M+.- A casi dos años de que ambientalistas comenzaron a denunciar la llegada de restos de las pruebas de SpaceX a Playa Bagdad, en Matamoros, Tamaulipas, el caso sigue abierto en México.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) mantiene tres procedimientos administrativos sin concluir por los posibles impactos de las operaciones de la empresa de Elon Musk en esta zona fronteriza del noreste del país: dos relacionados con vida silvestre y uno más en materia de impacto ambiental.
Mientras las investigaciones continúan y SpaceX mantiene sus lanzamientos desde Starbase, Texas, a menos de un kilómetro de la frontera, surgió ahora una nueva preocupación.
Integrantes de Conibio Global AC denunciaron que durante el vuelo 14 de Starship, realizado el lunes pasado, detectaron por primera vez una restricción para operar drones desde Playa Bagdad, aproximadamente a cuatro kilómetros de la línea fronteriza.
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Hasta ahora no se ha establecido qué autoridad, empresa o sistema impuso esa limitación ni cuál fue su alcance.
“Ayer, durante el vuelo 14 de SpaceX, nuestro equipo detectó por primera vez una restricción para operar drones en Playa Bagdad. Al intentar realizar tomas aéreas, el dron regresaba automáticamente al punto de despegue. La restricción se presentó del lado mexicano”, explicó Elías Ibarra Rodríguez, representante de Conibio Global.
El episodio se suma a una historia que comenzó a tomar fuerza en noviembre de 2024, cuando la organización ambientalista alertó públicamente sobre los posibles efectos que los lanzamientos, explosiones y caída de componentes de Starship podían ocasionar en Playa Bagdad y los ecosistemas del Golfo de México.
Sin embargo, la intervención formal de las autoridades ambientales federales comenzó meses después.
Tres investigaciones siguen abiertas
De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, fue a partir de junio de 2025 cuando Semarnat y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intensificaron su intervención ante los incidentes relacionados con las pruebas de SpaceX.
Uno de los hechos que detonaron las acciones ocurrió el 18 de junio de 2025, cuando el prototipo Ship 36 explotó durante pruebas de motores para el décimo vuelo de Starship en Starbase, Texas.
Conibio Global sostuvo entonces que fragmentos derivados del incidente alcanzaron territorio mexicano y zonas cercanas al Área Natural Protegida Laguna Madre y Delta del Río Bravo.
A partir de esos episodios, Semarnat y Profepa coordinaron trabajos con la Secretaría de Marina, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Conapesca, el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables, el Gobierno de Tamaulipas y el municipio de Matamoros.
Las tareas incluyeron recorridos de campo, toma de muestras de suelo y agua, mediciones de ruido, monitoreo biológico y recolección de residuos.
“Las acciones realizadas comprendieron visitas de investigación y recorridos de campo, muestreos de suelo, agua, ruido y monitoreo biológico, así como la recepción, clasificación y resguardo de residuos sólidos en coordinación con Semar”, señala Semarnat.
Como resultado, fueron abiertos tres procedimientos administrativos: dos en materia de vida silvestre y uno de impacto ambiental.
Los análisis realizados en agua y suelo no detectaron contaminantes por encima de los límites permitidos por la normatividad mexicana.
Pero hubo otro hallazgo.
Semarnat informó que los residuos sólidos recolectados presentaron probable presencia de compuestos retardantes de flama, sustancias utilizadas en distintos materiales para retrasar o dificultar su combustión.
La dependencia federal también reconoce que componentes utilizados en los lanzamientos han terminado dentro de territorio nacional.
“En los últimos lanzamientos, los propulsores han caído en aguas mexicanas dejando presencia de residuos sólidos en Playa Bagdad, así como la presencia del propulsor en lecho marino mexicano”, establece el informe.
México vigila cada nuevo lanzamiento
La continuidad de las pruebas de Starship obligó también a las autoridades mexicanas a crear protocolos específicos.
Profepa participó en el desarrollo de un protocolo de contingencia ambiental para el duodécimo vuelo de prueba de Starship y en la elaboración de una carpeta de coordinación interinstitucional.
