Martínez.
A su vez, el pleno de este organismo nombró a Juan Francisco Valerio Méndez como secretario técnico.
El pleno también acordó que se considerarán hábiles los días 17, 20 y 21 de octubre de 2025, “no obstante, no correrán los plazos procesales en esas fechas”.
Esto debido a que los sistemas electrónicos de la Comisión Nacional Antimonopolio estuvieron fuera de operación durante varias horas, por lo que se continúa validando su correcto funcionamiento.
A su vez, detalló que se está trabajando en la conclusión de la transferencia de los expedientes y recursos materiales a la Comisión Nacional Antimonopolio, por lo que el organismo autónomo continuará realizando los trámites necesarios para encontrarse en pleno funcionamiento.
“Es necesario garantizar los derechos de los agentes económicos y que cuenten con certeza sobre los plazos que operan en los expedientes de los que son parte”, explicó.
También se enfatizó que la Ley Federal de Competencia Económica reformada prevé un marco institucional fortalecido que dota a la Comisión de procedimientos más ágiles, sanciones más severas, así como de herramientas legales actualizadas para proteger la libre concurrencia y el funcionamiento eficiente de los mercados.
AG
