“¡No seremos borrados! ¡No seremos borrados!”, gritaron activistas al levantarse de sus asientos e interrumpir la presentación de Jeff Graham, coordinador interino de Estados Unidos para la respuesta mundial al sida, durante las preconferencias de AIDS 2026.
La protesta convirtió una sesión sobre el futuro del financiamiento estadunidense en un enfrentamiento directo por el cierre de servicios, la caída en el acceso a la prevención y el tratamiento, y la nueva estrategia del gobierno de Donald Trump para transformar el Plan de Emergencia del presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida, conocido como PEPFAR.
Graham, funcionario del Departamento de Estado y jefe de la delegación estadunidense en la 26 Conferencia Internacional sobre el Sida, explicaba este domingo los memorandos de entendimiento mediante los cuales Washington pretende transferir gradualmente a los gobiernos receptores la operación y el financiamiento de los programas contra el VIH.
En la sesión, titulada Transforming health assistance: Implementing U.S. government MOUs for sustainable HIV programs, se realizaba durante las preconferencias de AIDS 2026 cuando los manifestantes tomaron la palabra y dirigieron sus acusaciones directamente al funcionario.
“Han provocado fuertes caídas en la incorporación al tratamiento, en las pruebas de VIH, en los diagnósticos, en el acceso a la PrEP y en la prevención para mujeres y niñas, personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, trabajadoras sexuales y personas que usan o se inyectan drogas”, reprochó uno de los activistas.
Los manifestantes acusaron a la administración de Trump de reducir repetidamente los programas dirigidos a las poblaciones más afectadas por el VIH y de excluir a las comunidades de las decisiones sobre el futuro de PEPFAR.
“Ya teníamos la evidencia de las comunidades. No necesitábamos esperar los datos de PEPFAR, pero los datos de PEPFAR la confirmaron”, afirmaron.
La confrontación aumentó cuando cuestionaron los conceptos de “apropiación nacional” y “autosuficiencia” utilizados por Graham para defender los nuevos acuerdos bilaterales.
“Hablan de memorandos de entendimiento con palabras bonitas como apropiación nacional y autosuficiencia. Pero, seamos honestos, son acuerdos bilaterales coercitivos que excluyen deliberadamente a las comunidades afectadas por el VIH de la mesa de negociación”, acusaron.
Según los activistas, la asistencia sanitaria está siendo utilizada para obtener concesiones vinculadas con recursos minerales, información y otros objetivos de la política exterior estadounidense que no guardan relación directa con la respuesta al VIH.
“No van a dividirnos ni a gobernarnos con sus políticas racistas”, lanzaron durante la protesta.
Organizaciones como Health GAP y Treatment Action Campaign responsabilizaron a Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al propio Graham del deterioro de los programas financiados por PEPFAR, así como de la demora en el ejercicio de recursos aprobados por el Congreso estadunidense.
“El gobierno de Estados Unidos debe rendir cuentas por la emergencia mundial de salud pública que está provocando”, declaró Anele Yawa, de Treatment Action Campaign, de Sudáfrica.
“No importa lo que diga Estados Unidos dentro de los salones de conferencias. Debemos creerles a las personas atendidas por PEPFAR, creer en los datos y exigir que Estados Unidos cambie de rumbo”, añadió.
Asia Russell, de Health GAP, sostuvo que la actual política estadounidense amenaza con borrar décadas de avances y mecanismos de vigilancia comunitaria.
Los activistas evidenciaron que las interrupciones financieras y operativas han provocaron el cierre de mil 700 centros de tratamiento respaldados por PEPFAR.
También reportaron una reducción de 42 por ciento en la incorporación de personas a los programas de profilaxis preexposición, conocida como PrEP, utilizada para prevenir la adquisición del VIH.
En la atención pediátrica, datos científicos que serán presentados durante AIDS 2026 muestran que 77 mil 163 niñas y niños menores de 15 años dejaron de recibir tratamiento antirretroviral apoyado por PEPFAR durante el año fiscal 2025, en comparación con 2024.
La pérdida representa una disminución de 14.2 por ciento en los 21 países analizados y el retroceso ocurrió en 20 de esas naciones.
