M+.- San Jerónimo Palantla es una comunidad cuya tragedia se comenzó a escribir en febrero de 2015, cuando se fundó la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) y ellos no quisieron sumarse al proyecto, pues les dijeron que el objetivo principal era pelear contra el grupo delictivo de Los Ardillos, con quienes, aseguran, nunca han tenido algún tipo de confrontación.
De febrero de 2015 a la fecha, San Jerónimo Palantla registra un total de 15 personas asesinadas y un desaparecido, pero sus pobladores tienen documentadas detenciones arbitrarias, actos de tortura, desplazamientos forzados, incursiones armadas con quema de viviendas, destrucción de vehículos, robo a casas habitación y el saqueo de las tiendas de abarrotes.
Por las agresiones registradas a lo largo de 11 años existen denuncias penales que han derivado en por lo menos 60 órdenes de aprehensión, las cuales hasta el momento no se han cumplimentado.
Asesinaron a varios ante negativa de unirse contra Los Ardillos
Un excomisario de San Jerónimo Palantla, quien solicitó el anonimato y ha sufrido cuatro atentados, comentó a MILENIO que a finales de 2014 llegaron a dicha localidad alrededor de 10 integrantes de la naciente CRAC-PF, quienes en varias ocasiones convocaron a reuniones para decirles que estaban buscando refuerzos en los pueblos cercanos para defenderse de Los Ardillos.
"Andaban en las calles del pueblo, ya traían sus armas y la gente se espantaba; nosotros decíamos que mientras no nos hicieran nada, que los dejaran andar", relató el entrevistado vía telefónica.
El 8 de febrero, en una asamblea del pueblo, llegaron integrantes de la CRAC-PF para invitarlos nuevamente a sumarse al sistema de seguridad y justicia alternativa.
"Nos hicieron una propuesta que nosotros rechazamos; por esa respuesta nos comenzaron a golpear y nos masacraron a cinco compañeros, entre ellos una mujer que estaba con tres meses de embarazo.
"Ellos tenían apenas un mes con ocho días de haberse integrado como comunitarios y nos fueron a matar a cinco compañeros; luego nos llevaron detenidos a 28 hombres, mujeres y niños para Ayahualtempa (municipio de José Joaquín de Herrera). Ahí nos acusaron de ser delincuentes y narcotraficantes, cuando no teníamos ni armas para defendernos", anotó.
El excomisario sostuvo que a los detenidos tardaron tres días en darles de comer; después los regresaron a su localidad y los obligaron a firmar un documento en el que se comprometieron a no denunciar nada.
Posteriormente, hubo una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), el gobierno del estado y ayuntamiento de Chilapa.
"Quedaron en que no habría más agresiones, pero nadie dijo nada de la justicia para nuestros cinco compañeros asesinados", reprochó.
Para 2016, los habitantes de San Jerónimo decidieron conseguir rifles y pistolas para defenderse, pero solo obtuvieron algunas pistolas y rifles de bajo calibre, mientras que sus vecinos cuentan con varios R-15.
Desplazamientos y homicidios: este es el recuento de violencia en San Jerónimo Palantla
De acuerdo con los registros de redes sociales y medios de comunicación, el 15 de abril de 2015, en el punto conocido como Cruz Verde, fue asesinada la señora Apolinaria Rendón, caso que hasta el momento permanece impune.
El 8 de abril de ese mismo año desaparecieron a Gumaro Calvario Martínez; dos días después lo encontraron esposado y apuñalado cerca de Xochitempa; tenía dos laceraciones en el pecho.
El 12 de febrero de 2017 hubo una emboscada a 500 metros de la entrada de San Jerónimo; la camioneta que manejaban representantes de la comunidad quedó perforada y dos personas resultaron con heridas de bala.
La tarde del 11 de julio de 2019, en otra emboscada cerca de Lamazintla, antes de llegar a Cruz Verde, la camioneta en que viajaban 11 personas fue baleada; en ese hecho mataron a la señora Salvadora Chávez Rendón, quien regresaba de exigir justicia para su marido asesinado en la masacre de 2015.
El 1 de junio de 2019 secuestraron a dos jóvenes llamados Adolfo y Sergio Orquín, cuya familia pagó 25 mil pesos para que los liberaran, pues fueron llevados a la casa de justicia de Ayahualtempa, en el municipio de José Joaquín de Herrera.
En el mismo mes de julio, 10 familias fueron desplazadas de la comunidad de Xochitempa; la comunitaria las sancionó por acudir al sepelio de la señora Salvadora Chávez. Hasta el momento permanecen en San Jerónimo Palantla.
El 29 de mayo de 2022 fue desaparecido Abundio Bolaños Calvario; lo interceptaron cuando circulaba en el crucero de San Jerónimo. Su camioneta fue localizada calcinada en el camino hacia Tlachimaltepec.
La señora Alberta Sánchez Melchor fue asesinada junto con su esposo el 27 de septiembre de 2023; el excomisario señala que la causa del ataque se debió a que "no se alineó".
En una incursión realizada el 20 de marzo de 2024, integrantes del CIPOG rodearon San Jerónimo y mataron al señor Vicente Santiago Villanueva.
Para el 22 de mayo del mismo año, la situación escaló, pues los habitantes fueron desplazados hacia Chilapa mientras las guardias de CIPOG y la CRAC-PF se quedaban en el control del pueblo.
"En esa ocasión quemaron seis casas, cinco carros, saquearon las tiendas, destrozaron la comisaría, se metieron a las viviendas y a las mujeres que encontraron les pusieron las armas en la cabeza para obligarlas a entregar a sus esposos; nos mataron animales, se llevaron maíz, productos de las tiendas de abarrotes, rompieron las ventanas, puertas y balearon todo. Ese día fue de terror".
El 27 de septiembre de 2025 hubo otra emboscada cerca de Lamazintla; un joven recibió un balazo en el pecho y murió; hubo otros dos con lesiones graves.
"Les voltearon la hoja"
El excomisario que relató algunas de las agresiones atribuidas a las guardias comunitarias del CIPOG y la CRAC-PF, se tomó su espacio para hablar de lo sucedido en Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y finalmente en Alcozacán.
"Parece que antes de las agresiones en Tula se fueron a meter a Colotepec y Tlalixtahuacán; llegaron con la intención de ampliar su territorio, pero esa gente se organizó y buscó apoyo; les voltearon la hoja".
Admitió que no se debe celebrar lo sucedido, porque hubo madres de familia, adultos mayores y niños que debieron salir de sus pueblos; sin embargo, refirió necesario que, para garantizar un verdadero proceso de pacificación en la zona, no solamente se pongan en marcha acciones de beneficio social y resguardo con policías y militares.
Sostuvo que se debe aplicar la ley, porque ante la ausencia de castigos, los que cometen los delitos vuelven a perpetrarlos.
Por lo sucedido desde febrero de 2015, dijo que existen más de 60 órdenes de aprehensión en contra de integrantes y dirigentes de las guardias comunitarias, pero hasta el momento ninguna se ha cumplimentado.
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ksh
