Creado hace seis años con la finalidad de ejercer recursos bajo un esquema participativo, transparente y democrático para la rehabilitación, equipamiento y mejora de escuelas públicas, el programa federal La Escuela Es Nuestra ha comenzado a exhibir en La Laguna —a partir del accidente y fallecimiento de un menor en Coahuila al caerle encima una estructura metálica de una techumbre en construcción en una primaria ejidal— una serie de deficiencias que contravienen los principios para los que fue creado.
El hecho, donde murió Anuel Esquivel, de seis años de edad, quien cursaba primer grado, ocurrió en la escuela Cuauhtémoc, del ejido San Miguel, municipio de San Pedro, a 62 kilómetros de Torreón.
El caso encendió las alertas en el gobierno de Coahuila, que en acuerdo con la Secretaría del Bienestar —rectora de este programa— ordenó una valoración profunda de obras concluidas, las que están en desarrollo e inconclusas.
Obras sin supervisión ni control técnico
Las primeras observaciones exponen que una gran parte de las obras se ejecutaron sin la vigilancia ni supervisión de ninguna autoridad y, peor aún, sin constatar la experiencia profesional de quienes las realizan.
No existen licitaciones ni contratos legalmente respaldados; los procesos han sido sustituidos por el amiguismo, el compadrazgo y la corrupción de los propios comités de padres de familia.
De acuerdo con información recabada y documentada por MILENIO, existen al menos 60 planteles educativos en La Laguna (Coahuila y Durango) donde se han encontrado observaciones, desde leves hasta graves, en las obras realizadas.
Estas van desde instalaciones eléctricas que no cumplen las especificaciones técnicas; multas de la Comisión Federal de Electricidad por tomas ilegales de energía, compras infladas, obras simuladas, instalaciones de alto riesgo; y, en otros casos, fraudes tanto de prestadores de servicios como de quienes manejaron los recursos.
Un programa con origen ciudadano, pero débil control institucional
Como antecedente, el programa fue puesto en marcha por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el 3 de octubre de 2019.
El argumento fue responder a una añeja demanda de los propios padres de familia para que fueran ellos quienes administraran y ejecutaran las obras de mejora y equipamiento de las escuelas donde estudian sus hijos.
Para ello se crearon los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), que en asamblea deciden cómo usar los fondos; sin embargo, maestros y directivos tienen voz, pero no voto, quedando fuera de toda decisión y supervisión.
Incluso, la propia Secretaría de Educación Pública tampoco tendría participación alguna, cuando por su vinculación directa con la comunidad docente y los padres de familia debería incidir como garante de dichos trabajos.
En su lugar, la Secretaría del Bienestar valida la integración de los CEAP y asigna los recursos que, según las reglas de operación, pueden ser de hasta 200 mil pesos por proyecto en planteles con entre dos y 50 estudiantes; 250 mil pesos para escuelas de 51 a 150 alumnos, y hasta 600 mil pesos cuando superan esa cifra.
Los planteles de educación media superior tienen otro monto de asignación: 600 mil pesos para escuelas con entre tres y 300 estudiantes; un millón de pesos para aquellas con 301 a mil alumnos; y 1.5 millones para las que superan el millar.
A revisión más de 500 escuelas en Coahuila
Flor Estela Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en la Región Lagunera de Coahuila, expuso que por indicaciones del gobernador Manolo Jiménez y del secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, se realiza una revisión exhaustiva en cada escuela donde hubo obras sin autorización del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).
Los comités de padres ejecutaron presupuesto asignado por este programa federal para techumbres, instalaciones eléctricas o equipos de climatización.
“Estamos revisando cuáles son, en qué estatus están y cada director está hoy obligado a enviar un oficio donde reporte las características en que se encuentre la obra realizada. Esperamos tener la gran mayoría del informe. Estamos en esta tarea toda la estructura educativa enfocada en hacer este trabajo”, señaló.
Hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia penal en la Fiscalía General del Estado por parte de los CEAP contra prestadores de servicios, aun cuando se han encontrado obras inconclusas, como en la Escuela Margarita Maza de Juárez, donde la persona que fungía como tesorera desapareció junto con los 230 mil pesos asignados por la Secretaría del Bienestar.
“Cuando el director acude a la Coordinación Regional del Programa LEEN (La Escuela Es Nuestra) en la Subdelegación del Bienestar, se le informó que es dinero de los padres de familia y que él no tiene derecho a pedir cuentas ni a hacer denuncias penales, porque esos son los lineamientos del programa. No se considera que pudiera ocurrir esta situación, pero tampoco se responsabiliza a nadie de que concluyan las obras ni de garantizar la seguridad de los alumnos”, relató.