Los activistas señalaron que en Sudáfrica la reducción en el número de niñas y niños con VIH atendidos mediante programas estadounidenses alcanzó alrededor de 45 por ciento.
También denunciaron caídas en las pruebas, los nuevos diagnósticos, las incorporaciones al tratamiento y la atención clínica para adultos, adolescentes, menores y personas con enfermedad avanzada por VIH.
Charles King, director ejecutivo de Housing Works, afirmó que “derrotamos al VIH con programas ambiciosos, datos transparentes, rendición de cuentas hacia las comunidades y derechos humanos”, sostuvo.
“La presión y la coerción nos hacen menos seguros a todos. Este enfoque vergonzoso debe terminar”, agregó.
Health GAP advirtió que la situación podría agravarse a partir del 1 de octubre de 2026, cuando está prevista la terminación de un contrato encargado de adquirir y distribuir medicamentos, pruebas diagnósticas y otros insumos contra el VIH y la malaria en decenas de países.
La organización afirmó que no existe un plan de transferencia suficientemente detallado y alertó sobre posibles retrasos, escasez de medicamentos y desabasto de productos esenciales.
Graham defiende la transformación de PEPFAR
Graham defendió la estrategia America First Global Health y aseguró que el objetivo no es retirar a Estados Unidos de la respuesta mundial contra el VIH, sino modificar la forma en que se distribuyen, administran y supervisan los recursos.
El funcionario calificó a PEPFAR como uno de los logros de salud pública más importantes de la historia moderna y como el mayor compromiso asumido por un país frente a una sola enfermedad.
Sin embargo, consideró que después de más de dos décadas el programa necesita una nueva dirección, mayor participación financiera de los gobiernos receptores y una evaluación centrada en resultados sanitarios medibles.
“Durante demasiado tiempo, el sistema movió dinero de maneras que no servían a los pacientes tan bien como podrían haberlo hecho”, sostuvo Graham.
Según el funcionario, el éxito de los programas se medía con frecuencia por la cantidad de dinero entregado a las organizaciones ejecutoras y no por la atención efectivamente proporcionada a los pacientes.
“Esos incentivos mantienen a los países dependientes, mantienen inflados los presupuestos de los donantes y nos impiden avanzar”, declaró.
Graham afirmó que el nuevo modelo pretende concentrarse en resultados concretos: menos infecciones, continuidad de los tratamientos, programas administrados localmente y países capaces de avanzar hacia la autosuficiencia.
De acuerdo con las cifras que presentó, bajo el esquema anterior sólo 40 centavos de cada dólar destinado a asistencia sanitaria llegaban a trabajadores de primera línea o a medicamentos e insumos.
Los 60 centavos restantes, agregó, se utilizaban en gastos generales, asistencia técnica y administración de los programas.
“Es demasiado dinero. Es un desequilibrio en la estructura y no podemos continuar así”, afirmó.
Graham aseguró que la transformación también pretende eliminar infraestructuras sanitarias paralelas, integrar los programas de VIH a los sistemas nacionales de salud y coordinar la atención con otras enfermedades, sin abandonar los objetivos específicos contra el virus.
“Eso no significa recortar presupuestos. Significa preguntarnos cómo utilizamos los dólares de los contribuyentes para obtener el mayor resultado posible con cada dólar”, dijo.
“La transición está en la ley desde 2008”
Graham rechazó que Estados Unidos esté improvisando la transferencia de responsabilidades a los países receptores y recordó que la transición hacia una mayor apropiación nacional fue incorporada a la legislación de PEPFAR desde 2008.
“Cuando escucho que nos dicen que vamos demasiado rápido y preguntan por qué estamos haciendo la transición, debo recordar que está en la ley desde hace 18 años. Ahora la estamos haciendo realidad”, afirmó.
La estrategia fue presentada el 18 de septiembre de 2025, después de que Rubio difundiera su visión de vincular más estrechamente la asistencia internacional con los objetivos de política exterior de Estados Unidos.
Graham señaló que el plan fue presentado inicialmente ante 15 o 16 gobiernos socios que concentran alrededor de 80 por ciento del presupuesto y aseguró que recibió una respuesta favorable.
Kenia fue el primer país en firmar uno de los nuevos memorandos de entendimiento, el 4 de diciembre de 2025.