En esos trabajos participaron dependencias de México y Estados Unidos, además de SpaceX.
Profepa aportó criterios ambientales para el manejo y resguardo de residuos que pudieran convertirse en evidencia de daño ambiental y estableció esquemas de monitoreo antes, durante y después de los lanzamientos.
Durante el vuelo 12, la dependencia realizó por primera vez mediciones de ruido con un laboratorio acreditado.
Los resultados registraron niveles de alta intensidad asociados al lanzamiento.
Semarnat reconoce que la actividad en Starbase continuará y, con ella, también la vigilancia mexicana.
La Profepa, señala el informe, mantendrá presencia en Playa Bagdad para dar seguimiento a los procedimientos que permanecen abiertos y documentar eventuales impactos de nuevos lanzamientos.
El Congreso encendió las alertas desde 2025
El problema ya había llegado al Congreso de Tamaulipas.
En junio de 2025, los diputados locales solicitaron la intervención de autoridades federales para investigar una posible contingencia ambiental en Playa Bagdad provocada por las actividades aeroespaciales desarrolladas al otro lado del río Bravo.
El Congreso retomó denuncias presentadas previamente por Conibio Global, organización que había solicitado también la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre los riesgos señalados por los ambientalistas se encontraban la liberación de gases durante explosiones y reingresos de los propulsores, la llegada de residuos plásticos y aeroespaciales al mar y posibles afectaciones a las comunidades que dependen de la pesca y el turismo.
Los legisladores identificaron entonces al menos tres episodios que debían investigarse: 19 de noviembre de 2024, 7 de marzo de 2025 y 27 de mayo de 2025.
El 3 de junio de 2025, la diputada Elvia Eguía Castillo presentó un punto de acuerdo para solicitar la participación de la Secretaría de Marina, Relaciones Exteriores, Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Una semana después, el 10 de junio, el Congreso aprobó solicitar formalmente la investigación de los hechos y el deslinde de responsabilidades.
En el debate se pidió también establecer un plan de contingencia para proteger la biodiversidad de la zona ante lo que fue descrito como “200 toneladas de basura del propulsor caído”.
Una de las principales preocupaciones fue la tortuga lora, especie que utiliza Playa Bagdad como sitio de anidación.
Ahora, una restricción del lado mexicano
Más de un año después de aquellas primeras investigaciones, los lanzamientos continúan y los ambientalistas siguen acudiendo a Playa Bagdad para documentarlos.
El lunes, durante el vuelo 14 de Starship, integrantes de Conibio Global intentaron levantar un dron para obtener imágenes desde territorio mexicano.
No pudieron.
Según Elías Ibarra, cada intento provocaba que el aparato regresara automáticamente a su punto de despegue.
Para la organización, el episodio obliga a aclarar si existen nuevas restricciones de vuelo en la zona, quién las estableció y bajo qué fundamento.
Conibio anunció que continuará revisando las condiciones para operar estos equipos durante futuros lanzamientos.
Ese mismo lunes, la asociación realizó su séptima manifestación pacífica en altamar para exigir medidas de protección para el Golfo de México.
“Alzamos nuevamente la voz para exigir la protección de nuestros mares. Lamentablemente, el propulsor de SpaceX fue detonado por cuarta ocasión en territorio mexicano, esta vez en aguas más profundas del Golfo de México”, sostuvo Ibarra durante la protesta.
El ambientalista denunció además que helicópteros de SpaceX volvieron a sobrevolar las embarcaciones de los manifestantes, una acción que la organización interpreta como intimidatoria.
Conibio sostiene también que después de algunos lanzamientos ha localizado fauna marina afectada y afirma que las vibraciones provocadas por los despegues han ocasionado daños en estructuras de viviendas y escuelas del campo pesquero de Playa Bagdad.
Esos señalamientos forman parte de las denuncias de los activistas y no han sido acreditados públicamente como conclusiones de las investigaciones federales.
A casi dos años de las primeras alertas, la discusión permanece abierta: los cohetes despegan desde Estados Unidos, pero una parte de sus posibles efectos ambientales sigue siendo investigada del lado mexicano de la frontera.
JETL
