M+.- Los dos órganos encargados de garantizar la transparencia gubernamental y fortalecer el combate a la corrupción en Tamaulipas terminaron bajo observación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por presuntas irregularidades administrativas, deficiencias en el manejo de recursos públicos y posibles incumplimientos a la normatividad financiera durante el ejercicio fiscal 2024.
Los informes de fiscalización correspondientes a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas y al entonces Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (ITAIT) revelan observaciones que derivaron, respectivamente, en tres solicitudes de aclaración y seis promociones de responsabilidad administrativa.
Inconsistencias presupuestales marcan la revisión al Sistema Anticorrupción
La auditoría practicada al Sistema Estatal Anticorrupción concluyó con tres solicitudes de aclaración derivadas de inconsistencias presupuestales, deficiencias en procedimientos de contratación y observaciones relacionadas con disciplina financiera.
Entre los hallazgos más relevantes destaca la falta de documentación que acreditara modificaciones presupuestales por más de 4.4 millones de pesos en ingresos y 3.1 millones de pesos en egresos, al no encontrarse formatos ni autorizaciones internas que respaldaran dichos movimientos.
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Asimismo, la ASE detectó contrataciones por más de 369 mil pesos que carecían de documentación suficiente para acreditar la materialidad del gasto, incluidos contratos, cotizaciones, actas de entrega-recepción y documentación relacionada con posibles conflictos de interés.
La revisión también identificó un incremento en el gasto de servicios personales que superó en más de 8.5 millones de pesos los límites establecidos por la Ley de Disciplina Financiera, sin que la dependencia acreditara plenamente la justificación técnica del aumento.
Aunque el dictamen general concluye que la institución cumplió, en términos generales, con la normatividad aplicable, la Auditoría mantuvo vigentes las observaciones y ordenó darles seguimiento.
Compensaciones y bono navideño, entre las principales observaciones al ITAIT
El panorama fue todavía más complicado para el extinto ITAIT. La revisión de la cuenta pública 2024 concluyó con seis promociones de responsabilidad administrativa, luego de que la Auditoría Superior del Estado determinara que diversas observaciones no fueron solventadas durante el proceso de fiscalización.
Dentro de los hallazgos se encuentra el registro, como ingresos de 2024, de recursos que correspondían al ejercicio fiscal anterior; inconsistencias entre registros contables y estados financieros, así como pagos por 273 mil 546 pesos que no pudieron acreditarse plenamente mediante documentación fiscal y bancaria.
La ASE también observó una prestación denominada "Compensación Adicional" por más de 739 mil pesos, cuyo sustento normativo no pudo acreditarse de manera suficiente.
En materia de adquisiciones, los auditores encontraron expedientes incompletos en contrataciones y servicios por más de 1.4 millones de pesos, sin documentación justificativa suficiente para acreditar el cumplimiento de la legislación estatal.
Entre las observaciones también se menciona la realización de transferencias a cuentas personales de servidores para cubrir pagos, como el servicio de agua y diversos reembolsos, entre ellos una resonancia magnética, práctica que la Auditoría cuestionó al no haberse efectuado directamente a los beneficiarios institucionales correspondientes.
La revisión también detectó irregularidades en el pago de un bono navideño por casi 100 mil pesos. La ASE señaló la falta de documentación presupuestaria y fiscal para respaldar la prestación, además de que los recursos no fueron dispersados directamente a las cuentas del personal, sino transferidos a la cuenta de una servidora pública.
Debido a lo anterior, el ente fiscalizador promovió responsabilidades administrativas y turnó el caso al órgano interno de control para su investigación.
En materia de disciplina financiera, el organismo excedió en más de 264 mil pesos los límites legales para el crecimiento del gasto en servicios personales, por lo que la Auditoría emitió observaciones en el mismo sentido.
Dos organismos creados para vigilar la legalidad quedan bajo escrutinio
Los informes de la ASE colocan bajo escrutinio a dos instituciones cuya razón de ser era vigilar el cumplimiento de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos.
