No solo es el ácido, el thinner, gasolina, sosa cáustica o líquidos a altas temperaturas las que pueden causar quemaduras de tercer grado al entrar en contacto con el cuerpo durante una agresión y provocar la muerte a una persona, sino otras 25 mil sustancias.
De los casos conocidos, en su totalidad las víctimas son mujeres, principalmente en el contexto de haber roto una relación de violencia, en la cual no tuvieron grupos de apoyo ni medidas de seguridad para ponerse a salvo.
Las sustancias se venden en cualquier ferretería y rincón del país; no es necesario ser mayor de edad ni tener gran capacidad económica para acceder a ellas.
Con unos cuantos pesos y una pequeña cantidad se pueden causar graves daños, cometer la llamada violencia química y sepultar a una mujer en su casa, autoexiliada, o en un hospital sujeta a decenas o cientos de cirugías para tratar de reconstruir su rostro o cuerpo.
Pero para la Fundación Carmen Sánchez, pensar en regular o controlar la comercialización, compra y venta de estas sustancias sería solo un paliativo que, consideran, no soluciona el problema de fondo, porque en México existen 25 mil compuestos letales para la piel y los órganos humanos.
Consideran que el reto está en legislar en cada una de las entidades, reconocer la violencia química como un delito autónomo con las penas más altas por el daño que causan; además de asegurar la atención integral de las víctimas para que tengan acceso a cirugías plásticas, terapias, atención psicológica, un trabajo digno y oportunidades de concluir sus estudios, entre otros apoyos.
Alevosía y daño irreparable
En este delito, señaló Ximena Canseco, cofundadora de la Fundación, hay alevosía, premeditación y ventaja.
El objetivo es causar un daño irreparable a la víctima, por eso siempre arrojan el líquido al rostro; pero además, al escurrir, dañan el cuello, el tórax, la espalda, los brazos y las manos.
Dejan graves daños en la piel, arterias y órganos, donde pocas mujeres sobreviven y, cuando eso ocurre, son sometidas a decenas de operaciones.
La Fundación tiene documentado que las secuelas originan la necesidad de múltiples cirugías. En el caso de Carmen Sánchez, la mexiquense que sufrió este delito hace 11 años en Ixtapaluca, lleva 68 intervenciones y todavía le faltan.
María lleva 31, pero existe un caso con 250 operaciones, sin que logren quedar totalmente bien, porque a veces pierden la vista, no se logra reconstruir una oreja o se deben reparar tejidos y órganos.
El promedio de estancia en el hospital de quienes sufren violencia ácida es de 58 días por cada intervención, aunque el rango va de uno a 240 días. Esto sin contar que los tratamientos son muy costosos, pero sobre todo que la primera atención debe ser con un especialista y lo más pronto posible; de eso depende lo que se pueda hacer en el futuro.
Pareja, el principal victimario: ¿cuál es la razón?
Con los casos que ha documentado la Fundación Carmen Sánchez, se ha identificado que 86 por ciento de las mujeres víctimas de violencia ácida tenían entre 20 y 30 años; la edad media es de 27. En general, se les ha truncado la vida, coartado sueños y sentenciado a vivir en hospitales o autoexiliadas.
Las tres entidades donde hay más casos son el Estado de México, Ciudad de México y Puebla. Más de la mitad de las víctimas son atacadas fuera de su casa o en el trayecto al trabajo o la escuela, pues sus parejas o ex parejas conocían sus rutas y horarios.
En 72 por ciento de los casos, las personas agresoras son cercanas: pertenecen a su círculo íntimo —pareja, familiar, conocidos o colegas—, pero lo más habitual es la “pareja sentimental”, en 46 por ciento de los casos.
El momento más peligroso para una mujer es cuando se rompe una relación. Entre ocho y nueve de cada 10 casos, los autores intelectuales y materiales son hombres, y más grave aún, 99 por ciento evaden la acción de la justicia.
Presentan iniciativa para considerarlo como delito
La Fundación Carmen Sánchez presentó este lunes 10 de noviembre una iniciativa de ley para que la violencia química sea considerada como delito por sí mismo, y no solo como agravante. Piden una pena de 40 a 70 años de prisión y garantizar atención integral a las víctimas de esta conducta, en la cual los autores intelectuales son hombres en 88 por ciento de los casos.
