El 4 de julio de 2025, una docena de personas vestidas de negro llegó al Centro de Detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Prairieland, en Alvarado, Texas, con fuegos artificiales y pintura en aerosol. Alguien entre la multitud incluso disparó un arma y un policía local recibió un balazo en el cuello, pero fue dado de alta el mismo día.
Esa noche marcó el arranque de la mayor operación ‘antiterrorista’ contra la izquierda en la historia reciente de Estados Unidos: 19 personas fueron procesadas por un solo incidente.
Cuatro meses después, el 14 de noviembre de 2025, el Departamento de Justicia formalizó cargos de terrorismo contra personas vinculadas a movimientos antifascistas. Era la primera vez que se usaban este tipo de acusaciones contra una iniciativa semejante en la historia del país.
Una revisión de MILENIO en archivos judiciales de cortes federales revela que entre enero de 2025 y febrero de 2026, el gobierno de Trump ha procesado a 44 personas por presuntos actos de violencia política vinculados a movimientos “antigubernamentales” y de “izquierda radical”, como los ha llamado.
Antifa es la denominación más conocida del movimiento descentralizado, no unificado, que reúne a grupos de izquierda radical, y sobre ella está puesta la mayor atención del gobierno actual.
Los casos que se persiguen van desde conspiración para bombardear empresas en Nochevieja hasta amenazas en redes sociales contra agentes de la migra, mejor ubicada como ICE.
Pero de esos 44 procesados, solo dos enfrentan cargos por intento de asesinato de oficiales federales. La mayoría está acusada de obstrucción durante protestas, amenazas en internet o interferencia con operaciones policiales. Ningún civil murió en los incidentes atribuidos a estos grupos.
La persecución de activistas de “izquierda radical” que está llevando a cabo el gobierno de Donald Trump recuerda los años más conspiranoicos de la Guerra Fría, cuando los agentes estadunidenses tenían en la mira a los partidarios de la “amenaza comunista”.
Las recientes acciones del ICE parecen estar inspiradas en el nacionalismo que reinó entre 1947 y 1991. El péndulo de la historia nunca renuncia a su vaivén.
Un memo que redefinió al “enemigo interno”
El 25 de septiembre de 2025, Donald Trump firmó el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional número 7 (NSPM-7), que ordenó al Departamento de Justicia tratar el “terrorismo doméstico” como prioridad nacional. Tres días antes, el 22, ya había firmado una orden ejecutiva designando a Antifa como “organización terrorista doméstica”.
El documento identificó como indicadores de amenaza terrorista el “antiamericanismo, el anticapitalismo y el anticristianismo”, así como la “adherencia a ideología radical de género” y la “oposición a la aplicación de las leyes de inmigración”.
El 29 de septiembre de 2025, la fiscal general Pam Bondi emitió un memorando operativo dirigido al FBI, a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (conocida por sus siglas ATF), los Marshals y la agencia antinarcóticos DEA, en el que pedía defender las instalaciones del ICE “donde sea y cuando sea que estén bajo ataque”.
El 4 de diciembre de 2025, Bondi emitió una segunda directiva que ordenó al FBI compilar una lista de “grupos o entidades involucradas en actos que pudieran constituir terrorismo doméstico” y actualizarla cada 30 días.
Críticos como el Centro Brennan de Justicia, además de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtieron que los memorandos vinculan posiciones ideológicas con marcos de seguridad nacional, lo cual amenaza las libertades protegidas por la Primera Enmienda.
“Causará un efecto intimidatorio, porque definitivamente parece estar dirigiendo la aplicación de la ley hacia puntos de vista particulares”, dijo Mary McCord, ex fiscal general adjunta interina de seguridad nacional.
No te metas con Texas (ni California)
Una base de datos construida por MILENIO con información del Departamento de Justicia revela que, de los 44 acusados, la mayoría son hombres, 31 en total. Los casos se concentran en dos estados: Texas acumula 19 procesados, California suma 14 y el resto se distribuye entre Minnesota con tres, Luisiana, Massachusetts, Nuevo México, Arizona, Nebraska y Oregón con uno, respectivamente.
Hay dos casos multitudinarios. El primero involucra a las 19 personas acusadas por el ataque del 4 de julio de 2025 en el centro migratorio de Prairieland, con cargos de apoyo material al terrorismo, disturbios y uso de explosivos.
El segundo ocurrió en diciembre de 2025 en California, cuando Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai fueron arrestados por conspirar para bombardear empresas estadunidenses en la Nochevieja de ese año. Se les incautaron dispositivos explosivos no registrados.
También hay cinco acusados de ataques a la propiedad federal. En diciembre de 2025, José Francisco Jovel lanzó dos bombas molotov dentro de un edificio federal en el centro de Los Ángeles, California. En noviembre de 2025, Trenten Edward Barker, de Portland, se declaró culpable de un incendio provocado en un edificio del ICE en South Portland, Oregón.
En septiembre de 2025, Eulisis P. Martin fue acusado de atacar con un cóctel molotov instalaciones federales en Grand Island, Nebraska. Y en abril de 2025, Jamison Wagner fue acusado por ataques incendiarios contra un concesionario de Tesla y una oficina del Partido Republicano en Albuquerque, Nuevo México.
