M+.- Mientras la NASA planea establecer presencia humana en la Luna, Feliciana Sánchez, una migrante mexicana que fabrica piezas en una empresa proveedora de la agencia espacial estadunidense, no podría estar más a ras de tierra: en México le quieren quitar la casa que construyó con décadas de trabajo en este suburbio ubicado a 63 kilómetros de Atlanta.
“Esa propiedad es limpia. La compré con dinero limpio”, dice a MILENIO durante una entrevista vespertina, después de una jornada laboral que comenzó a las 3:40 de la madrugada.
Desde hace meses, Feliciana carga con la posibilidad de perder el hogar ubicado en Zimapán, Hidalgo —su tierra natal de donde emigró hace 34 años—, debido a un procedimiento de extinción de dominio promovido por la Procuraduría estatal que, de perder, pasaría a manos del Estado.
“Allá pensaba retirarme, vivir la vejez”, lamenta.
Su rostro está cansado. Este problema ocurre en medio de una herramienta que ha ganado terreno en el país: entre 2019 y 2024, la Fiscalía General de la República obtuvo 143 sentencias favorables de extinción de dominio y recuperó alrededor de 573 millones de pesos en bienes.
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En Hidalgo, las autoridades reportaron 272 inmuebles asegurados entre 2016 y abril de 2024. Sin embargo, las cifras oficiales no permiten saber cuántos de esos bienes pertenecen a migrantes que invirtieron sus ahorros en México ni cuántos enfrentan dificultades para defenderlos desde el extranjero.
De acuerdo con una encuesta del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), alrededor del 32 por ciento de los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos afirmó ser propietario de una vivienda en su país.
Esto implica a alrededor de 3.8 millones de personas, tomando como referencia la población nacida en México que reside en territorio estadunidense.
Feliciana llegó a Estados Unidos en 1992, se hizo ciudadana en el año 2000 y durante más de treinta años envió dinero a México para comprar un terreno y levantar una casa de tres niveles. Hoy, mientras sigue cumpliendo jornadas de más de diez horas, también debe enfrentar un litigio a más de 2 mil kilómetros de distancia.
Tanto ella como su hijo Gustavo Trejo —quien llegó a la entrevista después de una larga jornada repartida entre trabajos de construcción y el cuidado de acuarios— aseguran que la propiedad fue adquirida a familiares y construida poco a poco con remesas enviadas desde Estados Unidos. La familia sostiene que los espacios superiores fueron rentados a jóvenes universitarios y que desconocían cualquier actividad ilícita dentro del inmueble.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo sostiene lo contrario. Según la carpeta de investigación 12-2024-09263, a la que este diario tuvo acceso, el procedimiento se originó tras una denuncia anónima recibida en junio de 2024.
Posteriormente, se realizó un cateo en el que fueron localizadas nueve bolsas “con hierba verde seca” y 29 bolsas con una sustancia sólida blanca. Con base en esos hallazgos, la autoridad sostiene que los propietarios conocían las actividades ilícitas que presuntamente se realizaban en el inmueble.
Además, la Procuraduría valuó la propiedad en 2 millones 650 mil pesos y argumenta que la escritura presentada por la familia acredita la propiedad del inmueble, pero no necesariamente la procedencia de todos los recursos utilizados para construirlo. También sostiene que la transformación del terreno original en una vivienda de tres niveles no sería congruente con la actividad económica de la propietaria.
“He trabajado por décadas, ganando en dólares”
La batalla no sólo se libra en los tribunales. También se pelea con dinero, tiempo y distancia. Gustavo Trejo calcula que la familia ha gastado ya más de 200 mil pesos en litigios, amparos, peritajes y trámites para intentar conservar el inmueble.
El abogado de Feliciana, Gustavo Alfredo Yáñez, explica que el caso se encuentra todavía en una etapa preliminar. La demanda ya fue contestada y la controversia quedó definida.
“La propiedad fue adquirida mediante escritura pública, se pagaron impuestos y existe documentación que acredita su origen. La buena fe se presume mientras no se demuestre lo contrario”.