El funcionario explicó que tres equipos estadounidenses recorrieron África durante casi un mes para negociar los acuerdos y rechazó que las conversaciones tuvieran propósitos ocultos.
“Estos memorandos son el inicio de un plan sobre cómo avanzaremos juntos durante, al menos, los próximos cinco años”, sostuvo.
Aunque los acuerdos cubren inicialmente ese periodo, Graham reconoció que algunas transiciones podrían prolongarse siete, diez o hasta 15 años.
34 acuerdos y 24 mil 700 millones de dólares
Graham informó que Estados Unidos ya estableció 34 memorandos de entendimiento con países receptores, aproximadamente la mitad de las naciones incluidas en la nueva cartera estadounidense de salud global.
De acuerdo con las cifras proyectadas durante su presentación, Washington se comprometió a invertir 14 mil 500 millones de dólares entre 2026 y 2030, mientras los gobiernos socios ofrecieron aportar 10 mil 200 millones de dólares de sus propios presupuestos.
En conjunto, los compromisos ascienden a 24 mil 700 millones de dólares durante los próximos cinco años.
El funcionario rechazó que las aportaciones nacionales fueran impuestas por Estados Unidos.
“Son compromisos que no obligamos a nadie a hacer. Son cifras que los propios países receptores propusieron”, afirmó.
Graham aseguró que algunos gobiernos pretendían avanzar más rápido y comprometer cantidades mayores, pero Washington les recomendó prudencia para evitar metas financieras imposibles de cumplir.
También explicó que los memorandos no son idénticos y que cada uno considera la carga de enfermedad, el nivel de deuda, los conflictos y la capacidad económica de cada país.
Algunas naciones, dijo, están preparadas para asumir rápidamente la administración y el financiamiento de sus programas, mientras otras necesitarán una transición más prolongada.
Graham recordó que numerosos países africanos se comprometieron, mediante el compromiso de destinar gradualmente 15 por ciento de sus presupuestos nacionales a salud, aunque sostuvo que ninguno ha cumplido completamente esa meta.
“Estamos tratando de ayudar a los países receptores a tomar mejores decisiones presupuestarias para que comiencen a financiar parte de su propia respuesta sanitaria”, explicó.
Asegura que ejercerá los recursos del Congreso
Graham reconoció que durante 2025 hubo “cambios” e “interrupciones”, pero aseguró que el Departamento de Estado comprometió todos los recursos sanitarios disponibles durante ese año fiscal.
También afirmó que existe un plan para ejercer cada dólar aprobado por el Congreso para 2026.
El presupuesto total para salud global asciende a 9 mil 400 millones de dólares e incluye programas contra el VIH, tuberculosis, malaria y poliomielitis, además de salud maternoinfantil, seguridad sanitaria mundial, enfermedades tropicales desatendidas, nutrición y atención a menores en situación de vulnerabilidad.
“Cada dólar que el Congreso ha puesto a nuestra disposición tiene un plan para ser comprometido”, afirmó.
Graham sostuvo que Estados Unidos financia aproximadamente 75 por ciento de la respuesta mundial contra el VIH y mantiene un compromiso de 4 mil 600 millones de dólares con el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria.
“Quiero que los estadounidenses recuerden que ésta es su generosidad en acción”, declaró.
Nuevas convocatorias y menos intermediarios
Graham explicó que el Departamento de Estado abrió un Annual Program Statement, APS, un mecanismo mediante el cual distintas organizaciones pueden competir por nuevos financiamientos.
Durante la presentación mostró oportunidades por más de 800 millones de dólares en Nigeria, Mozambique, Uganda, Costa de Marfil, Malawi y Camerún, aunque aclaró que se prevén más convocatorias.
El funcionario dijo que la transformación busca reducir la dependencia de grandes organizaciones no gubernamentales internacionales, muchas de ellas asentadas en Washington, y ampliar la participación de organizaciones religiosas locales y empresas privadas de los países receptores.
Argumentó que esos actores se encuentran más cerca de las comunidades, tienen mayor permanencia y pueden operar con costos menores.
Graham también cuestionó que PEPFAR continúe administrando bodegas, transporte y distribución de insumos en países que ya cuentan con empresas capaces de realizar esas tareas.
