M+.- El proyecto de una jubilación tranquila se transformó en un proceso prolongado de incertidumbre y exigencia de justicia.
En 2023, las maestras jubiladas Sonia García y Mayela Hernández, ambas de 70 años, decidieron invertir los ahorros de toda su vida en la compra de un terreno anunciado en internet.
Su intención era clara: construir una quinta familiar donde pudieran convivir con sus seres queridos, en un espacio propio, lejos del ritmo laboral que marcó sus vidas durante décadas.
Hoy, ese sueño permanece detenido. Ambas forman parte de un grupo de 27 personas que denuncian haber sido defraudadas en operaciones vinculadas a la Notaría Pública número 45 en Torreón.
El monto estimado asciende a cerca de 40 millones de pesos, tan solo entre quienes se han organizado, presentado denuncias y mantenido movilizaciones constantes para exigir una solución.
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El engaño: oferta atractiva y red de irregularidades
Sonia relata que el primer contacto ocurrió a través de redes sociales. La oferta parecía accesible: un terreno en la colonia Latinoamericana, en el oriente de Torreón, a un precio por debajo del mercado.
Junto con Mayela acudió a conocer el predio, guiadas por una mujer identificada como Ana, quien actualmente se encuentra detenida en el Centro de Reinserción Social (Cereso).
“Nos mostró el terreno y en 2023 lo pagamos en 130 mil pesos. Nos dijeron que todo se haría a través de la Notaría 45, que era algo seguro”, relató.
La confianza se mantuvo durante meses, sostenida por promesas y trámites que nunca se concretaron. Desde septiembre de 2023 y durante 2024, ambas recibieron explicaciones constantes sobre supuestos retrasos en la liberación de escrituras.
“Nos traían dando vueltas: que faltaba un documento, que había problemas administrativos… siempre había una excusa”, explicó.
La situación escaló en octubre de 2024, cuando les informaron que el terreno original no podía ser entregado. Como alternativa, les ofrecieron otro predio en el sector Sol de Oriente. Al acudir, encontraron un terreno bardeado, lo que reforzó la percepción de legalidad.
Sin embargo, los documentos entregados resultaron apócrifos: escrituras falsas y un contrato de compraventa sin validez jurídica.
Pagos adicionales y desaparición de responsables
El faude no se limitó al pago inicial. Mayela entregó 11 mil pesos adicionales para “agilizar” trámites y posteriormente otros 50 mil pesos, lo que incrementó de forma considerable la pérdida económica.
“Pensábamos que era parte del proceso. Nunca imaginamos que todo era un engaño”, dijo Sonia.
Con el paso de los meses, la situación se volvió insostenible: la Notaría 45 cerró sus puertas y los intermediarios dejaron de responder. Fue entonces cuando comenzaron a localizar a otras personas en la misma situación.
“Este año nos hemos dedicado a encontrar a más afectados. Así se fue formando el grupo. Nos dimos cuenta de que no éramos las únicas”, señaló.
Impacto: patrimonio perdido y deudas vigentes
El daño para las víctimas es doble: económico y emocional. En el caso de Mayela, parte del dinero invertido provino de un préstamo solicitado al ISSSTE, el cual ya fue liquidado.
“Es un golpe muy fuerte. Uno trabaja toda la vida para tener algo y, de repente, se pierde. No es solo el dinero, es el esfuerzo de años”, expresó.
Ambas coinciden en que la propuesta de adquirir nuevos terrenos a bajo costo, planteada por autoridades, no resuelve el problema de fondo.
“Eso implica volver a pagar. Nosotras ya lo hicimos una vez. Lo justo es que nos regresen nuestro dinero”, subrayaron.
A pesar de su edad, aseguran que continuarán con las gestiones legales y las manifestaciones públicas necesarias.
“A los 70 años no nos vamos a rendir. No podemos quedarnos así”, afirmaron.
Investigación: posibles responsabilidades
Ante la magnitud del caso, el gobierno estatal inició una investigación para deslindar responsabilidades.
El secretario de Gobierno en Coahuila, Óscar Pimentel, informó que se han detectado irregularidades en diversas notarías, lo que ha derivado en la cancelación de cinco fiats notariales, que son las autorizaciones emitidas por los gobiernos estatales para ejercer como fedatario público.
Entre las anomalías se encuentran falsificación de documentos, firmas y recibos fiscales, lo que afecta tanto a particulares como a las finanzas públicas.
“En el caso específico de la Notaría 45, se investiga si existe participación de funcionarios estatales o municipales”, indicó.
Añadió que se trabaja en una alternativa para los afectados mediante la oferta de terrenos a bajo costo, en coordinación con el ayuntamiento de Torreón, aunque el proceso aún se encuentra en análisis.
Cero tolerancia y acciones legales
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, aseguró que habrá consecuencias para quienes resulten responsables.
“No se puede permitir la corrupción ni la impunidad. Quienes hayan participado en cualquier ilegalidad serán sancionados conforme a la ley”, declaró.
Precisó que la Dirección de Notarías mantiene operativos permanentes de supervisión y que la cancelación de fiats es una medida administrativa, independiente de los procesos penales que puedan derivarse.
Entre los delitos detectados se encuentran la falsificación de escrituras y de poderes, conductas que pueden implicar sanciones severas.
Modus operandi: intermediarios y simulación de legalidad
Desde el Colegio de Notarios de Torreón, su presidente, Salvador Sánchez Ávila, advirtió que este tipo de fraudes suelen operar mediante intermediarios que aparentan legalidad.
“Hay supuestos asesores inmobiliarios que falsifican documentos o se presentan como gestores. También hemos detectado llamadas en las que se solicita dinero, muchas provenientes de penales fuera de la entidad”, explicó.
Subrayó que ningún ciudadano debe ser presionado para elegir a un notario específico y recomendó verificar siempre la situación jurídica del inmueble antes de concretar una compra.
“Es fundamental revisar que esté libre de gravamen, que sus antecedentes estén correctamente inscritos y que no tenga adeudos”, indicó.
Recordó además que los notarios solo manejan dos cuentas oficiales: una para honorarios y otra para impuestos y derechos de compraventa.
Prevención y denuncia
Como parte de las acciones preventivas, el Colegio de Notarios habilitó el número de WhatsApp 87-1134-1515 para reportar posibles fraudes, los cuales son canalizados a las autoridades correspondientes.
Desde 2019, también se implementó un holograma de seguridad en documentos notariales como mecanismo de verificación; no obstante, las autoridades reconocen que los métodos de falsificación son cada vez más sofisticados.
Mientras avanzan las investigaciones, las víctimas mantienen su exigencia de justicia. Para ellas, el caso no es solo un fraude inmobiliario, sino la pérdida de un patrimonio construido durante décadas de trabajo.
“Solo queremos recuperar lo que es nuestro. No pedimos más”, concluyeron.
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