Lo que sigue será la audiencia inicial, donde el juez determinará cuáles pruebas serán admitidas y qué hechos permanecerán en disputa entre la Procuraduría y la defensa en un caso que ya expone una pregunta que va más allá de una sola vivienda en Hidalgo: ¿qué tan fácil o difícil resulta para un migrante defender desde el extranjero su patrimonio?
Feliciana dice que, por la naturaleza de su trabajo, no puede viajar a México cada vez que surge una audiencia o una diligencia. Debe pedir permisos con anticipación. Además, las fechas cambian constantemente y nada parece estable.
“A mí se me complica. ¡Imagínese a los indocumentados!”, destaca.
Figura imperfecta
El caso de Feliciana resume uno de los debates más delicados de la extinción de dominio en México: cómo combatir el patrimonio vinculado a actividades ilícitas sin afectar a propietarios que aseguran haber actuado de manera legal.
Ella ha presentado escrituras, comprobantes de pago de impuestos —incluso el formulario W-2, que reporta los ingresos anuales de los trabajadores en Estados Unidos—, registros notariales y otros documentos para acreditar que la compraventa fue legítima y que la posesión del inmueble ha sido pública, pacífica y continua.
Aun así, el caso avanzó hasta los tribunales. En la carpeta de investigación, la Procuraduría estatal argumentó que “no es suficiente para tener por acreditada la legítima procedencia” del valor que calcula para la propiedad: 2.6 millones de pesos.
“Es ridículo ese avalúo para un inmueble de 64 metros cuadrados en provincia”, interviene Gustavo. “Además, esa propiedad costó como 800 mil pesos porque yo la estuve construyendo con mis manos y, aunque hubiera costado el valor que dice el gobierno, mi mamá generó esos ingresos sin problema”.
Después de la resolución de la Suprema Corte en 2021, el eje principal de las investigaciones para la extinción de dominio se concentra en probar la legitimidad del derecho de propiedad y el origen lícito del patrimonio; anteriormente, el dueño tenía que demostrar que no estaba enterado de que en su propiedad se cometían delitos.
Es decir, jurídicamente hoy pesa más la pregunta: “¿De dónde salió el dinero y cómo se adquirió el bien?” que la interrogante: “¿Qué sabía el propietario sobre el uso posterior del inmueble?”.
De todos modos, en la práctica, los jueces todavía analizan las circunstancias de cada caso para determinar si el propietario actuó de manera legítima y desconocía hechos ilícitos.
Gilmar Santander, experto internacional en extinción de dominio (fue corredactor del código de extinción de dominio en Colombia), observa que el verdadero desafío para el Estado es encontrar un equilibrio entre la lucha contra el crimen y la protección de derechos fundamentales como la propiedad, la seguridad jurídica y el debido proceso.
“A México le hace falta adaptar la ley de extinción de dominio a estándares internacionales”.
En ese sentido, el abogado Yáñez considera que, en el caso de Feliciana, las irregularidades violan por mucho el debido proceso porque se solicitó la orden de cateo únicamente con base en la vigilancia realizada durante dos días por un policía.
“No existía una investigación previa robusta ni una persona plenamente identificada cuya detención se buscará durante el cateo”.
A su juicio, esto es importante porque la Constitución establece que las órdenes de cateo deben señalar el lugar que será inspeccionado, las personas que se busca detener y los objetos relacionados con el delito que se pretende localizar.
¿Nueva modalidad del crimen organizado?
La extinción de dominio está vigente en los 32 estados del país y a nivel federal desde la reforma constitucional de 2019 y la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
Esto significa que cualquier entidad puede promover juicios para que bienes vinculados con actividades ilícitas pasen a propiedad del Estado en asuntos relacionados con delincuencia organizada, secuestro, trata de personas, lavado de dinero, corrupción, delitos contra la salud, robo de vehículos y otros delitos previstos en la Constitución y la ley.
Sin embargo, su aplicación es desigual. Mientras la Ciudad de México concentra la mayor cantidad de casos y sentencias reportadas, estados como Hidalgo, Chihuahua, Guanajuato y otros han impulsado procedimientos de manera más limitada.