Cuatro personas más enfrentan cargos específicos por amenazas contra funcionarios. En diciembre de 2025, Micah James Legnon, miembro de un grupo anticapitalista en Luisiana, fue arrestado por amenazar a agentes del ICE. En febrero de 2026, Kyle Wagner, identificado como miembro de Antifa en Minneapolis, fue acusado de ciberacoso y comunicaciones amenazantes por pedir en redes el asesinato de oficiales federales.
Diciembre del año pasado estuvo muy movido, al parecer, pues ese mismo mes Francisco Jesús Mena, del norte de Texas, fue procesado por amenazar de agredir y asesinar al presidente de Estados Unidos y a agentes del ICE.
En mayo de 2025, Ryan Michael English, de Massachusetts, fue acusado de intentar asesinar a un candidato a miembro del gabinete en el Capitolio de Estados Unidos con un arma de fuego.
Desorden civil: para nada terrorismo
Pero la categoría más numerosa es la de quienes fueron arrestados en el contexto de las manifestaciones. Al menos 16 personas fueron acusadas bajo estatutos de desorden civil, no de intentar actos terroristas.
En octubre de 2025, 10 de esas personas cayeron en una sola redada durante disturbios contra el ICE en California, acusadas de obstruir e interferir con operaciones policiales. Entre los arrestados están Virginia Reyes, Ronald Alexis Coreas, Yovany Marcario Canil y otros siete hombres.
En septiembre de 2025, Cynthia Raygoza, Ashleigh Brown y Sandra Carmona Samane fueron acusadas por un Gran Jurado Federal de seguir a un agente del ICE hasta su casa desde su trabajo y transmitir en vivo su dirección por Instagram.
También en agosto de 2025, Bratton Dean Wilkinson fue arrestado por hacer una amenaza de bomba en una instalación del ICE en Dallas.
Prairieland: un caso emblemático
El gobierno ha presentado el caso de Prairieland como la prueba de que existe una célula terrorista organizada. La fiscalía alega que los acusados formaban la “Célula Antifa del Norte de Texas” y que Benjamin Song, un ex reservista de la Marina, los dirigió.
Según las autoridades, el ataque del 4 de julio de 2025 fue planeado a través de la aplicación encriptada Signal. A las 22:37 horas, el grupo llegó vestido con ropa negra de estilo militar. Lanzaron fuegos artificiales como distracción y dos personas se separaron para vandalizar vehículos. A las 22:59, cuando llegó la policía local, al menos una persona apostada en un área boscosa con un rifle estilo AR-15 abrió fuego.
El 14 de noviembre de 2025, nueve personas fueron formalmente acusadas ante un Gran Jurado, con cargos que incluyen intento de asesinato de oficiales federales, uso de explosivos y apoyo material al terrorismo. El 19 de noviembre, cinco acusados se declararon culpables de un cargo de apoyo material al terrorismo. El 24 de noviembre, dos mujeres más se declararon culpables del mismo cargo por haber ayudado al presunto tirador a evadir su captura hasta el 15 de julio.
Pero los abogados defensores y analistas independientes señalan incongruencias. Varios acusados sostienen que creían asistir a una "manifestación ruidosa" pacífica, una táctica común fuera de centros de detención.
Los detenidos enfrentan una amplia gama de cargos, que van desde participar en disturbios hasta ocultar una caja con literatura anarquista. Uno de los acusados, Daniel Rolando Sánchez-Estrada, un maestro de Dallas, fue arrestado el 7 de julio por borrar mensajes de Signal y Discord, y posteriormente fue detenido dos veces más, la última por supuestamente intentar modificar un Nintendo Game Boy como detonador remoto de explosivos.
Los nueve se declararon inocentes y enfrentarán juicio a partir del 17 de febrero de 2026.
Thomas Brzozowski, ex abogado del Departamento de Justicia especializado en terrorismo doméstico, dijo al respecto que esto parece ser una "investigación por proclamación y no por inteligencia sólida". Es lo que pasa, añadió, cuando se abre una investigación tan amplia "contra lo que es, esencialmente, una idea".
Más ataques de izquierda, pero menos muertes
El 26 de septiembre de 2025, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) publicó un informe en el cual revela que, por primera vez en 30 años, los ataques de extremistas de izquierda superaron en número a los de la extrema derecha durante el primer semestre de 2025. Fueron cinco incidentes de izquierda contra uno de derecha.
Claro que el único ataque de ultraderecha registrado en ese periodo fue notoriamente de proporciones extremas: el asesinato de la legisladora estatal de Minnesota, Melissa Hortman y de su esposo.
Trump y el vicepresidente J. D. Vance capitalizaron el dato de inmediato –el cinco a uno en eventos de cada bando– para justificar la ofensiva contra Antifa. Sin embargo, el informe también revela que en la última década, los ataques de extrema derecha mataron a 112 personas, contra 13 de la izquierda.
Daniel Byman, autor principal del estudio del think tank CSIS, advirtió que los datos no deben usarse “como excusa para reprimir a organizaciones legítimas” y que el hecho de que algunos terroristas tengan una ideología no convierte en terrorista a todo aquel con esa misma ideología.
ksh
