Incomunicados y sometidos a detenciones que pueden prolongarse por meses, migrantes que caen en manos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) sufren la saturación de los centros de detención, tanto en las condiciones de su internamiento como en la defensa legal que reciben.
Casos de migrantes en situaciones vulnerables se duplica
“Llegan ahí, al centro de detención. Hay el doble o el triple de la población de la que debe de estar en esos centros; están sobresaturados. Es difícil hablar con la familia, conseguir un abogado es costoso, la comida está fatal, no hay atención médica. Es horrible. Todos los días está peor”, afirma Jodi Goodwin, ex abogada del Tribunal de Inmigración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y quien ha atendido cientos de casos por al menos 20 años en McAllen, Texas.
Debido a las nuevas políticas migratorias del líder republicano, Donald Trump, se estima que hay unos 60 casos diarios de migrantes que buscan ayuda tras ser detenidos y procesados por el ICE. Se trata de casi el doble de lo que había atendido en administraciones pasadas.
De acuerdo con la abogada, este es un fenómeno que se replica en decenas de despachos jurídicos dedicados a la atención de personas migrantes.
Actualmente, hay más de 170 mil personas que se encuentran bajo custodia del ICE, según Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el nivel más alto registrado desde la creación de la agencia en 2003. De ellos, al menos 13 mil 722 llevan bajo su custodia más de seis meses, de acuerdo con datos de la cancillería mexicana.
Organizaciones civiles indican que en la mayoría de los casos los detenidos no tienen acceso a derechos básicos como asesoría legal, comunicación con sus familiares, áreas de descanso y aseo o asesoría consular.
“No tienen suficiente atención médica, acceso a agua potable, comunicación con sus familiares. No hay duda de que habrá más muertes”, afirma con contundencia la abogada.
Mexicanos muertos bajo custodia de ICE
Desde enero de 2015, al menos 37 personas han muerto bajo custodia de la agencia de inmigración, entre ellas 14 ciudadanos mexicanos. El caso más reciente, el de José Guadalupe Ramos Solano, quien falleció en el centro de procesamiento de datos de Adelanto, California, el miércoles 25 de marzo.
Antes de él, Roger Pérez Jiménez, un joven originario de Chiapas de tan solo 19 años, murió el 16 de marzo, en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida. De acuerdo con el ICE, se presume que el joven falleció por un presunto suicidio, aunque la familia insiste en una investigación más exhaustiva.
A estos casos se suma el de Alberto Gutiérrez Reyes, un connacional de origen veracruzano que falleció el 27 de febrero en el Centro de Detención de Adelanto en California tras solicitar en repetidas ocasiones atención médica, pues padecía diabetes. A un mes de su muerte, su familia sigue exigiendo justicia.
“Cuando sale algo que los hace ver mal, harán todo lo posible para encubrirlo. Si la narrativa es que fue suicidio, entonces ellos seguirán con eso y van a inventar todas las evidencias para eso”, acusa Goodwin.
“Ellos tienen una serie de políticas que deben de seguir para atender a los migrantes, pero solo no lo hacen”, indica.
Es así que las familias de migrantes deben dejar de lado el dolor por la pérdida para encaminarse a un reto mayor.
Recopilar la mayor información y evidencia, afrontar el retraso de las audiencias en las cortes o tratar de costear las defensas privadas, que pueden alcanzar hasta los 300 dólares por hora —hasta 5 mil pesos mexicanos—, son solo algunas de las complicaciones que pueden llegar a afrentar para tratar de acceder a la justicia.
“Lo que yo le sugiero a una familia si un miembro muere bajo la custodia de ICE, es que de inmediato consiga un abogado y él le avise a los fiscales de la Oficina del Procurador General, perteneciente al Departamento de Justicia. Una vez que ellos están avisados, legalmente tienen que preservar las evidencias. Con eso por lo menos, en algún litigio, puede demostrar que desde el inicio estaban notificados y que no pueden destruir las evidencias”, recomienda la abogada.
MD