Obras incompletas y riesgosas
En esta primera etapa de verificación se han detectado entre 20 y 30 escuelas con obras incumplidas o muy vulnerables, aunque no se descarta que aumente la cifra, considerando que unas 500 escuelas en La Laguna de Coahuila recibieron recursos del programa.
Una de las irregularidades más frecuentes tiene que ver con la instalación de minisplits para climatizar aulas o talleres sin incluir el cableado, sin instalación eléctrica adecuada ni transformador para el suministro de energía.
Un ejemplo ocurrió en la escuela Navarra España, donde los padres de familia se manifestaron por los constantes cortes de energía y suspensión de clases, originados en la mala instalación eléctrica de dichos equipos, reflejando además una deficiente planeación.
La funcionaria educativa explicó que las obras serán revisadas por el ICIFED, órgano responsable de supervisar techumbres, instalaciones eléctricas, salones de usos múltiples y sanitarios, aplicando protocolos de seguridad en cada rubro.
Hacia una coordinación con la Secretaría del Bienestar
Rentería precisó que el programa LEEN es responsabilidad de la Secretaría del Bienestar, con una Coordinadora Estatal y una Coordinación Regional encargadas de validar los CEAP. La Secretaría de Educación no tiene injerencia, aun cuando los planteles estén bajo tutela del gobierno estatal.
Sin embargo, con el acuerdo entre el gobernador Manolo Jiménez y Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, se busca coordinar el programa con la Secretaría de Educación para que los recursos se aprovechen al máximo, atendiendo las necesidades prioritarias de las escuelas bajo criterios de transparencia, legalidad y seguridad.
Multas de la CFE por 11 mdp por instalaciones irregulares
Para el subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, Fernando Ulises Adame de León, el programa La Escuela Es Nuestra es bondadoso; sin embargo, sus reglas de operación fueron frágiles y se abusó de ellas, cayendo en un proceso de descuido, negligencia y corrupción donde los propios padres de familia resultaron involucrados.
“No hay un recurso que tenga el Gobierno del Estado de Durango que pueda subsanar los problemas o necesidades de las escuelas como lo hace el programa La Escuela Es Nuestra. Es increíble el programa: hay muchas obras que se hicieron muy bien, con padres responsables que trabajaron adecuadamente y se asesoraron técnicamente; porque la mayoría de los papás no son ingenieros ni tienen la capacidad para hacerlo. Otros pocos tomaron el dinero y se fueron”.
Explicó que hubo instrucciones de que los comités no tuvieran contacto con directores ni autoridades educativas, lo que propició desorden.
En consecuencia, existen al menos 20 denuncias penales contra proveedores, presidentes y tesoreros de CEAP por incumplimiento o desvío de recursos ante la Vicefiscalía General del Estado en La Laguna. Algunos casos derivaron en bloqueos de escuelas por padres defraudados.
Adame de León advirtió que las anomalías representan un alto costo para la Secretaría de Educación de Durango, como las multas de la CFE a 37 planteles de Gómez Palacio, Lerdo y Mapimí por instalaciones eléctricas irregulares para minisplits, con sanciones que rebasan los 15 millones de pesos.
Nuevos candados y revisión técnica obligatoria
Dijo que, a partir de este año, con nuevas autoridades de la Secretaría del Bienestar en Durango, se establecieron lineamientos para que toda obra cuente con el visto bueno del director.
“Alguien dirá: ‘¿por qué, si los recursos son federales y el gobierno estatal no tiene que regular nada?’ Y yo le contesto: sí, pero las escuelas son de nosotros”.
El año pasado, agregó, hubo pérdidas importantes que no se han reparado, por lo que desde el ciclo escolar 2025-2026 se aplicará el “candado” de supervisión directiva y se exigirá el aval de un técnico especializado en cada obra.
“Son alrededor de 50 las obras que se hicieron mal, de un total de 700 autorizadas y ejercidas en los últimos años en La Laguna de Durango. Las más graves fueron instalaciones eléctricas defectuosas que provocaron cortos y quemaron estructuras en 37 planteles, donde algún amigo, compadre o familiar del presidente del Comité realizó el trabajo sin permiso de la CFE ni validación técnica. Las multas superan los 300 mil pesos por escuela, dando un total de 11 millones 100 mil pesos”, explicó.
En este contexto, reconoció la disposición de la CFE para negociar y flexibilizar cobros, con brigadas conjuntas de la empresa federal, la Subsecretaría de Educación y los municipios para revisar plantel por plantel.
Bajo este escenario, destacó la instrucción del gobernador Esteban Villegas y del secretario de Educación, Guillermo Adame, de que ninguna obra se ejecute sin autorización de la dependencia.
“No queremos tener accidentes, no queremos obras hechas de buena voluntad: deben ser bien hechas, con calidad suficiente para perdurar y no solo llamaradas que alguien inaugure y luego presenten desperfectos”, concluyó.
dahh.
