A cuatro años de haber arrancado el proyecto de recuperación de espacios públicos en 74 bajopuentes del Distrito Federal, en este momento solo cinco operan en su totalidad, cuatro se encuentran en obra, 30 más están en etapa de revisión de proyectos y del resto se desconoce su estatus, afirmó a MILENIO Eduardo Aguilar, titular de la Autoridad del Espacio Público (AEP).
“Se están revisando adicionalmente otros proyectos en la Oficialía Mayor, ellos son quienes autorizan el uso o aprovechamiento de estos espacios y, posteriormente, nosotros trabajamos con los permisionarios para revisar las características físicas del proyecto”, explicó el funcionario.
Pese a las facetas positivas que contiene el proyecto para recuperar espacios públicos en abandono, el gobierno capitalino ha mantenido hermetismo sobre los nombres completos de las empresas que obtuvieron el permiso administrativo temporal revocable (PATR) para operar y administrar dichos bajo puentes, así como la contraprestación que pagan al GDF por el servicio. Aunque la bancada panista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solicitó información oficial a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) sobre ambos puntos, no ha tenido respuesta.
MILENIO posee copia del documento oficial que enlista la totalidad de los PATR que la Oficialía Mayor del GDF (a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario) autorizó desde 2007 (durante el sexenio del ex jefe de Gobierno Marcelo Ebrard) hasta septiembre de 2013. El documento proporciona los nombres completos y razones sociales de las empresas que durante 10 años podrán administrar dichos espacios.
La más importante es Operadora de Integración Urbana SA de CV que concentra 19 de los 23 PATR, que fueron aprobados para bajo puentes en ese lapso de tiempo. De acuerdo con el documento 17 se localizan en el Circuito Interior Bicentenario y dos más en Anillo Periférico Canal de Garay en su cruce con los Eje 6 y 8 Sur respectivamente. Todos los permisos fueron tramitados y obtenidos en 2010 y 2011. De no ser renovados, los permisos caducarán en 2020 y 2021, respectivamente.
Una segunda empresa, Alianza de Proyectos Estratégicos Bicentenario SA de CV, concentra únicamente tres bajo puentes, dos de ellos ubicados en avenida Río San Joaquín y otro en Aquiles Serdán. El último concesionado es único, se encuentra en avenida Ejército Nacional y fue entregado a la Asociación de Propietarios de la avenida Ejército Nacional Petrarca Newton AC hasta 2022.
Hay cinco bajo puentes modelo que representan la faceta positiva del proyecto y la AEP aseguró que abarcan un total de 40 mil metros cuadrados, de los cuales la mitad recuperada es para el uso público (con aparatos deportivos, juegos infantiles y/o área de comida), 20 por ciento para estacionamiento y 30 restante para negocios. Los giros mercantiles ya establecidos son restaurantes, bares, cafeterías, taquerías, heladerías, marisquerías, vinaterías, panaderías, rosticerías, tiendas de conveniencia, comida, mensajería y accesorios para mascotas.
Un segundo rubro son oficinas de gobierno como la Comisión Federal de Electricidad, kioscos virtuales del GDF y Ecobici. El último uso es para estacionamientos privados.
Por la totalidad de estos servicios las tres empresas pagan una contraprestación al GDF, cuyo monto es, a la fecha, desconocido.
“La Dirección General de Patrimonio Inmobiliario realiza un avalúo de la zona y del tamaño del lugar para definir el monto a pagar mensualmente”, señaló Aguilar.
También precisó que dichas empresas son responsables del mantenimiento de los bajo puentes en rubros como seguridad, iluminación, limpieza, cambio de inmobiliario urbano (de ser necesario) y garantía de operación continúa las 24 horas.
Los tres bajo puentes más importantes están en Universidad, División del Norte y Juan Escutia y son administrados por Operadora de Integración Urbana SA de CV. MILENIO realizó un recorrido por estos lugares, que por lo general destacan visualmente por su iluminación y estructura de espacios. Al respecto, la AEP precisó que han causado un impacto positivo al activar los barrios aledaños y han generado empleos locales.
En su momento, la Seduvi afirmó que los comerciantes pagarían una renta promedio por debajo del mercado, a fin de promover la inversión. Algunos comerciantes ahí establecidos hablaron de su experiencia durante el tiempo que llevan dentro de este proyecto.
Constantino Alcalá, responsable de la marisquería Camarón Panzón, afirmó que el negocio está lleno los fines de semana, al igual que el estacionamiento privado que regularmente se encuentra saturado.
En las intalaciones de Juan Escutia, por ejemplo, hay 20 lugares para aparcar, de los cuales 18 ya fueron rentados como pensión y solo quedan dos para visitantes.
En cuanto a rentas, el propietario de Asadero dijo que “pagó 400 pesos por metro cuadrado, es caro pero la ventaja es la clientela de Coyoacán.
La desventaja es el mantenimiento, porque no es muy bueno, no siempre se llevan la basura y además los policías se desaparecen.”
Mercedes Campos, propietaria de Calluma, aseguró que su promedio de venta diaria (40 ensaladas) alcanza apenas alcanza para pagar 20 mil pesos de renta más el sueldo de dos empleados.
La taquería Chupacabras es otro ejemplo, pues funciona las 24 horas por una renta 30 mil pesos.
En cuanto a inseguridad, la tienda OXXO ha registrado tres asaltos desde su apertura en noviembre pasado; no obstante, el bajo puente cuenta con un vigilante privado y además tiene enfrente al módulo de policía de la Alberca Olímpica.
En el bajo puente de Juan Escutia los visitantes frecuentan más los juegos que los locales.
Aseguraron que no consumen porque los precios son altos.
En el bajo puente de Ejército Nacional la concesión fue usada como estacionamiento público, con la condición de que no tuvieran franeleros ni viene-viene.
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