Cada año, México enfrenta desastres y emergencias más profundas debido al Cambio Climático. Para muestra, luego de una fuerte sequía que azotó los estados del norte del país la primera mitad de 2025, los eventos hidrometeorológicos del verano han convertido las albricias por la llegada de las lluvias en gritos de auxilio.
Eso, aunado al alza de temperaturas en la reciente temporada de calor, pone de manifiesto que, para México, el panorama climático es, por decir lo menos, complejo.
Aunque estos cambios en el clima de la Tierra no solo afectan a México, también se ha visto que el país se está calentando más rápido que el promedio global, con hasta 1.8 grados Centígrados por encima de niveles preindustriales —contra 1.4 global—, con efectos que provocan escasez de agua, incendios forestales, pérdida de biodiversidad y menor producción agrícola, al tiempo que ponen en riesgo la salud de las personas, especialmente a las comunidades más vulnerables.
Todo esto, aunado a los compromisos de México en el Acuerdo de París —reducir 22 por ciento sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y las de carbono negro en 51 por ciento, para 2030—, hace urgente tomar medidas para controlar, reducir y compensar las emisiones de carbono y otros gases en el país; entre dichas acciones está el establecimiento de un sistema federal obligatorio de comercio emisiones de carbono (SCE).
El cambio climático se aceleró a la par de la creciente emisión de GEI que se desprenden de las actividades humanas, y su concentración produce el denominado efecto invernadero, que a su vez impulsa un incremento en la temperatura general del planeta.
En respuesta, los gobiernos del mundo han establecido diferentes políticas para disminuir las emisiones de GEI, dentro de las que están los mercados de carbono, que son espacios donde los gobiernos, las empresas y las personas pueden comprar o vender certificados que representan emisiones o reducciones de GEI, a los que se les llama créditos de carbono.
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temperatura de México;
siendo 1.4° el promedio
del incremento mundial"
Existen dos tipos de Mercados de Carbono, el voluntario y el obligatorio (o regulado). El primero es un mercado de compensación de carbono en el que empresas y particulares pueden adquirir voluntariamente créditos de proyectos que reducen o eliminan CO2 de la atmósfera.
La participación en este mercado responde a objetivos asociados principalmente a la responsabilidad social corporativa o por temas reputacionales.
Por otra parte, el mercado de cumplimiento obligado es un sistema basado en la fijación de límites máximos y el comercio de derechos de emisión, que suelen aplicar los gobiernos.
Es decir, estos sistemas fijan un límite a las emisiones de gases de efecto invernadero y permiten el comercio de permisos entre entidades reguladas. Ambos tipos de mercado pretenden tasar a los GEI, para impulsar a las empresas a reducir sus emisiones e invertir en tecnologías más ecológicas.
Por el volumen de participación y estar atado a regulaciones estrictas, el mercado obligatorio es más eficiente en cuanto a reducción de emisiones y por ello goza de un papel clave en las estrategias nacionales de mitigación del Cambio Climático de varios países.
Estos mercados de créditos de carbono internalizan eficazmente el coste de la contaminación, al estimular la innovación en tecnologías limpias y su adopción en todos los sectores.
México fue el primer país de América Latina en aplicar —en 2014— un impuesto sobre el carbono, así como en desarrollar un sistema de comercio de emisiones en 2019.
Actualmente, el país opera la compra y venta de créditos de carbono con dos esquemas diferentes: un mercado voluntario, en donde las empresas deciden si participan o no, y que ha crecido a su aire con 87.5 por ciento de los proyectos enfocados en temas forestales, según datos del informe Mercado Voluntario de Carbono en México: Caracterización y resultados de su estudio en territorio: 2024, elaborado por Semarnat, INECC y GGGI.
Y un mercado obligatorio, vigente en 11 entidades de la República, que han establecido impuestos a las emisiones de GEI, aunque de ellos solo Tamaulipas, Querétaro, Guanajuato y Colima permiten el pago mediante créditos de carbono, explica Eduardo Piquero, director de MEXICO2.
EL DATO"Un crédito de carbono,
Equivale a una tonelada de dióxido de carbono no emitida o capturada"
Solo queda pendiente poner en marcha a nivel federal el mercado obligatorio que se ha venido desarrollando desde hace una década, y que si bien lleva casi tres años de retraso —debía arrancar operaciones en enero de 2023—, parece que al fin estará listo para entrar en su fase final oficialmente en 2026.
Para lograrlo, hace falta una regulación plenamente aplicable para las empresas. “En esta fase se definirán los topes de emisión y la asignación inicial de permisos, lo que permitirá una regulación más estricta y efectiva.
Además, se busca la interconexión con otros mercados latinoamericanos, como Chile y Colombia, bajo estándares comunes. Este enfoque regional es destacable”, dice Ruth Guevara, Climate Change and Sustainability Services Leader para EY Latinoamérica.
Como preparación para la obligatoriedad federal, se desarrolló la plataforma de simulación MEXICO2, de la mano de la Bolsa Mexicana de Valores.
En el llamado Ejercicio, diversas empresas de los sectores con mayor volumen de emisiones de GEI, como el acero, la cerámica, la generación de energía eléctrica e hidrocarburos participaron voluntariamente para entender su funcionamiento y estar listos para la fase obligatoria, explica Piquero, director de la plataforma.
Se trató una simulación de mercado, donde participaron diferentes empresas, tomando decisiones para reducir sus emisiones de carbono y al final del periodo, la que obtuvo mejores resultados, fue la ganadora.
“Esta etapa involucró a alrededor de 300 empresas de sectores clave como el energético e industrial, incluyendo petróleo, cemento, acero, vidrio y electricidad. Este esfuerzo abarcó aproximadamente el 40 por ciento de las emisiones nacionales, enfocándose en instalaciones que generan más de 100 mil toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente) al año”, comenta Guevara, de EY.
Actualmente, la plataforma funciona como un espacio de intercambio voluntario de créditos de carbono, que conecta a compradores y vendedores, y en ella más de 80 por ciento de los proyectos son forestales, debido a la vocación natural de México y a que son proyectos que sabemos hacer muy bien en el país gracias a la experiencia de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), cuenta Piquero.
Además de los proyectos forestales, México tiene gran potencial en la captura de otros GEI, agrega, especialmente el metano, proveniente de rellenos sanitarios y desechos agrícolas, algo que cobra relevancia en tanto este gas tiene un potencial de calentamiento global 28 veces superior al dióxido de carbono (CO2).
Un tema importante, agrega Piquero, es saber que los créditos de carbono que se tratan en la plataforma provienen de proyectos que ya existen y están certificados ante un estándar internacional, lo que garantiza transparencia. “Es decir, no es un instrumento para facilitar el financiamiento de una actividad, sino que se emite una vez que la actividad ya está en funcionamiento y ha dado resultados”.
MEXICO2 cuenta hoy con entre 20 y 30 empresas que participan voluntariamente en el mercado, y se espera que al entrar en vigor la regulación obligatoria, la cifra aumente a unas 350 empresas, específicamente de los sectores energético e industrial.
KRC
