El sindicato canadiense United Steelworkers (USW) exigió a la Fiscalía General de Canadá considerar cargos penales en contra de la corporación Orla Mining, luego de que un panel de investigación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ratificara la existencia de violaciones graves a los derechos humanos y laborales en la mina Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas.
En un comunicado de la USW, señala que el veredicto del panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida se derivó de una queja interpuesta ante el gobierno de Estados Unidos por el sindicato mexicano Los Mineros, con el respaldo de la USW.
La resolución concluyó que los trabajadores de la mina; actualmente en proceso de adquisición por Equinox Gold fueron coaccionados para desafiliarse de Los Mineros y adherirse a un sindicato patronal.
También señaló que se constató que un contratista vinculado al crimen organizado, contratado por la minera, sembró un ‘clima de miedo’ mediante la irrupción de hombres armados en asambleas sindicales y amenazas de muerte que obligaron a los líderes de Los Mineros y a sus familias a huir.
Piden aplicación de la Ley
El director nacional de la USW, Marty Warren, calificó los ataques de inadmisibles y urgió a las autoridades canadienses a aplicar la ley de cara a la próxima revisión del tratado comercial.
"El reporte de los ataques contra los miembros de Los Mineros en la mina Camino Rojo es indignante. Es inconcebible que una corporación canadiense esté involucrada en tácticas violentas contra sindicatos en México, presuntamente respaldada por el crimen organizado".
El sindicato también evidenció asimetrías en la prontitud de los mecanismos de resolución del T-MEC. Mientras la vía estadounidense avanzó con celeridad, una queja similar presentada por la USW ante el Ministerio de Empleo y Desarrollo Social de Canadá en noviembre de 2024 demoró casi 18 meses en procesarse, superando el plazo legal de 40 días para su valoración inicial.
Agregó que fue hasta el pasado 28 de abril de 2026 cuando el gobierno canadiense remitió formalmente la queja a la administración de México, la cual cuenta con 10 días bajo las reglas del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida para determinar si indagará el caso; a la fecha, el gobierno mexicano no ha emitido una respuesta.
Orla Mining publicó un comunicado el pasado 4 de mayo en el que se comprometió a acatar los hallazgos del panel, declarando su neutralidad sindical, anunciando capacitaciones sobre libertad de asociación y reconociendo formalmente los derechos de Los Mineros en el complejo zacatecano.
La USW advirtió que la postura de la empresa es incompleta al omitir la reparación del daño para los trabajadores que continúan amenazados en la clandestinidad.
El sindicato insistió en que tanto Orla Mining como el gobierno mexicano deben desarticular la presencia de la delincuencia organizada en la mina y la comunidad circundante para garantizar un retorno seguro de los empleados a sus puestos de trabajo.
Estados Unidos a través de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) también utilizó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida contra Orla Mining por violaciones a los derechos laborales en la mina Camino Rojo.
AG
