El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ratificó ante un juez federal de Nueva York, que tanto el hijo del ex presidente Nicolás Mauro, así como el aún ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, son considerados prófugos de la justicia y un riesgo no solo por su presunta actividad criminal, sino por el poder que aun amasan en el gobierno de Venezuela.
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Ordenes de arresto pendientes
En una moción dirigida al juez Alvin K. Hellerstein, quien está cargo del proceso penal en contra del ex presidente Nicolás Maduro Moro y la ex primera Dama, Cilia Flores, los fiscales federales subrayaron que tanto su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, así como Diosdado Cabello cuentan con órdenes de arresto pendientes de ejecutarse.
“Y cada uno de estos coacusados es objeto de una orden de arresto pendiente emitida por el Tribunal. Cabello Rondón (…) y Maduro Guerra son figuras políticas de gran relevancia en Venezuela, con estrechos vínculos con las fuerzas militares y de seguridad venezolanas y cientos de miles, o incluso millones, de seguidores en línea. También se alega que han traficado cantidades masivas de cocaína hacia los Estados Unidos bajo la protección de armas automáticas y en asociación con organizaciones terroristas extranjeras” indicaron los fiscales.
Estas aseveraciones se hicieron en el marco de una petición hecha por los fiscales al juez para que emita una orden de protección especial sobre la confidencialidad de las pruebas que se usarán en el juicio en contra de Maduro y su esposa.
Esto es, que se ordene que las pruebas que por regla tienen que entregarse a los abogados del ex presidente para que prepare su estrategia, no se compartan con las personas que aún se encuentran prófugas. Una petición a la que se opone la defensa de Maduro,
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Prófugos ex militar de Venezuela y el presunto líder del Tren de Aragua
En el escrito firmado por cuatro fiscales a nombre del fiscal en jefe del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, se subraya que también encuentran en calidad de prófugos Ramón Rodríguez Chacín, ex militar y exalto funcionario del gobierno de Venezuela, y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, presunto líder y fundador del grupo criminal Tren de Aragua.
De acuerdo con el razonamiento de los fiscales, estas personas tienen la capacidad de atentar o dañar las pruebas o perseguir a los testigos del caso, por lo que resulta prioritario que los abogados de Maduro no compartan evidencia con los representantes legales de ninguno de ellos. Incluso, advierten que podría ordenarse desde Venezuela la detención de personas que son claves para el proceso
Como ejemplo, los fiscales citan que Cabello Rondón, junto con Maduro Moros, supuestamente usó el poder del Estado para detener a militares venezolanos inocentes, como “maniobra de cortina de humo” tras una incautación de droga en México en 2006. Por eso, insiste, son un peligro inminente para la integridad del proceso.
“Los coacusados no capturados no solo participan en una conspiración criminal violenta convencional. Por el contrario, ejercen de manera corrupta los resortes del poder oficial (…) Estos coacusados, identificados y acusados públicamente, representan un riesgo significativo para los posibles testigos, la preservación de las pruebas y las investigaciones en curso. Al haber sido acusados formalmente de manera pública, y habiéndose negado a comparecer ante la justicia en los Estados Unidos, estos individuos tienen un poderoso motivo tanto para continuar eludiendo el enjuiciamiento como para socavar la integridad de esta causa”, reiteraros los fiscales en su moción.
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La oposición de Maduro
De acuerdo con lo referido por los mismos fiscales en su escrito, la defensa del ex presidente que, hasta el momento, sigue siendo encabezada por el abogado Barry Pollack, no se opone a que se establezca una protección convencional a todo el material de evidencia en el caso, pero sí a la prohibición de compartirlo con terceros con los otros coacusados.
De hecho, se ha adelantado que la defensa presentará antes del 30 de marzo una moción en específico para oponerse a esta solicitud hecha por los fiscales. Una vez que la misma sea presentada tocará al juez Hellerstein tomar una determinación sobre el manejo de la evidencia.
Cabe señalar que este 26 de marzo está programada en la corte federal ubicada en Manhattan la primera audiencia de revisión del proceso en contra del ex presidente y de la ex primera Dama de cara a un eventual juicio en su contra.
Entre los aspectos pendientes, está la definición sobre el pago a los abogados defensores quienes insisten en que se autorice el uso de recursos públicos de Venezuela para ello.
LJ