Con esta ya son tres las iniciativas de ley que tiene el Congreso mexiquense sobre el mismo tema y con la misma demanda, por lo cual la presidenta de la Comisión de Igualdad, Zaira Cedillo Silva, informó que juntarán las propuestas y construirán un solo dictamen este mismo año, debido a que existen grandes coincidencias y solo falta consensuar la pena adecuada.
Actualmente, el Código Penal castiga el delito de lesiones con una pena de tres meses a seis años de prisión; la ley sanciona esta conducta como una agravante de lesiones, pues establece que si se producen dolosamente mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas, químicas o flamables, la sanción será de cinco a 10 años de cárcel y de 100 a 200 días de multa.
Hace unos meses, la morenista Nelly Rivera presentó una propuesta para que sea un delito independiente y se otorgue atención integral.
El segundo planteamiento, de la morenista Zaira Cedillo, se dio a conocer hace 15 días, con una pena de hasta 30 años de prisión. La tercera iniciativa, de la Fundación, será presentada en el pleno mañana miércoles 12 como una propuesta ciudadana y pide la pena máxima.
La diputada Zaira Cedillo, presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso mexiquense, anunció que van a unificar las tres iniciativas de ley sobre violencia ácida o química y tratar de consensuar la penalidad, pues hay propuestas de 15 a 30 años y otras de hasta 70, para que sea equivalente al delito de feminicidio o de homicidio doloso, en reconocimiento al daño ocasionado.
¿Quiénes han sido las víctimas?
Carmen Sánchez fue víctima de un ataque con ácido hace 11 años, cuando esta conducta no estaba tipificada ni se reconocía este tipo de violencia. Inició su lucha sin recursos económicos ni respaldo político, buscando a otras mujeres con el mismo dolor y necesidad de justicia.
En 2020, el Estado de México se convirtió en una de las primeras entidades en reformar su Código Penal, pero la reforma se quedó corta y solo consideró un tipo de lesión que no refleja la gravedad del daño y las pérdidas irreparables.
Las víctimas pierden su trabajo, abandonan la escuela e incluso no pueden cuidar de sus hijos e hijas porque pasan mucho tiempo en el hospital y, si están en casa, es en recuperación, cubiertas de vendas y con dolores insoportables.
La iniciativa, dijo, surge desde la experiencia y lucha de las víctimas.
“Pedimos que nos escuchen, que legislen con empatía, conciencia y compromiso. No pedimos ningún favor: para construir un estado más justo exigimos derechos que la violencia machista e institucional nos ha arrebatado”.
Invitó a sumarse a la propuesta, fortalecerla, pero sobre todo a tomar en cuenta el dolor que sufren las víctimas, el costo de sus operaciones, los traumas y el miedo con el que tienen que vivir, pues su vida se ve interrumpida de tajo por alguien que difícilmente es castigado al nivel del daño causado.
El primer caso documentado
María López Tovar, de la Ciudad de México, se unió a la lucha. Ella representa el primer ataque documentado en la capital mexicana y en Latinoamérica, en 1988, cuando no existían leyes ni se hablaba de derechos humanos.
“Mi lucha fue sola. Hay un círculo familiar con víctimas indirectas. Mi caso quedó archivado como lesiones simples, que tardan menos de un mes en sanar.
“No se judicializó, no se investigó, quedó sin castigo y yo me autoexilié; llevo 31 cirugías reconstructivas, no cirugías estéticas. Después de mucho, terminé mi carrera; no pierdo la esperanza de encontrar un trabajo digno”, acotó.
En otro caso, Areli sufrió un intento de feminicidio con causas químicas y le ha sido difícil sobrevivir.
“Mi vida ha sido difícil porque tengo que ir a citas médicas, terapias psicológicas. Exijo justicia para todas”.
Martha Ávila, de 68 años, cuenta que por lo menos ya había pasado su juventud y gran parte de su vida, pero sigue teniendo miedo porque su agresor está por salir de prisión y la amenaza fue para toda su familia. Por eso compró un tambo de alguna sustancia que consiguió en la ferretería.
“A cualquiera le puede pasar esto; es un delito de género que atenta contra la esencia de la mujer, destruye desde lo más básico y pudiera considerarse superficial: un rostro, un cuerpo, toda la esencia del ser, donde al final no solo destruye una apariencia, sino toda una vida de sueños. Lo más doloroso es que 99 por ciento de los agresores están libres”, lamentó.
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ksh