“Uno se pregunta por qué PEPFAR sigue operando sistemas completos de última milla en países que pueden hacerlo por sí mismos”, dijo.
El objetivo, explicó, es que los gobiernos nacionales calculen sus necesidades, realicen sus propios pedidos y distribuyan directamente medicamentos e insumos.
El Departamento de Estado mantendrá el financiamiento durante la transición, aseguró.
“Durante el primer año de los memorandos mantendremos en 100 por ciento el financiamiento para los productos y los trabajadores sanitarios de primera línea, con el propósito de garantizar una transición ordenada”, señaló.
El funcionario también planteó trasladar los sistemas de información de PEPFAR a plataformas administradas por los propios países, bajo el argumento de que serán más sostenibles, económicas y accesibles para las autoridades nacionales.
Niega acceso a expedientes personales
Frente a las críticas por el intercambio de información incluido en los acuerdos, Graham negó que Estados Unidos vaya a recibir expedientes clínicos individuales.
Explicó que los memorandos contienen metas epidemiológicas y financieras, por lo que Washington necesita consultar indicadores para verificar la evolución de las epidemias y el cumplimiento de los compromisos de inversión.
“No existe información personal ni expedientes médicos electrónicos”, afirmó.
Sostuvo que el intercambio de información no representa un cambio sustancial respecto de la vigilancia realizada históricamente por PEPFAR, salvo que ahora estará incorporado formalmente a los memorandos.
También explicó que el intercambio de muestras biológicas sólo se contempla en algunos países y busca garantizar que Estados Unidos sea uno de los primeros socios convocados cuando aparezca un nuevo brote.
Según Graham, su país cuenta con capacidades especializadas, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y una industria farmacéutica capaz de responder ante emergencias sanitarias.
Bunnell pide cerrar las brechas de diagnóstico y tratamiento
Rebecca Bunnell, del Departamento de Estado de Estados Unidos, sostuvo que los nuevos planes nacionales deben concentrarse en localizar y atender a alrededor de cinco millones de personas que viven con VIH sin haber sido diagnosticadas y a cerca de diez millones que no han alcanzado la supresión viral.
“Cerrar la brecha de diagnóstico y tratamiento es la inversión preventiva de mayor valor disponible, porque reduce la carga viral a nivel poblacional y, al hacerlo, evita que las personas mueran y transmitan el VIH”, afirmó.
Bunnell señaló que las pruebas constituyen la puerta de entrada tanto al tratamiento como a los programas de profilaxis preexposición, PrEP, por lo que su aplicación adecuada puede ayudar a detectar nuevas infecciones e iniciar oportunamente la terapia antirretroviral.
“La PrEP puede proteger a quienes enfrentan el mayor riesgo de adquirir el VIH, pero sólo si los planes de implementación son estratégicos”, explicó.
La funcionaria presentó un análisis de las encuestas nacionales más recientes sobre VIH en siete países africanos.
Los resultados mostraron que, entre los adultos con VIH que vivían con una pareja, 50 por ciento formaba parte de una pareja serodiscordante, es decir, en la que una persona tenía el virus y la otra no.
Entre las parejas sin VIH, 57 por ciento desconocía que la persona con la que vivía tenía el virus y, por ello, no recibía los beneficios preventivos de la PrEP.
En la otra mitad de las parejas, en las que ambos integrantes vivían con VIH, sólo uno había sido diagnosticado y se encontraba bajo tratamiento en aproximadamente la mitad de los casos.
Bunnell agregó que también se identificaron niñas y niños con VIH que no habían sido diagnosticados ni recibían tratamiento, por lo que pidió extender las pruebas a las familias de todas las personas atendidas por los programas, no únicamente a los contactos de los casos recién detectados.
“Los países pueden evitar la enfermedad avanzada por VIH y detener la transmisión garantizando servicios integrales de pruebas para las familias de las personas con VIH”, sostuvo.
También afirmó que algunos planes nacionales incorporarán nuevas tecnologías.
Explicó que El Salvador prevé ampliar terminales comunitarias de telesalud, mientras Uganda proyecta aumentar de 14 a 150 los equipos portátiles de rayos X que utilizan inteligencia artificial para apoyar la detección de tuberculosis y reducir su mortalidad.
LG
