Bansi, Institución de Banca Múltiple fundada en Guadalajara, arrastra un historial de sanciones regulatorias, reclamos de usuarios y señalamientos en un esquema de desvío millonario en San Luis Potosí. Entre 2018 y 2024, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le ha impuesto 14 sanciones económicas por incumplimientos a la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
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Entre las faltas detectadas por el regulador está el no entregar información requerida en los plazos establecidos, deficiencias en sus controles internos, registros contables incorrectos y fallas en el cumplimiento del Coeficiente de Cobertura de Liquidez.
A ello se suman deficiencias reiteradas en materia de prevención de lavado de dinero, irregularidades en la integración de su Comité de Auditoría, presidido por una persona con conflicto de interés y Consejo de Administración, al no cumplir con el porcentaje mínimo de consejeros independientes, y por infringir disposiciones relacionadas con redes de medios de disposición.
En paralelo, las reclamaciones de sus clientes ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ) han crecido de manera sostenida. Según datos oficiales entre 2021 y 2025 se registraron 1,819 reclamaciones. Solo de enero a marzo de 2025, acumuló 41 reclamos.
En la mira por desfalco
En enero de 2024, un caso de presunto desvío de recursos en la Dirección General de Pensiones del Estado de San Luis Potosí vinculó directamente a un directivo de Bansi. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí detuvo a siete personas, incluidos tres funcionarios públicos, por los presuntos delitos de ejercicio abusivo de funciones y peculado, con un daño estimado que podría alcanzar hasta 700 millones de pesos.
El fiscal general, José Luis Ruiz Contreras, informó que entre 2020 y 2023 la Tesorería de Pensiones gestionó irregularmente la apertura de más de 60 cuentas bancarias en una sola institución, cuando solo estaban autorizadas cuatro, para desviar recursos mediante triangulación hacia particulares y funcionarios.
Entre los detenidos figura Arturo “N”, director regional de Bansi, señalado como responsable de facilitar la apertura de las cuentas utilizadas en el esquema.
De acuerdo con la fiscalía, los recursos retenidos a trabajadores eran transferidos a la empresa financiera Trapeza, que debía fungir como intermediaria para créditos hipotecarios, pero en lugar de eso se utilizó para dispersar dinero a cuentas de particulares. La investigación contempla al menos otras tres empresas posiblemente involucradas.
El actual director de Pensiones, Luis Arturo Coronado Puente, y su antecesor, Jorge Escudero Villa, denunciaron las irregularidades detectadas durante sus gestiones. La fiscalía también analiza posibles responsabilidades de representantes de la Secretaría de Finanzas del Estado de San Luis Potosí y de sindicatos que integran la Junta de Gobierno de Pensiones.
Los siete implicados fueron presentados ante un juez de control. La Fiscalía General del Estado informó que ya se realizaron cateos en los domicilios de algunos de ellos y que la investigación continúa abierta.
SRN