La diferencia no está en la ley, sino en la capacidad de las fiscalías para investigar los casos y llevarlos ante los tribunales. Hidalgo tiene antecedentes de impulsar acciones de extinción de dominio desde 2020. Este diario solicitó cifras sobre cuántos bienes se encuentran ya bajo administración del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado estatal, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Para el procedimiento en contra de Feliciana, la Procuraduría argumenta en la carpeta de investigación que todo inició tras una llamada anónima en la que se acusaba a Gustavo —un hombre de aproximadamente 1.68 metros de estatura, moreno, con barba de candado y que casi siempre usa gorra, según la descripción— de vender droga y afectar a los vecinos.
Sin embargo, él dice a MILENIO que el día del cateo no iban precisamente en contra de él, sino a sembrar droga, una queja recurrente contra corporaciones policíacas mexicanas y que aparece documentada en diversas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La CNDH ha documentado detenciones arbitrarias, tortura, fabricación de pruebas y alteración de evidencias por parte de autoridades policiales y ministeriales en distintos periodos y entidades del país.
Gustavo afirma que durante el cateo los policías arrancaron las cámaras, destruyeron parte de la instalación eléctrica y se llevaron todos los equipos de grabación. Asegura que, además, sustrajeron botellas y mercancía que se encontraba dentro del establecimiento.
“Esas grabaciones desaparecieron”, afirma. “Por eso siempre he preguntado: si realmente tenían evidencia de actividades ilícitas, ¿por qué eliminaron las cámaras que podían demostrarlo?”.
Algunas de las razones que la familia encuentra para explicar su situación tienen un trasfondo más oscuro: presuntos vínculos entre autoridades municipales y grupos criminales.
Gustavo entró en la política de manera temporal. Junto con dos amigos, apoyó una campaña del Partido Verde. A él le ofrecieron una regiduría, pero la rechazó. No buscaba un cargo público ni una carrera política. Tras la derrota electoral, asegura, comenzaron las extorsiones.
Primero buscaron a uno de sus amigos y después a él. Les exigían dinero. Su amigo terminó pagando. Él se negó.
“No tenía por qué darles un peso. No me dedicaba a nada ilegal”.
La negativa, sostiene, tuvo consecuencias. Su amigo había construido una empresa de transporte en Estados Unidos y sostenía a una familia. Él, por su parte, viajaba de manera intermitente entre México y Estados Unidos y en ese momento planeaba regresar definitivamente al vecino país.
Asegura que después de negarse a la extorsión comenzó la cadena de hechos que terminaría llevándolo ante la justicia junto con su madre por la extinción de dominio.
El abogado Yáñez sostiene que el caso de Gustavo no es el único que ha detectado relacionado con propiedades de migrantes.
“Son más vulnerables porque no se encuentran aquí”, dice. “También puede solucionarse si se hacen contratos de arrendamiento con una cláusula para proteger al arrendatario de posibles actos ilícitos en su propiedad”.
Actualmente, también representa otro caso de extinción de dominio en Zimapán, donde las autoridades catearon únicamente una habitación dentro de una vecindad, pero la acción judicial busca alcanzar la totalidad del predio.
La propiedad comprende alrededor de 32 cuartos de renta, una casa independiente y un departamento. Para la defensa, no existe proporción entre el hecho investigado y el patrimonio en riesgo.
“Catearon un cuarto, pero quieren quedarse con todo”, resume.
Los afectados sospechan que algunas autoridades podrían intentar quedarse con propiedades a valores muy inferiores a los del mercado y que por ello impulsan este tipo de acciones.
El analista Santander sostiene que el destino final de los bienes debería privilegiar el interés público, lo que ayudaría a cerrar espacios para posibles abusos.
“La propiedad debe ser sometida al interés general, al interés común y al cumplimiento de una función social”.
Cifras
Ingresos obtenidos por el INDEP por venta de bienes
(millones de pesos)
- 2020— 353
- 2021— 2,932
- 2022— 878
- 2023— 45.9
- 2025— 40.9
Fuente: ASF, cuenta pública
AH
