La judicialización del feminicidio no es la cúspide de la justicia, e incluso la justicia no culmina en la sentencia de la persona responsable por el delito, sino que continúa con la reparación del daño que determina la ley para las víctimas indirectas de los hechos. Asimismo, el contar con una denuncia y orden de restricción contra el agresor no ha garantizado, al menos en Torreón, seguridad para las víctimas.
En marzo del 2023 en el municipio de Torreón, Coahuila, se registró el feminicidio de una mujer en el interior de su domicilio, su ex pareja sentimental, quien tenía una orden de alejamiento y además había estado detenido por violencia familiar en contra de la misma víctima, acudió a la casa de la mujer en donde la privó de la vida para luego huir del lugar con rumbo desconocido.
Fue un martes cuando vecinos se percataron de que dos menores de edad se encontraban encerradas en el domicilio y al asomarse para preguntarles cómo estaban, encontraron a la mujer, dando así aviso a las autoridades. Dos días después, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), confirmó la detención del masculino, quien fue vinculado a proceso con una medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Torreón.
Sin embargo, no fue sino hasta el presente año cuando un juez del Poder Judicial del Estado de Coahuila, le dictó la sentencia a 40 años de prisión por el delito. Durante las audiencias, el Ministerio Público confirmó, a través del Centro de Empoderamiento de las Mujeres, que el feminicida contaba con antecedentes de violencia y denuncias formales.
De 2020 al 20 de octubre del 2025, la Fiscalía de Coahuila tiene un registro de 107 feminicidios en todo el estado, mientras que el municipio de Torreón cuenta con 23 feminicidios en un lapso de 2021 a 2025, según los propios informes anuales de este organismo y datos proporcionados por el delegado en la Región Laguna I, Carlos Rangel.
En 2020 se registraron 24 feminicidios en todo el estado, 22 en 2021 de los cuales, seis ocurrieron en Torreón, 24 en el año 2022 con seis en el mismo municipio, mientras que 2023 reportó una baja con 11 feminicidios; solamente uno se registró en Torreón. Sin embargo, la cifra se elevó para el 2024 cuando en noviembre Torreón alcanzó 7 de 17 feminicidios que ocurrieron en todo el estado, y finalmente para 2025 se contabilizan 9 feminicidios, de los cuales solo 2 están en Torreón.
Aunque es este organismo estatal quien se encarga de judicializar los casos y llevar las audiencias en contra de los imputados, es el Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través de sus jueces, quien determina los lapsos de investigación y finalmente emite una sentencia a través de los datos de prueba presentados y recabados por la misma FGE.
En respuesta a la solicitud de información con folio 051259000022825, el PJECZ detalló que del año 2020 al 20 de octubre del 2025, los Juzgados Penales del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito de Torreón resolvieron un total de 36 feminicidios, los cuales se desglosaron con tres en 2020, seis en 2021, siete en 2022 y siete en 2023, diez en 2024 y tres en el 2025.
Sin embargo, al examinar la versión pública de sentencias a través de la plataforma del PJECZ, no todas las sentencias corresponden a los delitos ocurridos en este periodo de tiempo, sino que algunas son de años anteriores o pertenecen al municipio de Matamoros, Coahuila.
Fue precisamente el año 2024 cuando el municipio de Torreón registró la mayor cifra de feminicidios en los últimos cinco años; tan solo de un año a otro el porcentaje aumentó en un 600 por ciento, según datos del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (IMPLAN), en el mes de junio, el municipio ya había alcanzado la cifra de seis feminicidios.
Para el mes de julio del mismo año, el colectivo Mujeres que Luchan por Mujeres realizó una solicitud de alerta de género para el municipio de Torreón, al ahora extinto Instituto Nacional de las Mujeres, y que actualmente es la Secretaría de las Mujeres, Sofía Díaz Lozano, vocera del colectivo, detalló que a más de un año de dicha solicitud, no se ha emitido ningún avance por parte de las autoridades federales, pese a un amparo presentado durante el mes de febrero y que durante el mes de abril se realizó la primera reunión ordinaria.
“La Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia dice que el proceso de alerta, al ser un mecanismo de emergencia que urge ya solucionar la crisis, debería de tardar máximo 45 días naturales, pero la realidad es que nosotras ya llevamos casi un año y medio desde que empezamos el proceso. Se supone que debemos tener reuniones para empezar ya con los trabajos de investigación, porque el proceso de alerta implica, pues, que se haga un estudio de políticas públicas, de reformas legislativas, que se analice caso por caso de feminicidios o de homicidios violentos a mujeres, para asegurarse de que se hicieron de manera adecuada, de que no hubo alguna omisión en el proceso”.
Díaz Lozano detalló que durante las investigaciones realizadas y presentadas para la alerta de género, se percataron de que, de los feminicidios que ocurrieron de enero del 2024 al momento de presentar la solicitud, la mayoría tenía un proceso de investigación por violencia de género.
“La mayoría era por violencia familiar y la mayoría de las víctimas tenían medidas de protección, tenían órdenes de restricción hacia sus agresores, que al final de cuentas no sirvió de mucho porque lamentablemente las asesinaron”.
La intención de la alerta de género busca mejorar políticas públicas con la intención de prevenir que la violencia de género siga creciendo y sancionar todos los delitos de esta índole, de igual forma, a las entidades estatales y autoridades por omisiones relacionadas con los mismos casos.
“Se hace una auditoría en varios órganos de gobierno y se hace un análisis de tanto el trabajo que hacen los institutos municipales como lo que hace la Secretaría Estatal. Lo que hacen las comisiones de Derechos Humanos, lo que hacen los Centros de Justicia para la Mujer, la Fiscalía. Pero también existen sanciones administrativas y penales para las autoridades que no han efectuado de manera debida su trabajo. Es decir, si ha existido una omisión por parte de algún ministerio público o un ejemplo, porque no inició una carpeta de investigación que debía iniciarse por feminicidio, la empezó por homicidio, pues ahí tendrá una sanción”, explicó la vocera.
Sofía indicó que actualmente uno de los mayores problemas de la prevención es la falta de visibilización de la violencia, la socialización de los lugares a los que una víctima puede acudir a pedir ayuda, y de igual forma, la revictimización a la que muchas veces se enfrentan y por lo cual prefieren dejar de pedir ayuda a las autoridades.
“Yo, al ser abogada, me toca dar este tipo de acompañamientos, que en muchas ocasiones el tema de la prevención tiene que ver con un hecho de que no se socializa lo que es un delito, a dónde ir, etcétera. Por ejemplo, hay personas que tienen normalizadas ciertas actitudes, como que tu pareja te cela. Algo que yo siento que es muy común, muy normal, pero que es una forma de violencia; y que sabemos que la violencia puede ir escalando. Después, no existen las facilidades para que puedas interponer una denuncia de manera más sencilla. Y también está el tema de que llegas a poner la denuncia y te enfrentas a la revictimización institucional”.
Finalmente, indicó que a través de la Asamblea de Mujeres que Luchan por Mujeres se cuenta con diversos colectivos y feministas que pueden brindar apoyo psicológico, legal, y de distintos tipos para apoyar a mujeres en situación de violencia, y pueden acceder a esta Asamblea a través de las redes sociales, o bien, solicitar ayuda a las autoridades a través del Sistema de Emergencias, 911, o acudir personalmente a los Centros de Justicia para la Mujer, ubicados en bulevar Francisco Sarabia y calle Torre de Israel en la colonia San Felipe de Torreón, Coahuila, o bien, en la calzada Niños Héroes y avenida Tabachines, en la colonia Mezquital III, en Gómez Palacio, Durango.
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