Aumentar la recaudación al elevar la tasa de cobro de ciertos impuestos no es sostenible en el mediano y largo plazo para lograr la consolidación fiscal si no se baja el gasto, expuso el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
En su reporte semanal remarcó que el mayor presupuesto destinado a programas sociales y el mayor dispendio a proyectos prioritarios, como es ayudar a Pemex a bajar su deuda, son los que presionan la estabilidad de las finanzas públicas.
“Es claro qué a pesar de los esfuerzos de las autoridades hacendarias para lograr reducir el desbalance del sector público, lo restringido de las fuentes de ingresos y la creciente necesidad de recursos están limitando la consolidación fiscal”, explicó.
Apuntan que por la mayor necesidad de recursos públicos como consecuencia de los crecientes costos en programas y proyectos prioritarios del gobierno se propone un aumento de 5.9 por ciento en el gasto total.
Este porcentaje difiere con la disminución de 3.9 por ciento propuesta en el documento de Precriterios que se presentó en abril pasado.
El Ceesp agregó que las autoridades consideran que la economía mexicana seguirá mostrando resiliencia gracias a la fortaleza del consumo de los hogares, la inversión nacional y la posición estratégica del país en las cadenas globales de valor.
Sin embargo, señaló que estos elementos muestran un debilitamiento que podría extenderse el próximo año, lo cual afectará la recaudación.
“No hay duda de que un aumento de los ingresos es favorable, pero lo sería más si su origen se apoya principalmente en el ritmo de crecimiento de la economía”, dijo.
En este contexto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima que los ingresos públicos crecerán 6.3 por ciento, de acuerdo a los Criterios Generales de Política Económica 2026, “que en principio es una buena noticia”.
“La fuente principal de este comportamiento en la política de ingresos estará orientada a fortalecer la eficiencia recaudatoria”, dijo el Cessp.
Comentó que lo anterior estará acompañado de una ampliación de la base de contribuyentes y de otras políticas que implican el aumento de impuestos, como los de bebidas azucaradas, tabaco, servicios digitales de videojuegos y una política de cobro de aranceles para productos provenientes de países con los que no tenemos tratados de libre comercio.