Mientras el extinto ITAIT acumuló observaciones que derivaron en seis promociones de responsabilidad administrativa, el Sistema Estatal Anticorrupción deberá responder por irregularidades relacionadas con contrataciones, control presupuestal y disciplina financiera.
El ITAIT fue extinguido en mayo de 2025 por determinación del Congreso local. Sin embargo, las posibles responsabilidades derivadas de su gestión financiera continúan vigentes.
En tanto, el Sistema Estatal Anticorrupción dispone de un plazo para presentar información adicional y atender las observaciones formuladas por la Auditoría Superior del Estado.
Las observaciones financieras ocurren en instituciones que estuvieron en el centro de una disputa política por su autonomía y por la permanencia de funcionarios designados durante la administración anterior.
La autonomía de los organismos desató un debate político
Mientras el ITAIT nació en 2007 para garantizar el acceso a la información pública, terminó convertido en un espacio de controversia política por la integración de su pleno y por la cercanía que sus críticos atribuían a algunos de sus integrantes con el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
La polémica surgió tras el cambio de administración estatal en 2022, cuando Morena llegó al gobierno y el PAN dejó el poder. Diputados afines al nuevo gobierno cuestionaron que diversos órganos autónomos conservaran funcionarios nombrados durante el sexenio anterior, al considerar que ello mantenía cuotas de poder heredadas del cabecismo.
Sus defensores en el Congreso de Tamaulipas, en contraste, sostenían que precisamente la esencia de un órgano autónomo consiste en que sus integrantes trasciendan los cambios de gobierno y no dependan de la voluntad de la administración en turno. De lo contrario, argumentaban, la autonomía quedaría subordinada a los ciclos políticos.
Cuando finalmente desapareció como consecuencia de la reforma nacional que eliminó los organismos garantes de transparencia, el debate local ya estaba marcado por esa carga política. El instituto cerró sus puertas en medio de cuestionamientos que mezclaban la evaluación de su desempeño y la controversia sobre el origen político de quienes lo encabezaban, pues la comisionada presidenta fue, años atrás, secretaria general del PAN estatal, como sustituta de Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del exgobernador.
La Fiscalía Anticorrupción también quedó atrapada en la disputa política
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como eje del ecosistema institucional creado para combatir la ilegalidad en el desempeño de la función pública, también estuvo inmersa en la disputa política entre el cabecismo y el morenismo.
Creada en 2017, durante el primer año del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción surgió como parte de las reformas impulsadas por el Sistema Nacional Anticorrupción, en un contexto en el que los estados tuvieron que adecuar sus marcos legales al nuevo modelo.
Tras la llegada de Américo Villarreal al gobierno estatal y de la mayoría morenista al Congreso local, se señaló que el fiscal Raúl Ramírez Castañeda, quien permanecía en el cargo desde la administración panista, no daba seguimiento a las decenas de denuncias presentadas contra excolaboradores de Francisco García Cabeza de Vaca.
Su permanencia derivó en una batalla jurídica y política. En 2023, el Congreso de Tamaulipas aprobó su remoción por no haber acreditado los exámenes de control y confianza; sin embargo, Ramírez Castañeda obtuvo un amparo que le permitió continuar en el cargo. Finalmente, presentó su renuncia en octubre de 2024.
El Sistema Anticorrupción enfrenta ahora sus propios cuestionamientos
La Secretaría Ejecutiva y la Fiscalía Especializada forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción, un entramado de instituciones coordinadas para prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción.
Hoy, mientras las observaciones de la Auditoría Superior del Estado siguen su curso, tanto el extinto ITAIT como el Sistema Estatal Anticorrupción representan un capítulo de la transición política tamaulipeca: organismos creados para vigilar la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas que terminaron bajo escrutinio por el manejo de sus propios recursos.
JETL
