Se cumplen tres años del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado de la mina Buenavista del Cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora, Grupo México sigue sin cumplir las promesas para resarcir los daños. Además, abandonó la construcción de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas) anunciada en 2015 como un centro altamente especializado en atención de casos por contaminación y no mantuvo el monitoreo ambiental en la región durante 15 años.
“Hay una propuesta del Grupo México que está haciendo al gobierno del estado y el federal, que se destine para otro servicio comunitario, es decir, pretenden terminarlo, pero el destino es ya no establecer la clínica epidemiológica en ese lugar, sino más bien que sea utilizado para otro beneficio social, que se escoja por la propia comunidad”, reveló Wenceslao Cota, delegado de la Secretaría de Gobernación en Sonora.
La construcción y equipamiento del Uveas se estimó en 279 millones de pesos, adicionalmente se destinarían seis millones de pesos mensuales para su operación; pero ahora la obra negra situada en el municipio de Ures está abandonada, aunque se construyó la zona de consulta externa, rayos x y laboratorio, además del área de gobierno y el cuarto de máquinas, según constató MILENIO en un recorrido.
El predio, ubicado en las inmediaciones del estadio de béisbol del municipio, se deteriora a causa de las fuertes lluvias que han azotado la región en los últimos días. No hay personal de vigilancia y tan solo está delimitado por una reja; alrededor crece la hierba.
El derrame afectó directamente a 22 mil personas que viven en los siete municipios situados a orillas del río Sonora, a lo largo de 276 kilómetros, por lo que en marzo de 2015 la Secretaría de Salud anunció la creación del Uveas con cuatro direcciones: Vigilancia epidemiológica; Atención a la salud especializada; Monitoreo y muestreo; y Laboratorio.
Contaría con una plantilla de epidemiológicos, salubristas, enfermeros, biólogos, químicos, brigadistas, toxicológicos, psicólogos, trabajadores sociales, administrativos y personal de mantenimiento.
Pero la promesa de esa gran unidad se redujo a un par de consultorios instalados en una casa rentada desde mayo pasado, en 15 mil pesos mensuales, ubicada en la calle Ignacio Zaragoza No. 51, a unas cuadras de dichas obras.
Tras el derrame, el equipo del Uveas se instaló en enero de 2014, en una casa más pequeña (Jiménez número 8), pero que contaba con una plantilla de 19 personas; a tres años del desastre, el personal se redujo a cinco médicos y su director, Joel López, quien señaló a este medio que aún no ha sido notificado sobre el destino del inmueble nuevo.
“Las determinaciones que hayan tomado respecto a la construcción, ya sea la propia empresa Grupo México, con la autoridad sanitaria no nos han sido comunicadas. Lo importante es que tenemos aquí un espacio muy digno”, dijo López, al reconocer que más de 50 por ciento de los pacientes dejaron de acudir a su monitoreo médico.
La construcción de la unidad se realizaría en coordinación con la Dirección General de Epidemiología, el IMSS y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por lo que de acuerdo con el delegado de Gobernación, correspondería a dichas dependencias exigir que Grupo México cumpla con la construcción de la clínica.
Además, Grupo México incumplió con la construcción de 36 plantas potabilizadoras para eliminar metales; solo instaló una de ellas en el municipio de Bacanuchi, con capacidad de 3 litros por segundo, pero no se ha puesto en operación debido a la falta de energía eléctrica.
En septiembre de 2015, Grupo México creó un fideicomiso privado por 2 millones de pesos, de los cuales, hasta el momento, ha ejercido mil 200 millones; las clausulas del convenio establecen que el dinero que no se utilice regresará a la empresa.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud, alrededor de 360 personas con afectaciones a la salud recibieron pago únicos en compensación por resarcimiento de daños, por montos desde 15 mil y hasta 35 mil pesos.
La salud no tiene precio
“¿Por qué estamos pagando nosotros con nuestro dinero la afectación?”, reprocha una de las perjudicadas del municipio de Banámichi, Elda León.
“En la sangre me salió cobre, aquí están los estudios. Me dijeron no te preocupes es muy poquito y si te sale más con un multivitamínico...”.
En septiembre de 2014, recibió un cheque de 21 mil 400 pesos en compensación por los daños a su salud y otro por 14 mil pesos por los daños a su actividad económica, pues posee una estética.
“Lógico que no me alcanzó, yo uso tres garrafones cada segundo o tercer día, porque cocino con ella. Cuando te dicen que no tienes salud no hay dinero que alcance así me hubieran dado 21 mil millones de pesos”, dijo la mujer de 45 años.
Elda asegura que a través del presidente municipal, el Uveas “se queja” de que los perjudicados dejaron de acudir a sus citas médicas para continuar el monitoreo de su salud; pero afirma que los afectados como ella no tienen dinero para costear la transportación.
