La Fundación Carmen Sánchez Mx, organización en México dedicada a promover, defender y proteger los derechos humanos de mujeres víctimas de violencia ácida y química, presentará el próximo lunes una iniciativa ciudadana de ley para reconocer y sancionar en el Estado de México.
Esto con la participación de mujeres sobrevivientes de este tipo de violencia.
Edomex, primer estado en reformar su Código y tipificarlo
De acuerdo con la organización, desde 2018 el marco legal en materia de violencia química ha sido impulsado por las propias víctimas, en un esfuerzo colectivo que ha logrado avances legislativos en diversas entidades federativas.
En el 2020, el Estado de México se convirtió en uno de los primeros estados del país en reformar su código penal para tipificar los ataques con ácido.
Sin embargo en ese momento solo se legisló como un agravante del delito de lesiones, lo cual aseguran, no permite reconocer la gravedad del problema, el riesgo para la vida que representa el ataque y todos los efectos y secuelas posteriores, especialmente para las mujeres quiénes de acuerdo con cifras de la Fundación representan al 85 por ciento de las víctimas.
¿Qué busca la iniciativa?
Por lo cual esta iniciativa propone la creación de un tipo penal autónomo de violencia química y amplía las circunstancias agravantes respecto a las víctimas, la posición del agresor y el tipo de daños ocasionados.
Además, busca reformar el delito de feminicidio y penalizar la hipótesis de tentativa de feminicidio y homicidio calificado, en los casos donde se utilice ácido, sustancias químicas, líquidos a altas temperaturas, gases y agentes físicos.
Asimismo, se propone utilizar el concepto jurídico de violencia química, se amplían los bienes jurídicos protegidos, como la vida, la dignidad y el derecho a tener una vida libre de violencia; se amplían los medios comisivos del delito para evitar lagunas jurídicas; insta a que se persiga de oficio en lugar de querella en casos de violencia por razones de género; se amplía la protección a grupos vulnerables; se aumentan las multas y sanciones; y excluye cualquier tipo de beneficio judicial para las personas imputadas.
Por último la propuesta también busca garantizar una respuesta integral a las sobrevivientes que vaya más allá del ámbito penal o punitivo.
En tanto, se propone la creación de una ruta integral de atención a las sobrevivientes, registros públicos, protocolos de actuación médica estandarizados y protocolos de investigación policial, ministerial, pericial y judicial a nivel local.
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