Este miércoles, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue acusado por la justicia estadunidense de estar implicado en una presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa para enviar droga a los Estados Unidos a cambio de apoyo político.
Con esta acusación, el jefe del Ejecutivo estatal se une a una lista de exgobernadores que han enfrentado acusaciones por vínculos con el crimen organizado. En MILENIO te contamos de quiénes se trata.
Tomás Yarrington
En abril de 2017, fue detenido el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en la ciudad de Florencia, Italia; días después, fue extraditado hacia Estados Unidos, acusado de varios cargos y condenado a nueve años de cárcel, luego de declararse culpable de lavado de dinero en 2021.
Fue en abril de 2025 cuando Yarrington, que ocupó el cargo como madatario estatal de 1999 a 2005, fue deportado en la Garita El Chaparral, ubicada en Tijuana, Baja California.
Posteriormente, lo trasladaron al penal del Altiplano, en el Estado de México, donde quedó a disposición del Juez que lo reclamaba, quien le dictó auto de formal prisión por delitos contra la salud en favor del narcotráfico.
De acuerdo con información de EFE, un testigo protegido que formó parte del Cártel del Golfo lo acusó de que, en su calidad de gobernador, facilitó el tráfico de drogas, aceptó sobornos y cometió el delito de lavado de dinero.
Cabe señalar que cuando finalizó su administración, Yarrington expresó públicamente su interés por contender por la presidencia de la República. Su figura política se mantuvo influyente durante varios años, aunque posteriormente se vio envuelto en acusaciones judiciales a nivel internacional.
Eugenio Hernández Flores
Otro caso es el de Eugenio Hernández Flores, también exgobernador de Tamaulipas, quien fue encarcelado el 6 de octubre de 2017 en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, por su presunta participación en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Hernández Flores fue acusado de peculado y lavado de dinero, y Estados Unidos lo investigó por recibir supuestos sobornos por parte de Los Zetas.
En 2023, el exfuncionario abandonó el penal de Tenango Del Valle en Estado de México, tras obtener un cambio de medida cautelar.
Se sabía que continuaría con un proceso de extradición hacia Estados Unidos, país que lo requería por su presunta participación en los delitos de lavado de dinero, fraude bancario y la operación de un negocio de navíos sin licencia.
Estos hechos los habría cometido junto a su cuñado, bajo la creación de empresas ficticias para robar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas a través de contratos falsos estatales. No obstante, en diciembre de 2025 obtuvo un amparo para evitar dicho proceso.
Mario Villanueva
En 2013, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, fue condenado a 17 años de prisión en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, del cual ya había sido acusado en México y por el que fue encarcelado durante nueve años en el Almoloya y el Reclusorio Norte.
No obstante, dicha sentencia no se cumplió, pues la justicia estadunidense lo liberó antes tras acreditarle el tiempo que pasó encarcelado en México, pues reconoció que el delito era el mismo.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó de 13 delitos, entre ellos narcotráfico y asociación delictuosa, por facilitar el tráfico de armas y drogas entre Colombia y Estados Unidos durante su administración, en la década de los 90; sin embargó solo fue juzgado por lavado de dinero y liberado 21 de junio de 2007 tras pasar seis años en prisión.
Jorge Torres López
En febrero de 2019, el exmandatario de Coahuila, Jorge Torres López, fue detenido en Puerto Vallarta, con una orden de detención provisional con fines de extradición.
Contra Torres López existía una ficha roja emitida por la Interpol, y estaba en la lista de los más buscados por la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA por sus siglas en inglés).
De acuerdo con información del gobierno estadunidense, el exfuncionario admitió que durante parte de su mandato realizó transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Torres López acordó perder una propiedad en los Estados Unidos asociada con los pagos.
Fue condenado en los distritos sur y oeste de Texas por delitos de lavado de dinero vinculado a recursos de origen ilícito.
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ksh
